VALÈNCIA. El estado de alarma decretado por el coronavirus ha llevado la situación económica al extremo en España con el cese temporal de numerosas actividades, lo que ha abocado a las compañías a realizar despidos temporales. Las empresas de la Comunitat Valenciana han presentado hasta ahora 36.760 Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que afectan a 210.942 trabajadores y, sin embargo, entre éstas no asoman la cabeza las sociedades públicas.
El Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19 permite la ejecución de los ERTE como consecuencia de medidas gubernativas que, dentro del estado de alarma, impliquen la suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público o falta de suministros que impidan gravemente continuar con la actividad ordinaria.
Evidentemente, esto ocurre no solo con empresas privadas, también con las públicas, y desde el Ministerio de Política Territorial y Función Pública señalan a Valencia Plaza que cualquier empresa, pública o privada, puede acogerse a estas medidas. Son varias las sociedades del entramado público valenciano que entran claramente en la casuística que permite acogerse a los ERTE, como las turística o incluso en algunos casos las culturales.
En este sentido, empresas como Ciudad de las Artes y las Ciencias SA (Cacsa) mantienen cerradas sus instalaciones y han dejado de ingresar los abonos de sus entradas, por lo que se siguen pagando al menos a medio centenar de trabajadores que a día de hoy no tienen ninguna función, ya que su labor se basa en prestar servicios en las instalaciones.
Desde las empresas públicas, sin embargo, no barajan esta opción. En primer lugar, justifican que al ser pública corresponde a la Dirección General de Sector Público como responsable de decidir qué debe pasar en la plantilla. No obstante, desde la Conselleria de Hacienda aseguran que deben ser las consellerias de las que dependa cada empresa pública las que tomen la decisión correspondiente al ser las encargadas de la gestión de personal.
Cabe recordar que el ERTE es una herramienta de ayuda estatal para que las empresas que no van a poder pagar las nóminas por haber cesado la actividad o haberla disminuido drásticamente no tengan que despedir a nadie y acabar cerrando. Con esto, las empresas públicas no van a despedir a nadie ni a cerrar, pero en el caso de que acudieran a esta fórmula el Estado se haría cargo de parte del coste salarial –la empresa podría complementar la prestación hasta el 100% del sueldo– y no perjudicar a las arcas de los valencianos, que ya se verán agravadas por la bajada de resultados de muchas de estas entidades.
Un caso similar -aunque del ámbito privado- es el ERTE planteado en el Oceanogràfic, gestionado por Avanqua pero propiedad de Cacsa, quien mantendrá el personal mínimo necesario para cuidar a los animales y conservar las instalaciones. Situación que también se ha dado en el Bioparc.
A día de hoy, tan solo una empresa pública municipal, la EMT, ha planteado esta posibilidad. Los viajeros se han reducido considerablemente -el 90% de viajes-, se ha restringido el aforo de los autobuses a 20 viajeros, y se ha recortado de forma sustancial el servicio de autobuses municipal, concretamente un 45%, y cuyo impacto en las cuentas podría alcanzar los 9 millones de euros.
