Foto: EFEVALÈNCIA. En febrero sumarán ya tres años desde que el Ayuntamiento de València iniciara los trámites para la aprobación de la Carta Municipal para el Cap i Casal. Un documento con el que cuentan ya otras grandes ciudades de España como Madrid, Barcelona o Zaragoza, y que confiere un estatus especial a la urbe en competencias, financiación y autonomía dentro de cada comunidad. Pero hasta el momento, la capital del Túria sigue sin su propia Carta Magna.
Fue el 21 de octubre de 2018 cuando el consistorio presentó en la Generalitat Valenciana un escrito para iniciar formalmente el procedimiento que debe culminar en la aprobación de la Carta. En aquel documento, el Ayuntamiento solicitaba a la administración autonómica constituir la comisión mixta entre ambas instituciones para redactar la Carta Municipal definitiva, y nombraba así a sus representantes en dicho organismo. Tres meses después, en mayo, el Ayuntamiento insistía en pedir la constitución de la comisión, adjuntando en este caso un borrador de trabajo para la futura Carta de Capitalidad.
Pero aquellos dos movimientos son los únicos que constan en el expediente a fecha de octubre de 2020, y no consta hasta el momento que la constitución de la comisión se haya producido. "A la vista de los anteriores documentos, y tras diversas comunicaciones y reuniones mantenidas con empleados públicos del Ayuntamiento de València, actualmente se encuentra en fase de tramitación la designación de los vocales de la Generalitat y el Ayuntamiento de València", explica el secretario autonómico de Presidencia de la Generalitat, Andreu Ferrer, en respuesta a preguntas del PP en Les Corts Valencianes el 21 de octubre.
El alto cargo señalaba además entonces que la convocatoria de la comisión tendría lugar "próximamente". Y lo hacía precisamente el mismo día que el alcalde de València, Joan Ribó, daba un toque a la administración autonómica diciendo que "está en manos de la Generalitat avanzar en este asunto para normalizar la capitalidad valenciana como lo han hecho ya otros territorios". El organismo es imprescindible para dar cuerpo a la formulación legislativa que constituirá el anteproyecto de ley que más tarde debe aprobarse en Les Corts Valencianes.
Como publicó Valencia Plaza, el borrador de Carta propuesto por el consistorio recoge que los Presupuestos anuales de la Generalitat Valenciana deberán incluir una partida específica para la ciudad "que tenga en cuenta los efectos económicos y sociales de la capitalidad" y de acuerdo con criterios equitativos, independientemente del resto de instrumentos de colaboración económica que haya entra las dos administraciones. Una línea de financiación que se articulará mediante la firma cada año de un convenio de capitalidad entre Ayuntamiento y Generalitat.
Pero además, la Carta contiene un desarrollado apartado dedicado al ámbito competencial. Así, el consistorio ganaría competencias y derechos en materia de urbanismo, transporte, vivienda o comercio, adicionales a los que ya tiene atribuidos por la normativa estatal o autonómica, lo que le situaría en un escalón superior respecto a los otros municipios del territorio valenciano. Competencias, eso sí, que deberían ir acompañadas de "las dotaciones financieras suficientes", todas ellas fijadas en convenios, contratos-programas u otros instrumentos similares.
Por otro lado, el planteamiento realizado desde el Ayuntamiento a la Generalitat pasa por crear un Consell de la Capitalidad, un organismo con representación de ambas instituciones y que serviría de vaso comunicante para la propuesta y la negociación de proyectos y programas que afecten directamente a la capital. Sería órgano colegiado de carácter permanente para mejorar la coordinación y estaría formado por la Alcaldía de la ciudad -que ocuparía la presidencia de la mesa-; la Presidencia de la Generalitat Valenciana o un miembro delegado del gobierno valenciano; tres consellers de la Generalitat y tres concejales del gobierno local.
Entre otras cosas, este Consell de Capitalidad podría determinar los sectores de interés para ambas administraciones; impulsar actuaciones conjuntas; "analizar los costes que comporta la condición de capitalidad"; o incluso proponer la adopción de "medidas de coordinación" o mecanismos de "resolución de los conflictos" que se den. También tendría la capacidad de hacer propuestas de "proyectos normativos" que afecten "especialmente las competencias o intereses de València", así como adoptar acuerdos para delegar competencias e informar o proponer sobre inversiones de la Generalitat en la capital de la Comunitat.
