VALÈNCIA. Se trata de una de las importantes contratas en una gran ciudad como València, por lo que previsiblemente iba a generar interés en el sector. Y así ha sido: en total, 12 empresas han concurrido a la licitación pública abierta por el consistorio del Cap i Casal para adjudicar el contrato de jardinería con un presupuesto base de 87 millones de euros para los próximos cuatro años, además de una posible prórroga anual.
El anterior gobierno del Partido Popular adjudicó en 2015 el servicio de limpieza, mantenimiento y conservación de jardines de la ciudad por valor de 45 millones de euros a dos compañías -Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y la Sociedad de Agricultores de la Vega de Valencia (SAV)-, que se encargan de la zona norte y la zona sur respectivamente. Esta vez, el gobierno de Compromís y PSPV ha decidido, además de aumentar considerablemente la partida para este contrato, adjudicarlo repartido en cuatro lotes, tres de los cuales acaparan el grueso del importe.
Por un lado, se mantiene la estructura diferenciada de dos lotes para la zona norte y la zona sur del Cap i Casal. FCC y la Sociedad de Agricultores de la Vega aspiran de nuevo, junto a la firma Légamo, a llevarse esta parte nada desdeñable del contrato, que se licita por 34 y 27,5 millones de euros respectivamente. Además, a la zona norte concurre la compañía Vivers Centre Verd, y a la zona sur, Valoriza, empresa de servicios medioambientales de la cotizada Sacyr.
En total, se trata del mantenimiento de casi 280 hectáreas de zonas ajardinadas, parques y bulevares de la ciudad, donde no se incluye el gran Jardín del Turia, del que se encarga el Organismo Autónomo de Parques y Jardines dependiente directamente del consistorio. Desde la limpieza y recogida de restos hasta el mantenimiento del mobiliario en estas zonas, pasando por la poda del arbolado y la revisión de la zona de juegos. Estas son las principales tareas aquí.
Un tercer lote está dedicado exclusivamente al mantenimiento del arbolado viario de toda la ciudad. Compiten por un presupuesto base de 23,7 millones de euros las cinco compañías ya mencionadas, así como Actúa o las conocidas OHL y Aguas de Valencia (grupo Global Omnium), esta última en oferta conjunta con Qualitas y Paimed. En total, son 64.100 árboles de los que tendrán que hacerse cargo: riego, abonado, poda, conservación, tratamiento sanitario vegetal, etcétera.
Y por último, el consistorio adjudicará de manera separada los cuidados para el jardín de la Rambleta y el jardín central del Campus de Tarongers -unas 7,5 hectáreas- con las mismas condiciones que el resto de jardines de la ciudad. Una parte del contrato que asciende a 1,7 millones de euros y que se ha desgajado del resto de jardines para que concurran centros especiales de inserción social y empresas de inserción. En este caso, han acudido a la licitación Albanta Jardines y la Compañía Especial de Empleo e Integración.
Ahora, los técnicos de Contratación del Ayuntamiento deberán valorar las ofertas, que todavía no se han hecho públicas. Se tendrá en cuenta de cada una de ellas la baja presupuestaria ofertada, los puestos de trabajo, así como los vehículos y el gasto en suministros. La presentación de un plan de mejora, la organización técnica del servicio y los programas de trabajo también contarán para la valoración definitiva, en la que también se evaluará como criterios adicionales la promoción interna de los empleados, la gestión informática y la sostenibilidad en las praxis ambiental.
Según explicó el vicealcalde y concejal de Ecología Urbana, Sergi Campillo, "se quiere premiar la oferta de más calidad, no la oferta más barata", e indicó que el nuevo contrato supondrá la contratación de al menos un 20% más de personal para pasar de los 274 puestos de trabajo de este momento a un mínimo de 328. También se fomenta la contratación de mujeres -al menos la mitad de los nuevos empleados han de ser mujeres- y la profesionalización.
Asimismo, el alcalde Joan Ribó señaló en su momento que el crecimiento presupuestario se debe, en parte, al crecimiento de las zonas verdes en la ciudad, como el Parque Lineal de Benimàmet, el Parque de Malilla y otras zonas para niños y para perros creadas en diferentes distritos, lo que "hacía imprescindible más recursos".
Hay que recordar que la licitación, una de las adjudicaciones estrella del Ayuntamiento, ha superado dos recursos sindicales, de UGT y CCOO, que pedían que en los requisitos para la adjudicación del contrato primara la aplicación del convenio colectivo de empresa y no el sectorial, ya que el primero contiene condiciones más favorables a los empleados de las contratas.
En ese sentido, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, concluyó que las referencias a los colectivos sectoriales que recogen los pliegos no implican que se esté "imponiendo el cumplimiento de un determinado convenio" porque la naturaleza de esta cuestión es "estrictamente laboral" y no se circunscribe al ámbito de la contratación pública.
Al final, dijo el Tribunal, "la obligación de la contratista lo será con relación al convenio colectivo que resulte de aplicación (el ordinario, el sectorial de la actividad y, en caso de existir, el convenio de empresa, que resultará de preferente aplicación)". Así pues, el organismo confirma "la falta de vinculación" del pliego con los efectos en cuanto a normativa laboral se refiere, por lo que acabó desestimando sendos recursos y reactivando el proceso de contratación, que ahora sigue su curso.