Alberto Fabra, en una visita a la CEVVALÈNCIA. El cuestionamiento de las subvenciones a la patronal es una novedad en el PP de la Comunitat. La última maniobra del partido que lidera Isabel Bonig para dejar sin ayudas públicas directas a la Confederación Empresarial de la Comunitat (CEV) y a los sindicatos UGT-PV y CCOO-PV resulta especialmente paradójica porque la ley que regula esas transferencias fue impulsada por el Consell del que ella formaba parte pero, sobre todo, porque ese Gobierno destinó a las organizaciones empresariales como mínimo el triple de lo que se les abona en la actualidad.
La comparación entre las cantidades previstas para Cierval en el Presupuesto de la Generalitat de 2014 –el último ejecutado en su totalidad pro el Consell que presidía Alberto Fabra– y los que reflejan las cuentas del Ejecutivo de Ximo Puig para el próximo ejercicio no deja lugar a dudas. En concreto, el triple: 4,25 millones de euros frente a los 1,3 millones previstos en 2018.
A pesar de que se trata de la cantidad más baja de los últimos años consignada en los Presupuestos de la Generalitat para la patronal autonómica, Bonig ha enmendado las cuentas para destinar a otros fines el dinero público consignado para estas tres organizaciones, precisamente las mismas que convocaron la manifestación que el pasado 18 de noviembre exigió en València una mejora del sistema de financiación con el PPCV como único ausente.
La líder del PP, cuya estrategia es cuestionada desde sus propias filas, no ha hecho gala de una relación especialmente fluida con los empresarios.
Respecto a las cuentas de 2017, los fondos para la patronal se han reducido casi a la mitad, de 2,4 millones a 1,3 como consecuencia de la desaparición de Cierval. La CEV, patronal de la provincia de Valencia que ha ampliado su ámbito territorial para tomar su relevo, ha ido reducido paulatinamente su dependencia de los fondos públicos por debajo del 40%.
Se trata de las ayudas previstas en la Ley de Participación y Colaboración Institucional (LPI), una norma impulsada por el exconseller de Economía, Máximo Buch, que fue aprobada en Les Corts poco antes de las elecciones autonómicas que dieron lugar al Acord del Botànic.
La LPI salió adelante con el voto a favor de todos los grupos a excepción de Compromís, que se abstuvo. Su objetivo es regular las compensaciones económicas que los agentes sociales más representativos reciben su papel en la negociación colectiva y la participación en órganos colegiados de la administración. La entonces patronal autonómica Cierval y los sindicatos mayoritarios UGT y CC OO la aplaudieron de forma unánime.
En sus dos primeros años en vigor, los Presupuestos de la Generalitat reservaron 2,6 millones para Cierval por participación institucional, la misma cantidad que se repartieron a partes iguales UGT-PV y CCOO-PV.
El dinero va destinado a cubrir gastos de diversa índole, desde los sueldos de trabajadores que desarrollen actividades de participación institucional hasta los honorarios, auditorías de cuentas o gastos de manutención y desplazamiento de expertos o asesores profesionales. Pero no se trata de subvenciones a fondo perdido, ya que los fondos se liberan previa justificación de la actividad desarrollada. Además, el reglamento obliga a los agentes sociales que reciban fondos públicos de colaboración a someterse al control económico y financiero de la Intervención General de la Generalitat y de la Sindicatura de Comptes y a publicar el destino de las ayudas.
Hasta la entrada en vigor de esta norma, el grueso de las ayudas públicas que llegaban a patronales y sindicatos lo hacían en forma de subvenciones para la formación continua y de desempleados. El Pacto Valenciano por el Crecimiento y el Empleo (Pavace), cuya primera versión se firmó en 2001 con Eduardo Zaplana como jefe del Consell, se ha ido renovando sucesivamente desde entonces como el paraguas en el que encajaban las distintas líneas presupuestarias destinadas a subvencionar la acción de los agentes sociales.
En 2014, el presupuesto destinado a Cierval por el Pavace a través de distintas líneas superó los 4,25 millones de euros. A pesar de ser una cantidad sustancialmente superior a la que ahora recibe la CEV, está a años luz de lo que el Gobierno de Francisco Camps llegó a incluir en sus presupuestos.
Antes de la llegada de la crisis, en las cuentas públicas de 2008 se llegaron a consignar hasta 23 millones de euros en programas para mejorar la competitividad de las empresas. No obstante, un gran porcentaje de las mismas se quedó sin ejecutar en los años siguientes y las organizaciones se vieron abocadas a realizar sucesivos recortes por el retraso en el abono de los fondos.
