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La ampliación de la discordia

La futura ampliación del Puerto de Valencia será, como es costumbre, polémica. La inversión es de 1.400 millones y la instalación doblará su capacidad pero la factura ecológica puede ser enorme. Los empresarios apoyan el proyecto y los partidos del Botànic 2 no son capaces de ponerse de acuerdo

28/09/2019 - 

VALÈNCIA.- El Puerto de Valencia prepara su última y definitiva gran ampliación. Cuando se construya su nueva terminal de contenedores ya no tendrá margen para seguir creciendo a costa de ganarle terreno al mar. Ese espacio le permitirá duplicar su capacidad total actual, estimada en 7,5 millones de TEU —unidad de medida para un contenedor de veinte pies— gracias a su explanada de 140 hectáreas y nada menos que dos kilómetros de muelle. Los previsibles impactos sobre el entorno de esta gigante infraestructura han removido viejos fantasmas sobre el perjuicio que causaron ampliaciones anteriores, como la desaparición de la playa urbana de Nazaret, la regresión de las playas al sur —como Pinedo o El Saler— o la eliminación de la huerta de La Punta para construir una zona logística.

Al temor de que la segunda y definitiva fase de esta ampliación agrave esos efectos se suma la posible construcción de un túnel submarino para resolver el acceso por el norte, pendiente desde hace años. Esta infraestructura, más inmadura en su tramitación pero comparable a la nueva terminal en cuanto a su previsible impacto, es rechazada por determinados colectivos vecinales y ecologistas y suscita recelos hasta en el propio Ayuntamiento de València.

Las cifras que se manejan para este último estirón del Puerto de Valencia son de tal calibre que cuesta encontrar magnitudes comparables. Más de 1.400 millones de inversión público-privada, actuaciones sobre 450 hectáreas del lecho marino y un aumento de capacidad de cinco millones de TEU, los mismos contenedores que ahora moviliza el recinto a lo largo de todo un año. Los actuales responsables de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) justifican la necesidad de crecer ante el riesgo de que se produzca un colapso de capacidad a medio plazo, pero en las últimas semanas se multiplican las voces que cuestionan las previsiones económicas y de tráfico sobre las que se justifica ese macroproyecto. Para armarse de razones, la entidad que preside Aurelio Martínez ha promovido la realización de un estudio por parte de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) sobre el impacto económico de la obra, un trabajo patrocinado por el lobby logístico Propeller Club, la Cámara de Comercio y la patronal autonómica CEV, cuyas conclusiones se esperan para este mes de septiembre.

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El asunto ha devuelto al primer plano la siempre latente tensión entre los intereses del Puerto y los de la ciudad y su entorno. La determinación de la APV choca con la movilización de plataformas ciudadanas y colectivos de expertos críticos —arquitectos, ingenieros, economistas...— que exigen una moratoria para abrir un debate más amplio y profundo del balance entre costes y beneficios. Políticos de todos los colores se han sumado a este intenso debate para cuestionar o apuntalar el proyecto, algunos de ellos parapetados tras cargos institucionales.

* Lea el artículo completo en el número de 59 de la revista Plaza

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