Varios profesionales con material para protegerse del coronavirus en un hospital. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. La Audiencia Provincial de Valencia ha sobreseído provisionalmente la causa contra los altos cargos de la Conselleria de Sanidad por la falta de material frente a la covid. La investigación era llevada a cabo por el juzgado de Instrucción 1, que imputó el pasado septiembre, a raíz de una denuncia de un grupo de abogados, a la directora general de Recursos Humanos de la Conselleria de Sanidad, Carmen López, y al director gerente del departamento de salud Alicante-Hospital General, Miguel Ángel García, por la carencia de equipos de protección contra el coronavirus y de test para los sanitarios. Ambos tenían que declarar recientemente, pero se acogieron a su derecho a no hacerlo hasta que se emitiera el pronunciamiento conocido este miércoles.
La Fiscalía pidió el archivo al entender que no cometieron delito, pero el juez siguió adelante, de manera que el Ministerio Público recurrió ante la Audiencia, que ahora le da la razón. El magistrado consideraba que era prematuro el sobreseimiento porque era "obligación del instructor" reunir las diligencias de investigación para ponderar y valorar los hechos ante los "indicios racionales de criminalidad". Así, entendía que era necesario determinar si los altos cargos adoptaron o no "las medidas pertinentes para luchar, evitar, paliar o atajar la actual pandemia". Pero ahora tendrá que sobreseer.
El representante de la Fiscalía Jaime Gil insistía en su recurso de apelación en que en la denuncia no se determinaba "ni cuándo se han producidos los hechos, ni los concretos incumplimientos que en cada uno de ellos se ha producido, ni quiénes son los trabajadores afectados por el riesgo, ni cuáles son los equipos de protección personal que no se han proporcionado". Lo cual hacía, en su opinión, "no solo inviable y carente de toda lógica la investigación pretendida", sino que además ésta sería "genérica y prospectiva", lo que no permite la jurisprudencia. Para poder hablar de imputación penal, explicaba, "no basta con constatar la realidad de que existen carencias y retrasos en los medios de protección, sino si a los mismos se le puede considerar como legalmente obligados" a proveerlos.
Ahora, la Audiencia, en el auto de archivo, cree que el relato de la querella es insuficiente para abrir una causa penal, aunque la investigación se podría reanudar si hay nuevos datos. "La simple relación de normas, disposiciones, comunicados y solicitudes genéricas de diferentes entidades y corporaciones, a propósito de las medidas de seguridad necesarias para prevenir el contagio por Covid-19, no integra los requisitos de delito que se puede investigar ni la participación que pudieran tener los querellados", indica.
Los magistrados hacen referencia al criterio del Tribunal Supremo y razonan que, para que exista ese proceso penal, sería necesario "concretar las medidas de seguridad e higiene omitidas, los medios no facilitados a los trabajadores, el día o periodo en el que se produjeron los hechos, el centro donde se produjo la omisión, los trabajadores que desempeñaron su función sin los medios necesarios y en qué medida se vieron expuestos al riesgo para su salud e integridad física".
Con el carpetazo a esta investigación que cierra la única vía penal abierta en la Comunitat Valenciana para determinar la responsabilidad política sobre estos hechos, queda pendiente el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) sobre siete querellas contra cargos públicos del territorio por la gestión de la pandemia.
La Fiscalía pidió recientemente que no se admitieran al no apreciar delito y este jueves está previsto que se reúna el pleno del TSJCV para decidir sobre si las acumula o no (todavía no tratará el fondo del asunto).
Las denuncias se dirigían contra el presidente de la Generalitat, Ximo Puig; la consellera de Sanidad, Ana Barceló; el alcalde de València, Joan Ribó; la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero; el que fuera subdelegado del Gobierno en Valencia al inicio de la crisis, José Roberto González; el subsecretario de la Conselleria de Sanidad, David Fernández; la directora general de Asistencia Sanitaria, Amparo García; la directora general de Salud Pública y Adicciones, Ofelia Gimeno; la directora de Recursos Humanos de la Conselleria, Carmen López; la secretaria autonómica de Salud Pública, Isaura Navarro; y el concejal de Cultura Festiva, Carlos Galiana.
