Imagen del presidente del grupo Crein, Juan José Galiano.VALÈNCIA. El juzgado de lo Penal número 2 de Valencia acogió este martes el juicio sobre delito contra la Hacienda Pública en relación al IRPF -que quedó visto para sentencia- en el que figuraban como acusados el presidente de la inmobiliaria valenciana Crein, Juan José Galiano, y la que fuera vicepresidenta, Sonia de Maré.
Esta última, extrabajadora del grupo durante varios años -al igual que de una de sus sociedades, Urbimetro-, respondió únicamente a preguntas de su abogado (José Antonio Choclán) y de la Fiscalía para reconocer la culpabilidad en los hechos que dieron inicio a este procedimiento. En 2010 y 2011 presentó las declaraciones del IRPF sin incluir la totalidad de ingresos como retribución de su trabajo al simular una concesión de préstamos por parte de Galiano por valor de 2,5 millones de euros. Unas ganancias que provocaron una pérdida de ingresos para Hacienda -según cifró- de 441.404 y 603.149 euros respectivamente.
De Maré explicó que las cantidades que recibió de la entidad Urbimetro -representada por Galiano- mediante la suscripción de contratos de préstamo formaban parte de una suerte de comisión de alrededor del 1,5% por la intermediación en la creación de la sociedad Martibalsa con un capital social de 300 millones de euros. Una operación que "llegó a buen puerto" y en la cual también se implicó, comentó, el empresario Enrique Bañuelos. La sociedad, también participada en su día por Vicente Cotino, pasó a manos de presidente de Crein. "Se hizo de tal forma que Galiano tuvo el control y todos los gastos los pagó la otra parte, que era Bañuelos", añadió.
"Lo formalizamos como un contrato privado, fue idea de él. Ese dinero lo incorporé como propio y lo invertí en cosas personales. Lo iba cobrando cuando Urbimetro tenía liquidez por la recepción de subvenciones y los préstamos se fueron prorrogando", relató. Las cantidades no las devolvió porque, dijo, cumplió con su parte de la intermediación en esa operación. Y tampoco las declaró. "Soy consciente de que no lo hice y me arrepiento cada día", afirmó.
Llegó posteriormente la Inspección de Hacienda a Urbimetro y reclamó los contratos de préstamo. Según su versión, éstos se formalizaron todos a la vez en un único acto en función de las cantidades que recibió De Maré "y con bolígrafos de diferentes colores". Después de eso, quiso "regularizar su situación" con las facturas al ver que podía acabar en la comisión de un delito, algo que, señaló, le fue efectivamente notificado en 2016. "Entré en pánico sabiendo que los contratos de préstamo no eran reales y quise solucionarlo", detalló, al tiempo que aseguró que la primera petición de devolución de Galiano del dinero dado fue posterior al aviso de la Agencia Tributaria.
Motivos, todos ellos, por los cuales ha adquirido un compromiso de pago hasta cumplir con la responsabilidad civil. Por el momento, ha consignado 300.000 euros ante el juzgado.
La siguiente declaración en el juicio fue la del presidente de Crein, con una narración de lo ocurrido muy diferente a la de su exsocia, a la cual definió como una persona de su "máxima confianza", muy cercana y "prácticamente una hermana" en los años en los que sucedió todo. Galiano, en respuesta a todas las defensas menos a la de De Maré, mantuvo su inocencia y argumentó que los 2,5 millones que le concedió entre 2010 y 2011 se debieron a peticiones de ella por varios motivos. Unos personales y otros profesionales. Unas afirmaciones que la aludida, en declaraciones a Valencia Plaza después del juicio, negó rotundamente.
"Algunas de las cantidades se las di porque me dijo que su marido necesitaba un tratamiento urgente en Navarra por una enfermedad grave que padecía", indicó. Aunque la parte más llamativa de su versión es que le concedió una parte importante de dinero porque ella quería invertir "en un supuesto macrogrupo de comunicación en el que iba a entrar de la mano de Miguel Ángel Rodríguez" (conocido como MAR, actualmente es el jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pero en su prolija trayectoria ha ocupado cargos como portavoz del Gobierno o secretario de Estado de Comunicación).
