La Generalitat firma con Torrent un protocolo para una nueva ITV que sustituirá a la de Riba-roja

El documento establece que el consistorio se compromete a tramitar la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para "poner a disposición de la empresa pública una parcela de terreno en la que Sitval construirá y pondrá en funcionamiento la nueva estación para la inspección técnica de vehículos", segñun ha informado la Generalitat en un comunicado.

Nuria Montes ha avanzado que la nueva estación de ITV en Torrent "será una realidad antes que acabe la presente legislatura y sustituirá la que hay en Riba-roja", la tercera en importancia de la Comunitat Valenciana, con 100.000 inspecciones anuales.

En este sentido, la consellera ha explicado que la semana pasada tuvieron que firmar "de urgencia" el contrato de arrendamiento durante tres años del suelo en el que está la ITV de Riba-roja "para que pueda seguir prestando el servicio a todos los ciudadanos mientras se construye la de Torrent".

Montes ha añadido que, con ello, "hemos ordenado unos de los desaguisados que nos dejó el Botànic ya que durante los primeros meses de 2023 no se había hecho nada para garantizar la continuidad del servicio" en esta zona.

El protocolo de intenciones señala que, tras distintas visitas y estudios realizados por los técnicos del servicio de Sitval, conjuntamente con los del Ayuntamiento de Torrent, "se considera idónea la parcela de propiedad municipal situada en la calle Paret Decantada nº13 del Sector 1 Mas del Jutge".

Esta parcela, de 6.965,83 metros cuadrados, está ahora calificada como zona verde-jardín por lo que el Ayuntamiento de Torrent "deberá tramitar una modificación del planeamiento que la haga compatible con el servicio público que pretende prestar Sitval".

La empresa pública, por su parte, considera que, por su ubicación y características, el polígono industrial Mas del Jutge "es un entorno óptimo para la construcción y puesta en marcha, en el corto plazo, de la estación de ITV".

Con el fin de asegurar la coordinación entre la empresa pública y el consistorio y velar por el correcto desarrollo del acuerdo, ambas partes nombrarán sendos responsables. Además, se comprometen a mantener la confidencialidad de la información que se suministren mutuamente.

El protocolo de intenciones tiene una duración de tres años, prorrogable de forma expresa por dos años más, y establece que se desarrollará mediante acuerdos específicos.