VALÈNCIA. El pasado mes de octubre el Consell del Botànic II aprobó el proyecto de la nueva Ley del Juego de la Comunidad Valenciana. Una normativa que modificará la de 1988 para poner especial atención en la protección de menores ante el auge de la ludopatía en la autonomía y que se retomará después de las vacaciones navideñas, ya que actualmente los partidos se encuentran centrados en la negociación de las enmiendas a los Presupuestos de 2020.
A pesar de que el plazo para presentar modificaciones al texto legal planteado por el Gobierno valenciano termina el 15 de enero en Les Corts, el PSPV inició ya este lunes su ronda de contactos con las asociaciones de afectados por la ludopatía en la Comunitat para recoger sugerencias. Un encuentro tras el cual el diputado socialista, José Muñoz, anunció que la intención de los socialistas es, a priori, presentar tres enmiendas al proyecto de ley. Una de ellas especialmente significativa: la prohibición de instalar nuevas salas de apuestas a menos de 700 metros de un centro escolar.
No en vano, según los datos que trasladaron asociaciones como Vida Libre, Patim o Nueva Vida, al también secretario de Organización del PSPV, actualmente un 36% de las personas que se encuentran en tratamiento empezaron a apostar siendo menores de edad. Un cifra que, a juicio de Muñoz, genera "alarma social, dado que es una cuestión de salud pública".
De aprobarse esta distancia, la Comunidad Valenciana sería la autonomía con la normativa más restrictiva de toda España, un lugar que actualmente ocupa Extremadura, donde la regulación impide la instalación de casas de apuesta a menos de 300 metros de un colegio. El Parlamento cántabro se encuentra tramitando una nueva ley para que el margen mínimo sea de 500 metros, si bien todavía esta propuesta no se ha validado.
Una de las cuestiones que deberá resolverse durante el trámite de negociación de enmiendas en Les Corts es qué sucederá con aquellas casas de apuestas que se encuentren a menos de 700 metros de un colegio y su licencia caduque una vez se apruebe la nueva ley del Juego. Esto es, los socialistas deberán negociar con el resto de partidos si esta enmienda afecta sólo a nuevas aperturas o también a los salones ya existentes.
No en vano, durante la negociación de esta ley en 2018 -que terminó decayendo por el adelanto electoral de Ximo Puig y el Botànic tuvo que retomarla hace dos meses para sacarla adelante- los socialistas plantearon que la distancia mínima a un colegio para todo aquel que quisiera instalar un salón de juegos sería de 150 metros, trecho que actualmente pretenden ampliar considerablemente.
Sin embargo, también advertían que la censura no afectaría tan solo a nuevos locales, sino también a los ya existentes que quisieran renovar sus licencias. En este sentido, planteaban que todas las salas de apuestas que se hallaran a menos de 150 metros de un centro escolar deberían "adaptarse a la nueva normativa para renovar su licencia para seguir operando". Por lo que las que estuvieran a una distancia inferior a la especificada porque obtuvieron la licencia de apertura con la anterior normativa, deberían traspasar el local cuando les caduque el permiso si querían mantenerla.
Ahora bien, esta cláusula llevaría con toda probabilidad a un escenario en el que el Botànic tendría que indemnizar a numerosos propietarios, por lo que actualmente los socialistas todavía no han tomado ninguna decisión al respecto.
Las asociaciones de afectados por la ludopatía, por su parte, advirtieron que son más ambiciosas en cuanto a la distancia mínima a fijar en la ley: Vida Libre o Patim, por ejemplo, explicaron que sus aspiraciones eran que se estableciera un mínimo de 1.000 metros.
Asimismo también advirtieron sobre algunas lagunas que encuentran en la nueva normativa ahora en trámite parlamentario; en concreto, sobre la instalación de máquinas tragaperras. Mientras la ley de 1988 establece límites de instalación, explicó el presidente de Vida Libre Antonio Castaños, la nueva elimina esta referencia.