Ese macrogrupo al que se refería era, al parecer, el resultante de la fusión de Antena 3 con La Sexta. "Las cantidades que le doy a Sonia eran necesarias para que entrara en el accionariado de Antena 3, pero me avisó de que lo llevaba todo con mucho secreto porque no se podía saber que estaba ni con MAR ni con alguien más. Le entrego el dinero porque puede haber una persona de mi absoluta confianza en un gran grupo mediático de este país y veo perspectivas de negocio en mitad de la crisis. También podía ser importante para posicionar la imagen de mi empresa", explicó.
A finales de 2011 se formalizó la famosa fusión, pero de la entrada de De Maré nada se supo, ni tampoco del dinero, según rememoró Galiano, quien mencionó correos en los que le comunicaba que se caía todo. "Nunca le pedí ninguna garantía porque me fiaba plenamente de ella. La cosa llegaba al punto de que hice una declaración de voluntades anticipadas en la que incluí a Sonia. Pensaba que podría devolverme lo prestado porque trabajaba con Enrique Bañuelos en grandes proyectos. ¿Qué opción tenía? Yo no la iba sometiendo a un tercer grado. Pero me engañó durante 15 años, ocultando muy bien su alto nivel de vida tras recibir esos préstamos supuestamente para una inversión", apuntó el presidente de Crein.
Los vencimientos de esos préstamos los fueron aplazando porque "me decía que no podía pagarlos". "Tendría que haberlos exigido", reflexionó, a lo que añadió que cuando se enteró de todo lo ocurrido inició la "batería legal". "Después de todo eso, me enteré por la notificación de Hacienda de que yo soy cooperador necesario, y ahí me querellé contra ella", dijo.
Galiano mencionó igualmente unos correos que no fueron incorporados a la causa por decisión del juez en los que su exsocia le decía que necesitaba dinero para tratamiento de cáncer testicular de su marido y cáncer de tiroides de ella cuando, según él, no era cierto. En las conclusiones, su abogado, Andrés Zapata, hizo especial hincapié en estas comunicaciones, al igual que en otras relativas a que le habían propuesto entrar en Antena 3 y montar una sociedad para "tener también La Sexta".
Tras su testimonio se dio lectura a la declaración de Enrique Bañuelos cuando todavía figuraba como investigado en el procedimiento -posteriormente sobreseído-, quien se encuentra en Londres y fue imposible de contactar ni siquiera para que entrara por videoconferencia. En su comparecencia en el juzgado reconoció que otorgó un préstamo a De Maré, pero que le pidió la devolución de la cuantía -a diferencia de Galiano-. Igualmente, corroboró la versión de que adujo un cáncer para pedir dinero.
Seguidamente, fueron interrogadas las autoras de dos periciales, entre ellas una inspectora de Hacienda que concluyó que la que fuera vicepresidenta del grupo Crein recibió cantidades que eran ganancias patrimoniales que no declaró en el IRPF en lo que parecía una simulación de préstamos. Dinero que, tras ser rastreado, se comprobó que empleó en gastos de consumo corriente, compras en comercios, transferencias a empresas y a familiares o adquisición de viviendas.
En las conclusiones, tanto la Fiscalía como la Agencia Tributaria mantuvieron la petición de condena para ambos acusados, aunque con una notable rebaja en el caso de Sonia de Maré. Por atenuante de reconocimiento de los hechos y de reparación parcial de daño causado, la solicitud pasó de los 5 años y medio de prisión al año y siete meses, además de una multa. En el caso de Galiano, mantuvo los seis años y medio de cárcel como cooperador necesario y la multa.
La representante del Ministerio Público sostuvo que la exsocia de la inmobiliaria Crein recibió cantidades en concepto de pago de su trabajo que no tributó y tildó de "ilógico" que un empresario sin beneficio con esos préstamos no le pidiera la devolución. "Se simularon préstamos, se realizaron contratos privados, no se exigieron las devoluciones y no existió voluntad de hacerlo porque la acusada se gastó el dinero. Se cumplen todos los elementos propios del fraude fiscal", expuso.
Por su parte, la defensa de Galiano pidió la absolución de todos los condenados. "La Agencia Tributaria dio por buenos todos y cada uno de los préstamos. Sonia le dijo a mi representado que iba a pagar a Hacienda y que luego firmarían un contrato donde reconocería que devolvía el dinero. Ya en 2009 se hicieron contratos, por lo que no se formalizaron todos a la vez en 2014 como afirma ella", argumentó.
Apuntó, igualmente, que todo fue una "maquinación" de De Maré "para conseguir sus fines, jugando incluso con la enfermedad", y que hay una falta de prueba de la comisión del delito fiscal por parte de Galiano.
