El PP acusa a la alcaldesa de Gandia de gastar 60.000 euros en despidos improcedentes 

GANDIA. El Partido Popular de Gandia, en voz de su portavoz adjunto, Vicent Gregori, ha dado a conocer un acto de conciliación en el que el Gobierno municipal reconoce el despido improcedente de cuatro personas. Una sentencia que se suma a otros casos de "malas prácticas" y cuyo computo total ha supuesto para el Ayuntamiento de Gandia 60.000 euros, según los populares.

El fallo judicial hace referencia al despedido de cuatro trabajadores del servicio público de bicicletas SaforBici coincidiendo con la entrada del nuevo gobierno formado por el Partido Socialista y Més Gandia. Según ha explicado Vicent Gregori, el 24 de septiembre de 2015, al finalizar su jornada laboral, se les comunicó que "mañana" no volvieran, aspecto que en su opinión "demuestra la falta de sensibilidad social y hace gala de las formales ilegales con las que trata a los empleados el Gobierno de Diana Morant".

El Acto de Conciliación del Juzgado de lo Social número 10 de Valencia sentencia que el consistorio deberá abonar cerca de 12.200 euros por el despedido de estos cuatro trabajadores. Sin embargo, Vicent Gregori sostiene que no es el único caso y varios extrabajadores que prestaban sus servicios al ayuntamiento están en circunstancias similares. De hecho, estiman que la cuantía para hacer frente a este tipo de indemnizaciones asciende ya a 60.000 euros.

El Portavoz Adjunto del Grupo Municipal Popular ha recordado el caso de una trabajadora que fue despedida en febrero "por ser afiliada al Partido Popular". El Juzgado de lo Social número 11 de Valencia declaró nulo e improcedente el despido de la trabajadora de Iniciatives Públiques de Gandia (IPG) y obligó al Ayuntamiento de Gandia a su readmisión y el pago del salario del trámite devengado.

Dicha sentencia consideró que fue vulnerado el artículo 14 de la Constitución Española, es decir se despidió a la trabajadora por su ideología". La juez condenó a la empresa pública IPG a su inmediata readmisión "en el mismo puesto y condiciones que ocupaba con anterioridad" y obligó a IPG a abonarle los salarios que dejó de percibir desde el despido (6.000 euros).