La Fiscalía ve delito contra la integridad moral en los vídeos sobre la residencia de Llíria 

VALÈNCIA. La Fiscalía Provincial de Valencia ha concluido que el trato dispensando a varios ancianos de la residencia DomusVi de Llíria, que trascendió a través de la difusión de varios vídeos el pasado septiembre, podría ser constitutivo de varios delitos contra la integridad moral. 

El Ministerio Público decidió abrir diligencias de investigación penal de oficio ante las situaciones de abandono y desprotección de los residentes. A raíz de estas actuaciones, apunta a la responsabilidad de la directora del centro, quien, "en su posición de garante del cuidado, vigilancia y atención de los mismos, socavó gravemente su dignidad e integridad moral". Hecho que, afirma la Fiscalía, "todavía se hizo más patente y lacerante en el caso de los residentes que eran más vulnerables por su avanzada edad, por sus graves enfermedades psíquicas y físicas y, en suma, por su alto grado de dependencia al ser quienes requerían de la máxima protección". 

El escrito, firmado por el fiscal Jorge Boguñá, remarca que todo ello "desborda la mera responsabilidad administrativa" por la "gravedad e intensidad" de lo ocurrido. De modo que se acuerda remitir al juzgado decano de Llíria la investigación para que el juzgado de Instrucción correspondiente incoe diligencias con el objeto de que se depuren las responsabilidades penales. 

Abandono y maltrato

En las polémicas imágenes que propiciaron esta investigación, difundidas en su momento por Telecinco, aparecían situaciones como un anciano que sufría un golpe al caer al suelo sin que nadie acuda a socorrerlo; una mujer que se encontraba sola y desnuda en una silla u otra de muy avanzada edad que intentaba comer un plato de comida sin ninguna ayuda y ni siquiera una mesa para apoyarlo.

Tras tener conocimiento de ello, la Fiscalía pidió a la Guardia Civil que informase sobre los hechos ocurridos y que enviase cuantas actuaciones hubiese realizado hasta ese momento. Igualmente, solicitó a la Conselleria de Igualdad que remitiese un informe sobre la residencia y que aportara las imágenes que se habían publicado en los medios de comunicación. De hecho, el propio departamento que dirige Mónica Oltra abrió una investigación paralela. 

La Guardia Civil interrogó a la antigua trabajadora de la residencia que realizó las grabaciones, quien relató situaciones ocurridas a diario: residentes que se quedaban dormidos y se derramaban la comida encima, o a los que les quitaban el plato y los dejaban sin comer; otros que permanecían durante horas sujetos a sus sillas y en la misma postura; auxiliares de enfermería que repartían la medicación a cada residente y no se esperaban a que se la tomasen (de modo que luego ella se encontraba muchas pastillas en el suelo); o ancianos que llevaban ropa de otras personas, de otras tallas y con manchas de lejía. La mujer también explicó a los agentes que había muy poco personal o que los inodoros estaban en mal estado.

A raíz de la difusión de los vídeos, los familiares de varios residentes formularon las correspondientes denuncias ante la Guardia Civil en las que hacían constar episodios de abandono y falta de cuidados, así como caídas y heridas.