el acusado ha abonado 19.000 euros en concepto de responsabilidad civil

La defensa del exdirector de Vaersa sostiene que los gastos de la tarjeta fueron validados por la empresa

Rosana B. Crespo

Felipe Espinosa, a la derecha, durante el juicio celebrado este lunes. Foto: VP

4/10/2021 -

VALÈNCIA. El exdirector de Vaersa con el PP entre 2007 y 2011, Felipe Espinosa, se ha sentado este lunes en el banquillo para la celebración de un juicio con jurado por las conocidas como 'tarjetas green' de la empresa pública dependiente de la Generalitat dedicada a la gestión medioambiental. La Fiscalía pide para él seis años de cárcel por un delito continuado de malversación por cargar a una cuenta asociada a la firma gastos personales, entre ellos costosas comidas.

El acusado ha abonado 19.000 euros en concepto de responsabilidad civil por los gastos de 2011 pese a insistir en su inocencia. Aunque el global de las cantidades no justificadas superó los 105.000 euros, lo ocurrido antes de 2011 se encuentra prescrito.

Su defensa ha negado el uso fraudulento de la tarjeta, ha asegurado que todo se debía al ejercicio de su cargo y que los justificantes fueron validados por la propia empresa y los cuatro exconsellers de los que ésta dependía: Esteban González Pons, José Ramón García Antón, Juan Cotino e Isabel Boing.

El Ministerio Público explica en el escrito de acusación que Espinosa disfrutaba de una tarjeta de crédito e-Business Visa asociada a su cargo político que debía ser empleada en relación con su actividad en Vaersa. Ésta tenía un límite económico de hasta 6.000 euros, fue dada de alta en agosto de 2007, cuando el acusado fue nombrado, y estuvo vigente hasta septiembre de 2013.

La Fiscalía cree que "a sabiendas del destino" que debía darle, la utilizó durante varios años para fines propios y particulares, totalmente ajenos la actividad empresarial de Vaersa. Aunque los gastos de los primeros años han prescrito, se le ha podido investigar por los efectuados desde el mes de enero de 2011 hasta su destitución en julio.

Durante este tiempo, y "causando un perjuicio al patrimonio público", señala el escrito, Espinosa realizó numerosas extracciones de efectivo desde diferentes cajeros automáticos, que generalmente ascendían a 500 euros cada vez, constando hasta 48 operaciones de esta clase (un total de 24.000 euros).

La gran mayoría de los gastos, expone la fiscal, fueron en restaurantes (un total aproximado de 54.000 euros) y entre ellos destacan especialmente los realizados los fines de semana en el club social de la Urbanización Alfinach, en la localidad de Puzol y donde residía el acusado. También las costosas comidas los viernes en el restaurante El Molí, de la misma localidad.

Otros usos significativos de la tarjeta, de acuerdo con la investigación, fueron las revisiones de su vehículo en el concesionario Jaguar/Land Rover, que alcanzaron los 6.478,56 euros, así como la gasolina para coches particulares pese a que contaba con uno oficial. Igualmente, se contabilizaron gastos en establecimientos comerciales como El Corte Ingés, Leroy Merlin o Consum y otros en una estación de esquí de Andorra.

La defensa defiende la "dedicación" que suponía el cargo

El abogado de Espinosa, que prestará declaración al final del juicio que tiene lugar hasta el miércoles, ha argumentado que los desplazamientos de su cliente eran constantes todos los días, incluyendo los fines de semana, por lo que los gastos de combustible resultan totalmente justificados y normales. También ha aludido a la dedicación extra de tiempo que le conllevaba el cargo en la empresa, incluyendo los sábados y domingos. Días en los que también mantenía reuniones de trabajo.

En cuanto a las cuantiosas retiradas de efectivo, ha indicado que respondía a anticipaciones de dinero por viajes que realizaba para "encontrar oportunidades de negocio". Viajes en los que, ha añadido, tenía que afrontar gastos, "no sólo suyos sino de la gente que le acompañaba y de clientes y proveedores".

"Él justificó los gastos de empresa a Vaersa, que lo comprobó todo y procedió a su pago con pleno conocimiento del consejo de administración. Pasaron no sólo por un filtro sino por seis. Estaba absolutamente contabilizado y nunca fueron cuestionados", ha señalado el abogado. Motivo por el que, en su opinión, no se desprende la comisión de delito "sino la total transparencia del uso de la tarjeta".