Secretario autonómico de Educación, Miguel Soler. Foto: EDUARDO MANZANA. VALÈNCIA. Una de las principales apuestas de la Conselleria de Educación para el próximo curso es el impulso de la Formación Profesional (FP). Desde el departamento de Vicent Marzà trabajan para adecuar la oferta de ciclos formativos a la demanda del mercado laboral, con el objetivo de generar puestos de trabajo acreditados que contribuyan a la recuperación de la crisis social y económica agravada por la pandemia.
Es por ello que Educación no solo ofrecerá más de 6.000 plazas y 181 nuevos estudios de FP de cara a septiembre, sino que plantea la posibilidad de ofrecer pequeñas formaciones 'a la carta', es decir, certificados que permitan la obtención del título a lo largo del tiempo. Ello se aplicará, por ejemplo, en aquellos trabajadores que poseen competencias profesionales en un sector determinado, pero que las han adquirido mediante experiencia laboral o a través de aprendizajes no formales.
De este modo, podrán realizar determinadas asignaturas o programas pertenecientes a un ciclo formativo y con ello obtendrán el reconocimiento oficial de aquello que ya saben. Se trata de una medida que va en la línea del planteamiento de la nueva le de FP, cuyo anteproyecto fue aprobado en junio en el Consejo de Ministros y pasará por el Congreso de los Diputados para tener luz verde definitiva.
De hecho, según aseguró Miguel Soler, secretario autonómico de Educación, en una entrevista con Valencia Plaza, "debido a los cambios en el mercado laboral, el 85% de la población deberá tener una FP de grado medio". Por este motivo, recalcó que uno de los "retos históricos" consiste en "cambiar la percepción social que tiene un sector de la población". "Aunque se han producido avances, aun existe la consideración de que son estudios de segunda categoría".
"La realización, por ejemplo, de un ciclo de grado básico de FP -que son los que se pueden cursar dentro de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO)- no debe verse como un camino que se toma por el hecho de haber suspendido, sino porque puede que sea la mejor vía formativa para acabar los estudios, ya que si el alumno supera ese ciclo básico puede continuar formándose", explicó.
Cabe recordar que los cursos superiores cuentan con una serie de créditos reconocidos en el ámbito universitario, lo que permite entrar en una carrera, al igual que el estudiantado que finaliza la etapa Bachillerato. No obstante, Soler determinó que cada vez son más los universitarios que optan por cursar un ciclo: "El grado de inserción laboral de los titulados de FP es más elevado que el de los universitarios, porque aportan una visión más práctica a los conocimientos".
Unas competencias prácticas que deben estar amoldadas a las necesidades de los sectores productivos y en algunos casos son distintas en cada área geográfica. Por ello, la Conselleria ha puesto en marcha una serie de consejos territoriales para coordinar la FP en la Comunitat Valenciana, distribuidos entre 19 comarcas, con la finalidad de estudiar el mercado y determinar qué zonas requieren de una mayor oferta. Estos organismos se pondrán en funcionamiento el próximo curso y estarán constituidos por sindicatos, empresarios, ayuntamientos y también por la Conselleria de Educación y de Economía Sostenible.
Asimismo, el responsable de esta cartera, Rafael Climent, avanzó la semana pasada que la publicación de la convocatoria de ayudas proporcionadas por Labora -el servicio público de ocupación y formación autonómico- tendrá lugar "en breves". Están dirigidas a empresas y sindicatos que ofrezcan para la FP "acciones formativas como jornadas, conferencias o encuentros internacionales", cuyo importe asciende a 1.122.356 millones de euros, aprobados en el Pleno del Consell, según recoge el Diari Oficial de la Generalitat Valenciaan (DOGV).
Además, Climent no descartó la posibilidad de que estas ayudas estén dirigidas "a un colectivo concreto", constituido por "personas con diversidad funcional, mayores de 45 años, con baja cualificación, en paro durante un largo período de tiempo, mujeres víctimas de violencia de género, en riesgo de exclusión social o familias monoparentales", entre otros.
