Plantación de cava en Requena. Foto: AECRVALÈNCIA. El Gobierno en funciones de Pedro Sánchez ha acabado de un plumazo, y de la peor manera posible para los intereses valencianos, con el problema que le generaba la petición del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cava de limitar los nuevos cultivos de uva para cava. Una petición de crecimiento cero que chocaba con los proyectos de aumento de producción de los dos únicos territorios de la DO que no están en Cataluña, que son Extremadura y el municipio valenciano de Requena.
Hasta ahora, el Consejo Regulador pedía y el Gobierno disponía, entre las presiones de unos y otros, incluidas las del Gobierno valenciano presidido por Ximo Puig, que en 2017 se enfrentó al Ejecutivo de Mariano Rajoy por aceptar la limitación de 172 hectáreas de nuevos viñedos en toda la DO para 2018. El Consejo Regulador de la DO Cava está controlado por bodegas catalanas a las que los productores valencianos y extremeños acusan de defender los intereses del cava catalán a base de limitar la competencia del resto.
Con las ventas de los caldos de Requena y Extremadura disparadas, en parte por el boicot a los cavas catalanes después del procés, el Gobierno de Pedro Sánchez dictó en diciembre de 2018, para este año, una limitación aún mayor que la del año anterior, al permitir solo 0,1 hectáreas de aumento para toda la DO. Las airadas protestas de los productores valencianos contra el Gobierno socialista no fueron secundadas esta vez por el Consell.
Para 2020, con un ministro de Agricultura valenciano, Luis Planas, el Gobierno en funciones ha cedido ante la industria catalana y se ha quitado de encima el problema que le suponía tener que decidir cada año. Fue el pasado viernes cuando el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto que deja en manos del Consejo Regulador de la DO Cava la facultad de limitar las nuevas plantaciones.
Así, se modifica el procedimiento de concesión de autorizaciones de nuevas plantaciones y de replantaciones de viñedo en el territorio de una DO de carácter supraautonómica. Solo hay tres: Cava, Rioja y Jumilla. A partir de ahora, las recomendaciones sobre limitaciones y restricciones recibidas de los representantes del sector serán vinculantes para la decisión que adopte el Gobierno. Sus deseos serán órdenes.
Dichas recomendaciones se canalizarán a través de los Consejos Reguladores, siempre que se presenten según lo exigido en la normativa de la Unión Europea. De esta forma, será el propio sector, a través de sus Consejos Reguladores, el que "tomará las decisiones sobre la limitación o expansión de las superficies de plantación", de acuerdo al marco general establecido por la normativa comunitaria. El Real Decreto será aplicable a la convocatoria de solicitudes de autorizaciones de nuevas plantaciones de 2020.
Se trata de una reivindicación histórica del Consejo Regulador ante la situación "excedentaria" del sector, que según sostiene la organización controlada por los productores catalanes,"ha conducido a una caída de los precios que se pagan por las uvas y por el vino base Cava".
El Consejo Regulador del Cava explicó en un comunicado que los últimos años habían solicitado el crecimiento cero de las plantaciones "para evitar que se desequilibre la oferta y la demanda, y consecuentemente haya precios del cava excesivamente bajos".
El Gobierno justificó su decisión con el argumento de que pretende "dotar de mayor estabilidad al sector y garantizar mayor seguridad jurídica en algunos aspectos de la normativa".
