Juan José Galiano, presidente del grupo valenciano CreinVALÈNCIA. El juzgado de lo Penal número 2 de Valencia acoge este martes un juicio sobre delito contra la Hacienda Pública en relación al IRPF por el que se sientan en el banquillo el presidente de la inmobiliaria valenciana Crein, Juan José Galiano, y la extrabajadora Sonia de Maré.
Los hechos que dieron inicio a este procedimiento -y los cuales fueron detectados por la Inspección- se produjeron en 2010 y 2011, cuando, según el escrito de calificación de la Fiscalía, la que fuera empleada del grupo presentó las declaraciones del IRPF "sin incluir la totalidad de ingresos como retribución de su trabajo" al "simular una concesión de préstamos" -los cuales le había otorgado Galiano- por valor de unos 2,5 millones de euros durante esos dos ejercicios.
Estas cantidades, señala el Ministerio Público, no fueron realmente obtenidas en concepto de préstamo, sino que "se trató de una incorporación de fondos a su patrimonio como retribución de trabajo". Unas ganancias que, al no figurar en la autoliquidación del IRPF, provocaron una pérdida de ingresos para Hacienda de 441.404 y 603.149 euros entre 2010 y 2011.
De Maré, relata el escrito, suscribió durante estos dos años varios contratos de préstamo con la entidad Urbimetro -representada por Galiano- por 2,5 millones de euros. Igualmente, recibió del presidente del grupo Crein 188.000 euros, de los que únicamente fueron devueltos 96.550. En todos los casos, indica, los contratos se formalizaron en documento privado, sin elevación a documento público, con un interés del 4%, y sin que se estableciera ningún tipo de garantía para el caso de mora o impago, constando como finalidad "atender necesidades personales de la prestataria".
Los préstamos dados por Urbimetro fueron cedidos en su mayor parte a Grupo Crein (que participaba en un 99,70% en el primero, mientras que el 0,30% restante lo poseía Galiano) en concepto de pago de dividendo.
Todo ello, a juicio de la Fiscalía, es constitutivo de un delito contra la Hacienda Pública, del cual considera autora a De Maré y cooperador necesario a Galiano. Para la extrabajadora pide 5 años y medio de prisión por la "reparación parcial del daño causado" -al haber consignado 300.000 euros ante el juzgado- y una multa de 6,26 millones de euros. Para el presidente de Crein solicita seis años y medio de cárcel porque no existe "ninguna circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal" y la misma multa de 6,26 millones de euros.
El marido de la que fuera trabajadora de Crein es considerado partícipe a título lucrativo puesto que hizo la declaración conjunta con ella. La Fiscalía sostiene en su escrito que "desconocía" el presunto delito cometido por su mujer, si bien sí sería responsable civil respecto a la declaración de la renta correspondiente a 2011.
Apareció también en el procedimiento el empresario Enrique Bañuelos, quien a través de Veremonte dio 400.000 euros a De Maré en lo que se ha considerado probado que se trataba de un préstamo. Motivo por el que fue sobreseída la causa contra él, indica el Ministerio Público.
La defensa de Galiano, ejercida por el abogado Andrés Zapata, niega que la cantidad dada a la extrabajadora de Crein correspondiera al pago de ninguna actividad laboral y que todo corresponde a préstamos concedidos por "abuso de confianza". Prueba de lo que considera una estafa es que presentó una querella en otro juzgado contra ella en la que aportaba correos y conversaciones entre ambos con los que trata de probar que el fin no era defraudar a Hacienda sino que fue víctima de un engaño. Ésta fue archivada a la espera de que se resolviera el presente procedimiento, cuyo juicio se celebra este martes. Previsiblemente, dado que ya se ha suspendido en dos ocasiones anteriores.
