VALÈNCIA (EP). El presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, ha defendido que el cese de José Luis Vera, responsable de los servicios jurídicos de Divalterra, depende del consejo extraordinario que se celebra este lunes por la tarde y no de él, tras su detención el pasado jueves en la segunda fase de Azud, una presunta trama de corrupción urbanística.
Pero ha querido dejar claro que la disolución, extinción y liquidación de esta empresa pública "sigue su curso" y no se ve alterada por la detención de Vera. "No tiene nada que ver", ha declarado a los periodistas en Les Corts sobre la situación de Vera, que habría actuado de intermediario.
Gaspar (PSPV), a unas horas del consejo de la empresa que decidirá el futuro del detenido, ha insistido en que él no forma parte y en que los consejeros acordarán lo que consideren "oportuno y conveniente". "Si fuera un cargo de confianza mío lo podría cesar, no puedo anticiparme", ha recalcado.
También ha recordado que en este órgano hay tres políticos (PSPV, PP y Cs) y "los demás son funcionarios de alto rango" que decidieron convocarlo para este lunes y no el jueves o viernes. Y ha confiado en que estos técnicos tendrán "muchísimo sentido común porque están acostumbrados a estas cuestiones".
En cualquier caso, ha rechazado dar su opinión personal porque "no sirve de nada en la administración", mientras cree que su posición política sobre los casos de corrupción es conocida. Ha recordado además que él decidió que el consejo dejara de estar "copado por políticos" y que un gerente ya fue cesado por este órgano.
El presidente ha hecho hincapié en que no puede extralimitarse de sus competencias y ha remarcado que se trata de "una empresa y un contrato laboral", porque cree que a veces se habla de Vera con "confusión".
"Sé que yo puedo querer que se hagan cosas o la opinión pública puede quererlo, pero hay que respetar la ley y los procedimientos", ha aseverado, mientras que si fuera su asesor le correspondería a mí: "Yo nombro, yo ceso, lo que no nombro, no ceso".
A su juicio, todos estos pasos a seguir en el consejo también demuestran que Divalterra es una mercantil "con todos sus hándicaps", algo que "no tendría que haber sido nunca".
Sobre la junta general extraordinaria que reclaman PP, Cs y Vox, Gaspar ha remarcado que dependerá de lo que decida el consejo porque "hay que seguir los cauces oportunos". "Supongo que, si no se quedan conformes, se tendrá que convocar", ha añadido sobre la oposición.
Y preguntado por si Vera ha cumplido como responsable de prevenir riesgos penales, ha zanjado que no le corresponde a él valorarlo: "Supongo que lo dirá la Justicia. Soy el presidente de la Diputación, no el magistrado".