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LOS DIPUTADOS QUE NO TIENEN GARANTIZADA LA CONTINUIDAD YA BUSCAN SALIDAS PROFESIONALES

El clima preelectoral reactiva el debate del paro e indemnización de los diputados

Foto: KIKE TABERNER
4/07/2022 - 

VALÈNCIA. El clima electoral impregna todo desde hace semanas y la cercanía de los comicios autonómicos, para los que apenas quedan diez meses, ha despertado un viejo fantasma entre los diputados de Les Corts Valencianes: el temor al día de después de disolver la Cámara. A partir de entonces, salvo aquellos que tengan garantizada la vuelta a sus anteriores empleos, ninguno tiene asegurado ningún tipo de ingreso. 

Los parlamentarios no tienen derecho a paro ni a indemnización alguna, y aunque tanto en la legislatura pasada como en la actual ya se cerró la puerta a que así fuera -bien por los límites legales que existen, o bien por lo estético que podría ser reservar un fondo exclusivo para pagar finiquitos después de no haber cotizado a la Seguridad Social durante cuatro años o que lo percibieran incluso aquellos que vuelven a su plaza en la Administración o a la empresa privada-, ahora sus señorías confían en que pueda abrirse una ventana. El debate no es nuevo, pero sí recurrente cada cuatro años o cuando el horizonte electoral se aproxima. Y ahora, la cercanía de mayo de 2023 ha despertado una fuerte zozobra en las filas del hemiciclo. 

Los salarios de los diputados de la Cámara valenciana rondan los 50.000 euros más o menos. Una horquilla de retribución que aumenta en función de si se ostenta la portavocía en alguna comisión parlamentaria o si el diputado es de fuera de Valencia -pues entonces percibirá una indemnización para sufragar los gastos de alquiler o del kilometraje para desplazarse a la capital-. La cifra sube más aún si se pertenece a la Mesa de Les Corts o si se ocupa algún puesto concreto de la dirección del grupo parlamentario: síndic, adjunto o coordinador. En definitiva, los 50.000 euros en la mayoría de casos termina siendo el salario base y engorda fácilmente hasta los 60.000 con la ayuda de diferentes complementos.

Los diputados quisieron que cambiara su particularidad -no cotizar y por tanto no tener derecho a paro- en el mandato pasado sin éxito, pues la potestad para modificar el convenio especial de los Parlamentos autonómicos con la Administración de la Seguridad Social recae en el Congreso de los Diputados. Y aunque este fue modificado en su día para garantizar que los concejales cobrasen la prestación por desempleo una vez cesaran en el cargo, no ocurrió lo mismo con los parlamentarios autonómicos, que a día de hoy siguen excluidos. 

Mesa de Les Corts. Foto: CORTS/INMA CABALLER

La puerta a cobrar paro, por tanto, se cerró en 2019. Y no son pocos los que aún hoy señalan al presidente de Les Corts, Enric Morera, como el responsable de ello por no haber promovido el cambio legal pertinente en Madrid como representante de la institución. "No fue valiente para hacerlo y ahora aún estamos así", se queja un diputado en privado a este diario. Por lo que la única vía que ven viable ahora es la de percibir una paga, algo que también llegó a ponerse sobre la mesa hace tres años la primera vez y, de nuevo, en febrero del año pasado pero que al final terminó volviéndose a guardar en un cajón porque nadie quiso asumir el coste de tal petición.

En concreto, en diferentes comisiones de Gobierno Interior los grupos parlamentarios PP, Ciudadanos, Compromís, PSPV, Unides Podem y Vox debatieron la posibilidad de fijar una indemnización como ya habían hecho otros parlamentos como el extremeño. El límite sería una aportación similar al paro de un año, por lo que supondría que cada uno de los 99 diputados cobrase 35.000 euros netos aproximadamente. Unos cálculos que, en suma, supondrían cerca de 3,5 millones de euros en año electoral. Es decir, que Les Corts deberían aumentar en torno a un 8% su presupuesto, que actualmente es de 35 millones de euros -incluidos los fondos de la Agencia Valenciana Antifraude-. 

Con estos mimbres, los diputados insisten estos días en petit comité en que debe retomarse el debate y la comisión técnica que se creó en su día debe reactivarse. En Compromís opinan que "ya se llega tarde" a estas alturas para aprobar algo así, pero reconocen que "sería lo suyo cerrar algún acuerdo antes de elecciones". Diversas fuentes de este grupo sostienen que es injusto estar cuatro años en el Parlamento y al salir "no tener derecho a nada". 

Mientras, en Unides Podem, recriminan la actitud de Morera en esta cuestión: "Como el PP titubeó hace dos años sobre si hacerlo o no y Vox se opuso en la comisión técnica que se constituyó para estudiar cómo hacerlo, ahora él -en referencia al histórico dirigente del Bloc (ahora Més)- no se atreve". La presión para que haya un movimiento en algún sentido es soterrada, pero constante. Y se hace aún mayor en aquellas formaciones que no tienen garantizada la continuidad en el Parlamento porque sus previsiones electorales no son halagüeñas. De hecho, diputados de Ciudadanos y del grupo que dirige Pilar Lima ya reconocen que se encuentran en búsqueda activa de empleo: "Si me sale cualquier oferta, no descarto no terminar la legislatura", reconoce un parlamentario a Valencia Plaza.  

Foto: CORTS/INMA CABALLER

En la otra orilla, en la del entorno del máximo representante de la institución, recuerdan que es la comisión de Gobierno Interior la que fija no solo los salarios que cobran los diputados al inicio de cada legislatura, sino la que hace las propuestas sobre personal, remuneraciones y cualquier cuestión vinculada que, más tarde y si ha sumado el consenso requerido, valida la Mesa de Les Corts. Por lo que emplazan a los grupos a que sean ellos los que muevan ficha si quieren ver validada cualquier paga cuando se disuelva la Cámara. 

Y en ese callejón sin salida se hallan: sus señorías no quieren asumir la autoría de poner en marcha algo así y quieren que sea Morera quien lo haga. Y el entorno del president de Les Corts puntualiza que no le corresponde a él resolver la situación económica futura de los diputados salientes. Sí le correspondería, en caso de ser acordado por la comisión que los parlamentarios recibieran un finiquito y una cuantía determinada, reclamar a la Conselleria de Hacienda un incremento de Presupuesto que, en el mejor de los casos, giraría en torno al 10%. 

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