VALÈNCIA. Mil doscientos cincuenta y seis días -o lo que es lo mismo, casi 3 años y medio- después de que Luis de Guindos anunciara "una actualización del régimen jurídico de las cooperativas de crédito", España ha traspuesto la normativa europea de cajas rurales para hacerlas más fuertes. Fue hace justo una semana cuando el Congreso de Ministros aprobaba un real decreto-ley reformando el régimen jurídico de las cooperativas de crédito, que representan el 6% del sistema crediticio español.
Una norma que trae consigo la constitución de los bautizados como Mecanismos Institucionales de Protección (MIP), que vienen a ser los otrora Sistemas Institucionales de Protección (SIP) también llamados 'fusiones frías'. Las mismas que dieron lugar a los 'bancos de cajas' como fue, entre otros y por citar al de mayor relevancia, el caso de Bankia con la integración de CajaMadrid, Bancaja, Caja de Canarias, Caja Rioja, Caja Ávila, Caixa Laietana y Caja Segovia.
Dichos MIP pueden ser de dos tipos: o bien reforzados o bien normativos. Los primeros corresponden a los que mutualizan beneficios y riesgos, garantizando la solvencia y liquidez de sus entidades como es el caso del Grupo Cooperativo Cajamar, que cuenta con una veintena de entidades de la Comunitat Valenciana. O como el otro MIP reforzado, el del Grupo Solventia formado por las rurales de Almendralejo, Utrera, Baena, Nueva Carteya, Cañete de las Torres y Adamuz. Por tanto, de las 62 cooperativas que actualmente hay en España, no afecta a 25, es decir, a las 19 rurales del primer grupo cooperativo nacional como es el de Cajamar y las 6 del Grupo Solventia.
Por su parte, los MIP normativos no tienen que mutualizar al 100% los beneficios y riesgos y se caracterizan por la constitución de un fondo de garantía privado financiado previamente por las entidades miembros del grupo que se utilizará para hacer frente a posibles necesidades de recursos propios de las entidades que participan en la alianza. Y es en este caso donde aparecen las trece cajas rurales independientes domiciliadas en algún punto de la Comunitat Valenciana.
Este diario quiso pulsar la opinión de las dos grandes cooperativas independientes como son Caixa Popular y Caja Rural Central de Orihuela, a través de sus respectivos directores generales que coincidieron en afirmar que todo sigue igual que antes y van a mantener su cartel de independencia dentro de la Asociación Española de Cajas Rurales a la que pertenecen.
Para Rosendo Ortí, director general de Caixa Popular, el nuevo real decreto-ley "introduce ventajas y alicientes, que dejan la libertad de participar en un MIP pero sin establecer ninguna imposición. No hay ninguna novedad más que esa. No nos perjudica y sí que nos beneficia como al resto porque obliga a un fondo de solidaridad más potente y eso siempre es positivo. Nosotros queremos seguir en nuestra línea como imagino que el resto de entidades de la asociación, es decir, ser lo que somos en cada uno de nuestros territorios naturales y las que somos independientes podemos seguir siéndolos".
Para su homólogo de Caja Rural Central de Orihuela, José Víctor Guillen, el real-decreto "fortalece al sector y no es otra cosa que trasponer la normativa europea a la española para abrir la posibilidad del MIP reforzado o el normativo. Es un tema que beneficia a todas las cooperativas y sobre todo a las independientes porque dota de mayores mecanismos de ayudas en caso de problemas entre las mismas y, además, pone en valor la asistencia del grupo independiente".
Los MIP normativos se caracterizan por la constitución de un fondo de garantía privado financiado previamente por las entidades miembros del grupo. Dicho fondo se utilizará para hacer frente a posibles necesidades de recursos propios de las entidades que participan en la alianza.
Se establecen además incentivos para constituir estos MIP, ya que las entidades que lo integran tienen un perfil de riesgo menor al aumentar su solvencia, lo que permitirá reducir los requerimientos mínimos de pasivos capaces de absorber pérdidas a efectos de una eventual resolución y las aportaciones que las entidades integrantes de un MIP deben realizar al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).
Asimismo, según dicho real decreto-ley, desaparecen las trabas a las operaciones de una entidad con las otras cooperativas integrantes del MIP y el fondo de garantía privado tampoco tendrá límites a la hora de invertir en el capital de una de las cooperativas integrantes del grupo.
Levantar esta limitación facilita el uso del fondo cuando una entidad participante lo necesite. Sin embargo, se deberá presentar al Banco de España, para su aprobación, un plan de actuación a efectos de garantizar la viabilidad que contenga medidas concretas dirigidas a permitir la desinversión en la cooperativa de crédito, en condiciones adecuadas para todas las entidades integrantes del MIP.
