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RESOLUCIÓN DEL 9 DE JUNIO

El Consell Jurídic insta a Marzà a justificar la exclusión de las universidades privadas de Erasmus+

El órgano consultivo resalta la “precipitación” en la elaboración de la orden, que no se ha contrastado con otras Consellerias

26/06/2016 - 

VALENCIA. El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana (CJC) ha emitido dictamen sobre el proyecto de orden para regular las becas Erasmus+. Pese a que el organismo autoriza en su informe del 9 de junio a la Conselleria de Educación, liderada por Vicent Marzà, a seguir adelante con el procedimiento puesto en marcha, también le insta a justificar “adecuadamente” la exclusión de las universidades privadas de las becas “o en su caso reconsiderar el mentado criterio”.

Tras analizar toda la documentación aportada y reflexionar sobre la normativa vigente, el CJC pasa a establecer sus consideraciones en un documento de doce páginas. Así, recuerda que la norma “limita su alcance a los estudios cursados en las universidades públicas que integran el sistema universitario valenciano”, pese a que las privadas también forman parte del mismo. No obstante, da por válido el criterio, en tanto que supone la ampliación de una normativa anterior, la misma que excluyó a los centros privados de todo tipo de becas.

Ahora bien, el organismo consultivo recuerda que esta exclusión “no se encuentra justificada ni en la parte expositiva de la norma ni en la normativa básica aplicable”. Por tanto, establece: “Dado que excluye a los estudiantes de las universidades privadas de este sistema adicional de ayudas debería justificarse adecuadamente tal exclusión o en su caso reconsiderar el criterio seguido”. Esto es, deja dos opciones abiertas para su avance. 

También se insta a la Conselleria de Marzà a elaborar un correcto Plan Estratégico, donde se incluyan las subvenciones que ahora se proyectan, pero también las muchas otras que han sido analizadas por el CJC en recientes dictámenes, atendiendo a lo que marca la ley.

Proceso acelerado

La resolución también hace hincapié en lo acelerado que ha sido el proceso hasta la aprobación de Erasmus+. Esto ha provocado deficiencias en el proceso. “Debe dejarse constancia de que se justificó no haber recabado el parecer o los informes de la Presidencia y de las otras Consellerias de la Administración autonómica, pero en cambio sí fueron consultadas las Universidades valencianas de titularidad pública”, asegura el informe en el apartado segundo, referente al procedimiento de elaboración. 

En este punto, vuelve a incidir en el Plan Estratégico, que debe ser valorado por el conjunto de la Administración. “Debería procederse a elaborar dicho Plan estratégico, y a trasladarlo a otras Consellerias, con la finalidad de coordinar las actuaciones de la Administración autonómica en su actividad de fomento en determinados sectores”, incide el texto, que recuerda que esto ya se manifestó en otros “precipitados dictámenes”. Deja muy claro, además, que este paso debe cumplirse “con carácter previo” al otorgamiento de las ayudas.

No es la primera vez que se acusa al departamento de la Avenida Campanar de poner en marcha reformas con demasiada rapidez, lo que ha dado como resultado efectos imprevistos en algunos de sus ordenamientos. El propio CJC insiste en que la consulta preceptiva se ha instado con carácter de urgencia, “lo que se traduce en una notable reducción del plazo para emitir nuestro dictamen”. Sin embargo, el organismo a luz verde a la convocatoria de las becas Erasmus+, de cuya puesta en marcha ya han avisado las universidades al alumnado. 

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