VALÈNCIA. Podemos advirtió la semana pasada que recuperaría su propuesta de reformar el Estatuto de expresidentes para evitar que los Molt Honorables fuesen miembros natos del Consell Jurídic Consultiu. Lo hacían después de que el presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, confesara que el Gobierno popular de Francisco Camps le había pagado en B y con facturas falsas de empresas.
Los morados, tras esta declaración, no sólo avanzaban que retomarían la propuesta que ya presentaron a principio de la legislatura y que no consiguió salir adelante, sino que también requerían que quien fuera jefe del Consell entre 2002 y 2011 renunciara a su puesto en el órgano consultivo.
La respuesta del PSPV a los nuevos planes de Podemos no se ha hecho esperar. El presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, aseguró en una rueda de prensa este lunes que una "persona sobre la que recaen como mínimo sospechas tan graves -en referencia al caso Gürtel-, ya que parece que no se trataba de cuatro trajes, lo normal es que se vaya".
Sin embargo, para Rodríguez la modificación del Estatuto de expresidentes, tal y como plantea Podemos, "es una cosa diferente". "Pensamos que tradicionalmente tienen un conocimiento y bagaje que puede ser de utilidad a las instituciones y, normalmente, son gente que prestigia a la institución y no la denosta", manifestó el también portavoz del PSPV.
Como ya sucedió con la ley de senadores que planteó Podemos y que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional, con esta propuesta para modificar el Estatuto de expresidentes se vivió una situación similar, ya que el PSPV nunca quiso apoyarla.
Apenas unos días después de obtener 13 escaños en Les Corts, el partido que ahora lidera Antonio Estañ planteó reformar esta norma de manera integral. La intención era derogar distintos "privilegios" -como los tildó la diputada de Podemos, Fabiola Meco- que el texto aprobado durante el mandato de Eduardo Zaplana atribuía a los Molt Honorables como, por ejemplo, el coche oficial, despacho, el apoyo de servicios de la Generalitat en sus desplazamientos fuera del territorio, o la desaparición del puesto permanente en el CJC que pueden llegar a ocupar 15 años.
Sin embargo, la supresión de este precepto fue una línea roja para el PSPV y PP, que decidieron pactar para evitar que este artículo no desapareciera del Estatuto. Más allá del malestar que generó esta alianza en Compromís y la formación morada, la reforma no consiguió salir adelante. Ni Podemos quiso votar a favor de la reforma que habían planteado porque el contenido se había descafeinado en exceso después de pasar el trámite parlamentario.