Empresas de movilidad recriminan la lentitud en la regulación del 'sharing'

VALÈNCIA. Este martes tuvo lugar la primera edición del Smart Mobility Summit, celebrado en la Ciudad politécnica de la Innovación de Valencia y organizado por la plataforma Smart Mobility. Políticos, expertos en movilidad y urbanismo, CEOs del sector de la movilidad urbana sostenible, abogados y periodistas se dieron cita para analizar desde distintos prismas los retos del sector y las herramientas que ofrecen los nuevos modelos de movilidad para ciudades como València. Precisamente el edil de Movilidad Sostenible de la capital, Giuseppe Grezzi, formó parte de una de las mesas redondas junto a sus homólogos en otras ciudades como Madrid, Barcelona y Zaragoza.

La regulación de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), la irrupción de la movilidad compartida como alternativa al transporte privado tradicional, y la interacción entra las empresas del ramo y las administraciones fueron los ejes centrales de la charla, en la que intervinieron representantes de diferentes empresas para poner sobre la mesa su profundo -y ya conocido- interés en poner en marcha cuanto antes modelos alternativos de movilidad como el 'sharing' de patinetes o de coches eléctricos. El negocio de las motocicletas, por el momento, ya está en funcionamiento en la capital del Túria, si bien todavía no hay una normativa concreta que regule la movilidad compartida.

Uno de los representantes empresariales manifestó que la prisa del sector es "necesaria", puesto que la contaminación atmosférica se está erigiendo como uno de los principales problemas de grandes ciudades como València, y se está convirtiendo en uno de los factores fundamentales de riesgo en los casos de muerte prematura en todo el mundo. Pero no sólo la contaminación: durante toda la mañana, la congestión del tráfico en las urbes, el acuciante conflicto del espacio público y el ruido, se comentaron como los motivos fundamentales para impulsar estas nuevas alternativas: una movilidad sostenible, digital, compartida y eléctrica.

Junto a Grezzi, en las filas políticas se encontraban Adriana Male, concejala de Movilidad de Barcelona; Reyes Montiel, en el Ayuntamiento de Madrid; y Alberto Lorente, del consistorio de Zaragoza. Todos ellos coincidieron en la necesidad de caminar hacia un transporte multimodal y sostenible, pero explicaron que los tiempos no son todo lo rápidos que se desearía. Por un lado, apuntaron a la necesidad de estudiar la forma de moverse en las ciudades.

Y es que, en realidad, los Ayuntamientos se han topado con estas alternativas privadas, pero no tienen datos en los que basarse para preveer cómo afectará su implantación en la ciudad. De hecho y en ese mismo sentido, Montiel, propuso recuperar "la idea de piloto, la idea de probar", con el propósito de obtener datos fehacientes. Admitió la lentitud de las administraciones municipales, "pero es que estamos hablando de espacio público y convivencia", matizó, para aclarar después que la responsabilidad de los Ayuntamientos, en primer término, es el transporte público.

El edil de València, Giuseppe Grezzi, explicó que la nueva Ordenanza de Movilidad municipal, que actualiza la normativa de circulación e incluye los patinetes eléctricos y similares, se prevé aprobar en el próximo pleno de abril, el último del mandato. Sin embargo, eso no quiere decir que las operadoras de movilidad compartida puedan empezar a operar en seguida. Para este campo, "se necesita un marco legal claro", dijo, y "estudiar los pros y los contras de los diferentes sistemas de sharing".

Lo cierto es que la mencionada Ordenanza de Movilidad no incluye la regulación de este sector. Grezzi explicó el motivo: se abre la posibilidad a que estas empresas operen, pero no se regula en la ordenanza porque si más tarde se quieren modificar los criterios, su reforma podría tardar por lo menos medio año. Así pues, se ha dejado el asunto para más tarde, para cuando se decida en qué régimen pueden operar las empresas, si en virtud de una autorización, una concesión o mediante una licitación pública. Cambiar las condiciones en estos contratos es mucho más sencillo que modificar una ordenanza.

"Hemos quedado en ir paso a paso, porque lo importante es que el marco regulatorio sea el más adecuado para la ciudad y para las aspiraciones de las empresas", respondió el edil. Respecto a la exigencia de celeridad de las empresas, la edil de Madrid insistió en que "no todo el mundo está al mismo ritmo" que las empresas, y en que los trámites municipales necesitan de amplios consensos y negociaciones con distintos partidos políticos. Con todo, tanto desde los representantes institucionales como de los empresariales, salió la intención de caminar de la mano en la búsqueda de soluciones.

Respecto a las jornadas, José Luis Zimmermann, el director general de Adigital, asociación integrada en la plataforma Smart Mobility, achacó la necesidad de soluciones de movilidad "más eficientes y sostenibles" al "gran crecimiento de las ciudades y los nocivos efectos de su congestión sobre el medio ambiente". Por ello, explicó que "realizar este tipo de encuentros en el que participan entidades públicas y privadas nos ayuda a pensar esas soluciones de manera más realista y adaptada a las necesidades de nuestros centros urbanos y, sobre todo, de las personas que viven en ellos".