El Ayuntamiento de València se saltó la ley en la licitación de tres campañas publicitarias

VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València incumplió la ley en la adjudicación de tres campañas publicitarias a finales del pasado año al utilizar un procedimiento de licitación inadecuado según la normativa de contratos. Así se desprende de dos recursos interpuestos por el Partido Popular que la Junta de Gobierno Local estimó este viernes.

Se trata de la campaña de Expojove, una contra el odio en las redes sociales, y otra acerca del reciclaje, en las que el consistorio valenciano invirtió una suma aproximada de 116.500 euros. También habría afectado a la campaña institucional del 'Igualment Fest', cuya tramitación no pudo completarse a tiempo.

Así, para el reparto de las inserciones publicitarias, el procedimiento aplicado por el consistorio mediante la concejalía de Relación con los Medios dirigida por Carlos Galiana fue la de negociado sin publicidad, en el que el consistorio invita a dedo a determinados medios a la negociación en lugar de abrir el concurso a la libre concurrencia. Un proceder cuestionado por los órganos de control del Ayuntamiento, la Asesoría municipal y la Intervención.

Las resoluciones en la que se adjudican los contratos explican que el objetivo es que estas campañas pretenden llegar a la mayor parte del público posible, por lo que los criterios de asignación son la audiencia y el llamado target -que el público sea de la ciudad de València-. "No podría ser calificada como una buena gestión [...] invertir en publicidad en medios de comunicación de diferente ámbito local o que no lleguen a determinados niveles de audiencia", razona la delegación de Galiana.

Así, el consistorio considera que no se da la competencia técnica en el mercado para esta licitación dado que no todos los medios alcanzan unos mínimos de audiencia y es preciso que se circunscriban al ámbito de la ciudad. "No se pretende con ello -reza la adjudicación- eludir norma alguna sobre el fraccionamiento y la publicidad en la licitación contractual".

Pero todos estos motivos no son suficientes para aplicar este procedimiento, según la Asesoría municipal. El órgano esgrime -respecto a una adjudicación de otra campaña similar a estas- que para hacerlo de esta manera "ha de existir una única empresa capacitada" para llevar a cabo el servicio. Un supuesto que no se da en este tipo de casos. Y es que la concejalía en cuestión adjudicó el servicio a una treintena de medios.

Asimismo, explica que "la mayor audiencia o tirada" no puede ser una razón para restringir la licitación, sino un criterio puntuable que, junto con el precio y otros mecanismos, pueda influir en la adjudicación final. Y son todas estas aseveraciones las que sirven al Partido Popular para, en diciembre de 2018, presentar un recurso de reposición para impugnar las adjudicaciones.

En el recurso, los populares explican que, además de todo lo expuesto, en el expediente de contratación de estas inserciones publicitarias no se incluye el Estudio General de Medios en el que dice basarse la concejalía para el reparto objetivo de los fondos públicos entre los medios de comunicación adjudicatarios.

Los populares consideraban que, con todo esto sobre la mesa, este procedimiento de adjudicación se está usando "en fraude de ley" para "aparentemente sortear" el límite de 15.000 euros establecido para los contratos menores. Además, la nueva ley de publicidad institucional de la Generalitat Valenciana insiste en que la contratación de estos servicios "nunca podrá realizarse de manera directa" y subraya el respeto a los principios de igualdad y libre concurrencia que, según el Partido Popular, se conculcaban en el reparto de estas campañas.

Se anula pero sin consecuencias

Así, la Oficina de Publicidad elevó a la Junta de Gobierno la estimación del recurso aceptando las argumentaciones especialmente de la Asesoría municipal y de otro informe similar de la Intervención. Su estimación, no obstante, no tendrá repercusiones más allá de que el consistorio admite que, en efecto, no se trataba del procedimiento adecuado. 

Así, el acuerdo adoptado por el gobierno municipal explica que "no tendrá consecuencias para los adjudicatarios, cuyos trabajos se encuentran realizados y abonados". Por ello, no se puede volver atrás y reclamar las cuantías, puesto que se incurriría en enriquecimiento injusto de la Administración, prohibido por la legislación.

Además de estas, el Partido Popular ha impugnado todas las campañas institucionales de 2018 adjudicadas por esta vía y cuyos recursos están todavía pendientes de resolución. 

Entre todas ellas también se encuentra la campaña del Ayuntamiento sobre el cobro voluntario de impuestos, realizada en otoño del pasado año. En este caso, la misma Oficina de Publicidad propuso desestimar el recurso del PP, y así se acordó en una Junta de Gobierno de enero, pese a que se exponían los mismos argumentos que los que se hacen valer ahora en las tres campañas referenciadas en este artículo.