VALÈNCIA. El comité de empresa de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha) denuncia el "bloqueo" por parte de la dirección general de Sector Público y Patrimonio, dependiente de la Conselleria de Hacienda, para que el personal pueda asumir nuevas funciones, lo que, según afirman, dificulta la ejecución de fondos europeos. Una situación, derivada del "silencio administrativo" del departamento que dirige Isabel Castelló, para actualizar sus tablas salariales y competencias en un momento en el que la empresa pública asume el reto de gestionar varios una gran parte de los millones que llegarán para Vivienda.
De hecho, la Conselleria de Héctor Illueca introdujo una modificación legislativa en la Ley de Acompañamiento de 2023 precisamente para ampliar las competencias de la entidad con el objetivo de que pueda tramitar y gestionar subvenciones y fondos ante el maná de ayudas europeas en materia de vivienda. De hecho, en el corto plazo el primer gran proyecto son los 54 millones del concurso para la cesión de suelo público a promotores, una convocatoria con ayudas a los agentes privados para levantar cerca de 1.100 inmuebles en régimen de alquiler.
No obstante, según advierten los sindicatos de la EVha, ese proyecto podría peligrar porque no se les ha reconocido la capacidad para gestionar ayudas europeas. En este sentido, explican que en septiembre presentaron a Sector Público un preacuerdo, sellado entre el Comité de Empresa y la dirección de la entidad, con la homologación de las tablas salariales y las labores a desempeñar, pero hasta ahora no han recibido respuesta. El objetivo era equiparar al personal laboral de la EVha con el resto de la Administración Valenciana, ya que en la entidad conviven tres convenios fruto de la fusión de antiguas entidades: el IVSA (Instituto Valenciano de Vivienda), el Sepiva (Seguridad y Promoción Industrial Valenciana), y el Ente Gestor de la Red de Transporte y Puertos de la Generalitat (GTP).
Al producirse la citada fusión hace casi ocho años, los trabajadores con los que actualmente cuenta la entidad proceden de diferentes mercantiles con sus respectivos convenios y condiciones laborales, lo que ha propiciado varias negociaciones para intentar revertir esta situación y unificar sus condiciones. De hecho, el 95% de los cerca de 160 trabajadores de la plantilla son 'personal a extinguir'.
No obstante, aseguran que siguen esperando la respuesta del departamento que dirige Castelló a su propuesta de septiembre en la que, además, se incluía una amortización de 13 de los 58 puestos temporales de la EVha para asumir el gasto extra. Sin ese visto bueno aseguran que se imposibilita la ejecución de los fondos europeos en materia de vivienda encomendados a la EVha, ya que en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) vigente no se recogen estas funciones.
En la plantilla existe la preocupación de que cualquier cambio en sus funciones pueda entenderse como una modificación de sus funciones. Sector Público ha dejado claro que el personal de la entidad no tiene la condición de empleado público y, por tanto, "la EVha debe tener presente que cualquier modificación que se pretenda llevar a cabo en los puestos debe ser objeto de análisis y valoración por si el alcance pudiera llegar a considerar una novación extinta de la relación laboral".
"Lo único que queremos es garantizar un empleo digno y dotarnos de seguridad porque entendemos por la contestación de la dirección general que cualquier cambio puede suponer una novación extintiva de su contrato, es decir, el despido de dicho personal. Nosotros queremos gestionar fondos públicos, pero existe miedo en la plantilla ante este bloqueo. Esta situación resulta contradictoria con el protagonismo que se le otorga a la Entidad en la ejecución de la política de vivienda del Consell del Botànic, repercutiendo negativamente en los servicios a la ciudadanía", aseguran desde el Comité de Empresa.
Desde la Dirección General de Sector Público y Patrimonio defienden que cuando se les presentó en septiembre la propuesta para lograr esa homologación salarial se amortizaban 13 puestos de trabajo, algo para lo que se les requirió más información y "no se les ha vuelto a comunicar nada". Pero desde el Comité de Empresa y la dirección rechazan este extremo y puntualizan que están a la espera de que sea Hacienda la que se pronuncie.
Los sindicatos advierten de que esta situación no es nueva ya que llevan años reclamando una respuesta porque se encuentran "sin la posibilidad de ejercer ningún derecho laboral básico". Pero afirman no recibir respuesta a la mayoría de sus peticiones como la negociación de un convenio, la promoción profesional o la homologación salarial.
"Todo ello produce una profunda indignación por el continuo maltrato que desde Sector Público seda a las personas trabajadoras de la entidad. El modus operandi de Sector público se fundamenta en no emitir los informes necesarios a cualquier acuerdo alcanzado entre trabajadores y la Dirección de la entidad. Todo ello supone un abuso del silencio administrativo (negativo) que les otorga la ley cuando no existen motivos justificados para denegar la aplicación de los acuerdos adoptados por las partes legitimadas para la negociación", subrayan.
Además, recuerdan que el Tribunal Supremo puso fin a una larga controversia jurídica sobre el estatus laboral del personal 'a extinguir" al considerar que todo trabajador subrogado por la Administración es personal "fijo". Por ello, emplazan a Hacienda a resolver esta situación. Desde Sector Público aseguran que están a la espera de la propuesta de la EVha para hacer la consulta a la Abogacía de la Generalitat.
