Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. La publicación definitiva del PORN del Túria ha cogido por sorpresa tanto al Ayuntamiento de Pedralba como a la Diputació de València. Y es que, el documento se ha hecho público justo en el momento en el que la institución provincial había iniciado el proceso de expropiación de los terrenos para poder construir la variante sur, una obra que lleva en el limbo desde hace seis años y que pretende liberar a la población del tráfico pesado que actualmente pasa por sus calles, en forma de tractores y camiones.
En este sentido, la Diputació de València reconoció el pasado 6 de septiembre su obligación de abonar 301.000 euros en expropiaciones para dueños de los terrenos, una situación que inmediatamente después le permitiría ocupar el espacio y comenzar con las obras. Sin embargo, la infraestructura ha vuelto a quedar en entredicho después de que la Generalitat haya subido a su Diari Oficial las condiciones de este plan de ordenación de los recursos naturales, que amplía el área de actuación de los terrenos protegidos del Túria y que contempla como espacios reservados las parcelas de la variante sur.
Así, la carretera vuelve a caer en saco roto sin que ninguna de las instituciones implicadas pueda dar una respuesta clara sobre cuál será su destino: la Diputació de València, encargada de ejecutar el proyecto, todavía se guarda las valoraciones sobre las disonancias que se han creado con la Generalitat Valenciana, especialmente con la conselleria de Agricultura que dirige Mireia Mollà. Por su parte, el Ayuntamiento de la localidad pone toda la carne en el asador y avisa de que tomará acciones legales "contra todas aquellas personas que obren en contra de la legalidad" en la aprobación del plan.
Y es que, la alcaldesa de Pedralba, Sandra Turégano, considera que el nuevo PORN del Túría fue aprobado el pasado mes de agosto en el pleno del Consell "con serios errores de forma", y apunta que al proyecto le falta un informe de impacto económico que ya trajo problemas a otros planes como el Pativel o el PAT de l'Horta. De este modo, explica que el Ayuntamiento está considerando interponer un contencioso-administrativo contra el PORN.
Asimismo, también señala que el documento no contempla disposiciones transitorias ni cláusulas en las que se explique qué hacer con todos los proyectos que fueron aprobados anteriormente a la entrada en vigor del Plan de Ordenación de Recursos Naturales. Así, se pregunta "en base a qué" se podría prohibir la construcción de la variante sur si "no hay ningún artículo" que aborde directamente esta problemática.
Con todo, Turégano se muestra firme a la hora de ir a los tribunales contra todas las personas implicadas en una posible paralización de la carretera, ya provengan de la conselleria o de la Diputació de València. Además, también denuncia que en ningún momento se han puesto en contacto con el consistorio para explicarles las posibles alternativas al trazado que fue aprobado en 2015.
"Si la variante sur no sigue adelante, pueden tener por seguro que todos mis esfuerzos en los dos años que quedan de legislatura van a ser contra las personas que se opongan y en defensa de la carretera", ha sentenciado la primera edil. "Nosotros no somos técnicos y no tenemos potestad para decidir cuál es el trazado ideal, pero sí que sabemos que hay un proyecto aprobado y que la Diputació tiene la obligación de ejecutarlo" concluía al respecto.
Por su parte, el ente provincial ha declinado hacer valoraciones al respecto y tan solo ha confirmado que, en efecto, las expropiaciones ya estaban en marcha para comenzar el proyecto que lleva más de un lustro enfrentando problemas tanto políticos como judiciales.
La variante sur de Pedralba ha sido foco de diversos enfrentamientos entre la Conselleria de Agricultura, la Diputació de València y el Ayuntamiento de la localidad. Un tira y afloja que se ha intentado solucionar tanto por la vía administrativa como por la vía judicial, aunque actualmente la variante cuenta con todos los permisos formales para salir adelante.
Esto es, una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva y vigente, que por el momento se ajusta a las exigencias normativas y que por lo tanto permitiría ejecutar la obra. Eso sí, siempre condicionado a saber qué sucede con la ampliación del PORN y su impacto sobre las actuaciones que se validaron antes de su entrada en vigor.
La carretera se aprobó en el pleno de la Diputació de València en el año 2014, y en 2015 recibió la DIA positiva para poder iniciar las obras. Sin embargo, en 2016, la Conselleria de Agricultura pidió al ente provincial que impusiera medidas cautelares sobre la variante mientras se redactaba el nuevo Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Túria, que reconocía los terrenos sobre los que se iba a construir como protegidos.
De este modo, el proyecto quedó congelado hasta que se esclareciera la naturaleza de la nueva normativa, así como el ámbito territorial que contemplaba. Un hecho que ya en su momento enfadó al Ayuntamiento de Pedralba, aunque la Diputació de València decidió acatar finalmente la orden.
Estas medidas cautelares se alargaron hasta marzo de 2019, mes en el que decayeron por prescripción temporal sin que la Conselleria hubiese sido capaz de aprobar el nuevo PORN. Esto dio a la Diputació una nueva oportunidad para seguir adelante con la obra, de modo que pidió una prórroga de dos años para la Declaración de Impacto Ambiental, documento indispensable para poder construir la carretera y que en esos momentos estaba a punto de caducar.
No sin baches de por medio, e incluso con amenazas de denuncia por parte del Ayuntamiento de Pedralba, la conselleria de Agricultura aceptó la prórroga de la DIA para la variante sur en octubre de 2020. Así, el documento cuenta con vigencia legal hasta octubre de 2022.
En medio de todo este proceso, el Ayuntamiento de Pedrlaba se plantó y, el pasado mes de julio, presentó una querella contra el presidente de la Diputació de València, Toni Gaspar, y la secretaria autonómica de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Paula Tuzón, por considerar que habían incurrido en un delito de prevaricación al atrasar "deliberadamente" la ejecución de la obra.
En este sentido, el consistorio apuntó que Tuzón habría actuado "por voluntad o intereses particulares" desde su órgano de gobierno al lanzar diferentes maniobras para "impedir" la ejecución de la obra. En el caso de Toni Gaspar, el delito sería de prevaricación por omisión, al ser la Diputació de València el órgano encargado de construir la carretera y haber ignorado su compromiso "deliberadamente" a pesar de que no había impedimentos legales para seguir adelante.
El juzgado, finalmente, abrió diligencias previas para estudiar si las personas señaladas efectivamente habían incurrido en un delito. Con todo esto, la alcaldesa de Pedralba ha señalado que el consistorio se está planteando aportar nuevas pruebas e incluso ampliar la querella a todas aquellas personas que se interpongan entre la variante sur y su ejecución.
