Foto: MARTA FERNÁNDEZ/EPVALÈNCIA. Apenas 24 horas después de que la Conselleria de Función Pública y la de Educación cerraran un acuerdo con los sindicatos sobre el redactado final del decreto del requisito lingüístico, el departamento gestionado por Gabriela Bravo ha cerrado con UGT, CCOO, CSIF e Intersindical la nueva Oferta Pública de Empleo de 2023. La primera que incluirá el conocimiento del valenciano como un requisito de acceso a una plaza de funcionario.
Las tres organizaciones sindicales votaron este jueves a favor de la OPE de 2023, que quedará conformada por 823 plazas entre las de turno libre y promoción interna. De ellas, un total de 389 serán de acceso libre y el resto, 434, quedarán reservadas para empleados públicos que quieran mejorar su posición en la Administración autonómica.
De las plazas de turno libre, un total de 328 deberán enfrentarse tan solo a una oposición pura, pues no contará con fase de méritos, sino que el acceso se limitará a un examen que, en caso de superar, permitirá al aspirante convertirse en funcionario. Las otras 61 plazas, sí contarán con una segunda fase de concurso donde se contabilizará la experiencia de los opositores. Por su parte, todas las plazas de promoción interna se regirán por el proceso de concurso-oposición.
El motivo por el que el acceso a un gran número de plazas será por oposición pura se debe a la entrada en vigor de la nueva Ley de Función Pública Valenciana. Esta establece que en las nuevas Ofertas Públicas de Empleo, el 50% de las plazas deben reservarse a oposición, sin fase de concurso.
En esta OPE de 2023, además, Consell y sindicatos han incorporado una novedad significativa que llevaba años reclamándose. Dentro del cupo de plazas de promoción interna, un total de 176 quedan reservadas a educadores para que estos puedan mejorar su escala dentro de la Administración.
El decreto contempla que Técnicos de Educación Infantil (profesores de escuelas municipales, de 0 a 3 años) y Técnicos de Gestión de Servicios Socioculturales, ambos hasta ahora de grupo C1, podrán pasar a ser grupo B mediante este proceso de promoción interna en esta OPE.
El borrador que regula el requisito lingüístico -aún por validar de forma definitiva- fija un periodo transitorio desde la actualidad hasta 2025. Durante ese periodo de dos años, el conocimiento de valenciano que se les exigirá a los funcionarios o a aquellos que se presenten a una oposición porque aspiren a una plaza en la Administración será de un B2 o B1.
En concreto, aquellos que opten a una categoría C2 de la Administración tendrían que probar que tienen un nivel de valenciano B1 -Grado elemental-, mientras que los aspirasen a escalas superiores tendrán que acreditar que tienen un nivel B2, un tramo intermedio entre el elemental y el antiguo Grau Mitjà.
Si en el momento en que se celebre la oposición, no lo tuvieran certificado por la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV), la Generalitat habilitará una prueba de nivel previa para que puedan acreditar que cuentan con el grado de conocimiento del valenciano exigido. Esta es una de las principales novedades a las que se comprometió el Consell con los sindicatos en la reunión que tuvo lugar este mismo miércoles.
