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juan carlos lledó explica que el departamento artístico era el encargado del gasto

El exdirector económico del IVAM afirma que la propuesta de compra de obras partía de Císcar 

Foto: EP/ROBER SOLSONA
3/11/2021 - 

VALÈNCIA. El exdirector económico del IVAM Juan Carlos Lledó ha afirmado este miércoles que las propuestas de compra de obras para el museo partían de la que fuera su directora, Consuelo Císcar. Tras la declaración de esta última ayer martes durante la primera sesión del juicio sobre la adquisición de reproducciones no originales de obras del escultor madrileño Gerardo Rueda por unos 4 millones de euros, hoy lo ha hecho Lledó, quien ha respondido a las preguntas de la Fiscalía y de los abogados menos los de las acusaciones. 

Durante el interrogatorio ha explicado que en el despacho de Císcar se celebraban todas las reuniones de la comisión dedicada a las compras y conformada por técnicos, pero que era ella la que verbalmente trasladaba la propuesta. 

Después pasaba al departamento artístico, que realizaba la propuesta de gasto con los datos de la obra que se iba a adquirir, el nombre, cómo era, el precio o las anualidades para el pago. Ese pago, según ha expuesto, se remitía a Císcar y se abonaba.

En cuanto a la gestión de contratación, Lledó ha asegurado que no participaba en ninguna fase del expediente, sino que únicamente supervisaba el texto definitivo que pasaba a firma. "Mi función en el museo era exclusivamente administrativa, ignoro todo sobre los procesos artísticos", ha señalado, a la vez que ha apuntado que "no sabía ni quién era Gerardo Rueda".

"Yo veía el contrato ya realizado, cuando se pasaba a la firma a la directora, mi única labor era cuando se daba el visto bueno a las facturas, se emitía un documento de pago que firmaba la directora. La facultad para ordenar los pagos correspondía a la directora. El órgano de contratación era la directora gerente, y no cabía delegación alguna", ha detallado.

Maquetas de las obras en la sala en la que se celebra el juicio. Foto: VP   

Preguntado por quién decidió pagar la obra antes de recibirla, ha respondido que cuando él ve una factura entiende "que la obra está en posesión del museo". "Y es así porque me lo dice la firma. Yo trabajo sobre papel, yo no veo las obras. Con la factura firmada y conformada, se adelanta el pago", ha afirmado.

Asimismo, interpelado por el motivo por el que se firmó antes el contrato de adquisición que la emisión del informe preceptivo previo, ha dicho que el motivo es "una mala gestión". "Cuando se pedía un borrador de contrato, se hacía y se ponía una fecha. Luego iba a la directora, volvía a administración y se mantenía la firma inicial cuando se remitía al vendedor. Había un desfase, un error, porque había que dejar la fecha en blanco. Pero esto no tenía la más mínima trascendencia. Es un error de gestión", ha comentado.

Autenticidad

Del mismo modo, ha remarcado que, según la ley, el IVAM se somete a derecho privado y, por tanto, "la compra de obras de arte sería un contrato de suministro, negociado sin publicidad, porque en los contratos artísticos no existe concurrencia y normalmente no se negocia el precio". Algo que posteriormente ha tenido que aclarar, puesto que en 2007 se modificó la Ley de Contratos "y la Intervención se manifestó en sentido diferente".

Preguntado por la Fiscalía sobre si solicitó certificado de autenticidad de las obras de Gerardo Rueda, Lledó ha argumentado que cuando se compraba arte "nunca se pedía certificado de autenticidad". "Entre otras cosas porque se pagaba una vez recibida la obra, y nunca se ha producido una reclamación. Además, si el vendedor es el heredero universal del artista, la presunción de legalidad es completa", ha comentado.

"No sé si las obras podían ser falsas, para eso está el departamento de conservación, que certificó todo como obra de Gerardo Rueda. No se dice en un solo correo en 10 años que la obra pueda no ser de Rueda", ha destacado.

Lledó, quien se enfrenta a una pena de cinco años y seis meses de cárcel y multa de 63.000 euros, tal y como le solicita provisionalmente la Fiscalía, fue condenado hace tres años al pago de una multa de 1.080 euros por almacenar en el ordenador del trabajo imágenes de menores de contenido pornográfico. Las fotos fueron descubiertas durante el análisis de la copia de seguridad de su ordenador intervenido en el caso IVAM.


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