La Generalitat destina 2,4 millones de los 'Next Generation' para adquirir portátiles para Justicia

VALÈNCIA. La Generalitat destinará los primeros 2,4 millones de euros de los fondos Next Generation de la Unión Europea para que la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DGTIC), dependiente de la Conselleria de Hacienda, adquiera 3.300 ordenadores portátiles de última generación para la Administración de Justicia Valenciana.

La inversión total asciende a 6,4 millones de euros, de los cuales 2,4 proceden del Mecanismo de Recuperación y Resiliciencia (Next Generation UE).

En concreto, la adquisición de los nuevos dispositivos portátiles está cofinanciada a través de la línea 'Modernización de las administraciones públicas. Avance en puestos de trabajo deslocalizados con la adquisición de licencias y equipos para el teletrabajo de los funcionarios y funcionarias de justicia' aprobada por la Conferencia Sectorial de Justicia el pasado mes de abril y de la que la Comunitat Valenciana tiene asignada una dotación de 2,4 millones de euros.

Los portátiles se instalarán durante el primer trimestre de 2022 en el lugar habitual de trabajo, como si de equipos de sobremesa se tratasen, acompañados del mismo número de periféricos (teclados, ratones y monitores multimedia que permiten trabajar de forma más cómoda), así como de accesorios orientados a la protección y seguridad de dichos portátiles (fundas y candados).

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha asegurado que la adquisición de este equipamiento mejorará la actividad judicial, ya que gracias a la conexión VPN permitirán la realización de más actos jurídicos a distancia como los que que han permitido a la Comunitat Valenciana situarse a la vanguardia en la celebración de telejuicios".

Por su parte, el director general de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, José Manuel García Duarte, ha resaltado que el principal objetivo que se persigue con esta licitación "es sustituir 3.300 ordenadores de sobremesa adquiridos en 2014 y que, en su momento, ya supusieron un gran impulso a la renovación del antiguo parque de ordenadores personales en el ámbito de la administración de Justicia, permitiendo adaptar los dispositivos del personal funcionario de justicia a las nuevas exigencias tecnológicas"

Desde la DGTIC y la Conselleria de Justicia han recordado, además, que desde finales de 2019 y especialmente durante la pandemia se han instalado 1.700 nuevos equipos informáticos y se han renovado las conexiones VPN por un valor de 11,7 millones de euros.

Plan de Digitalización de la Justicia

La adquisición de este conjunto de ordenadores portátiles se enmarca en el Plan de Digitalización de la Justicia de la Conselleria de Justicia, dotado con 50 millones de euros y que, pretende, entre otras cuestiones "aumentar su agilidad, eficiencia y sostenibilidad", permitiendo, entre otras cuestiones, el despliegue de puestos de trabajo deslocalizados en el ámbito de la administración de justicia en la Comunitat Valenciana.

Hasta ahora, el objetivo de la Conselleria de Justicia es transformar el servicio de Justicia gracias al nuevo sistema de gestión procesal Justa CV (dotado con 15,9 millones de euros): el sistema de grabación de vistas Aurea (al que se han destinado 11 millones), las aplicaciones de interoperabilidad como la cita previa y la sede judicial electrónica (con un presupuesto de 5 millones) y la digitalización de los juzgados de paz por 1,3 millones de euros.

Con este plan, la Conselleria de Justicia, en colaboración de la DGTIC, busca posibilitar el desarrollo del trabajo independientemente del lugar físico en el que se encuentre el personal, ya sea en sede judicial, en el domicilio o en cualquier parte, gracias a las tarjetas SIM y de movilidad que incorporan estos portátiles.

Asimismo, han recordado que con esta nueva contratación se fomenta la incorporación de las nuevas tecnologías a las actuaciones procesales y, en general, a las relaciones de la ciudadanía con la Administración de Justicia, para evitar, en la medida de lo posible, desplazamientos y excesivas concentraciones en las sedes judiciales.