La Emshi acaba con el canon millonario aprobado por Crespo para Manises y Picassent

VALÈNCIA. Tras años de litigios entre la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) y los ayuntamientos de Manises y Picassent, el ente metropolitano pondrá fin al pago del canon millonario aprobado para los dos municipios cuando era presidente del ente y alcalde de Manises Enrique Crespo. Un punto de inflexión sobre el que informó este miércoles la presidenta de la Emshi, Elisa Valía, en la asamblea del ente.

Fue en 2006 cuando la asamblea de la Emshi dio luz verde al subsidio de cerca de medio millón de euros anuales para cada uno de los dos municipios por los supuestos efectos negativos provocados por las potabilizadoras que hay en sendos términos municipales. En 2011, con el cambio de la presidencia Arutro Ros, compañero de Crespo en el PP, el secretario y la intervención instaron a eliminar esta partida porque no existía ningún informe jurídico que la justificara, y se inició una batalla judicial que ha llegado hasta nuestros días y hasta el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

El ente metropolitano considera desde 2011 que se trata de un canon injustificado porque no existen externalidades de las mencionadas potabilizadoras, tal como corrobora un informe independiente elaborado por la Universitat de València, pero que se estaba cobrando a más de medio centenar de municipios del área metropolitana que conforman la Emshi. Finalmente, después de que la justicia diera la razón a los municipios, se ha encontrado una solución que encaja en el ordenamiento jurídico, tal como informó Valía.

El mecanismo ha pasado por modificar la normativa autonómica de régimen local. Un cambio que ya se ha realizado y que se aprobó en la ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat de 2021. Así, tras el cambio, la legislación actual especifica que las infraestructuras de la entidad metropolitana "no quedarán sujetas a tasas, precios o cánones que los entes locales puedan imponer por razón de su titularidad, uso, afecciones, actividad o rendimiento". Asimismo, a partir de este año, tampoco quedan sujetas a ningún tipo de subsidio, pago o compensación "externalidad alguna".

Así pues, con esta introducción en la ley, continuar pagando el canon resultaría ilegal, de manera que tanto Manises como Picassent dejarán de recibir casi medio millón de euros cada uno a partir de este año 2020. Dinero que, por ende, se ahorrarán el resto de municipios del área metropolitana. 

El municipio que más dinero se veía obligado a sacar de sus cuentas para este pago es València, que hasta ahora entregaba 478.000 euros al año. Otros casos sonoros son Torrent (49.500 euros), Paterna (42.200 euros), Mislata (26.300euros), Alaquàs (18.000 euros), Burjassot (23.000 euros), Albal (10.000 euros), o Catarroja (17.000 euros). Son algunos ejemplos.

Ocho años de litigios

Se pone fin así a una disputa que ha durado ocho años. En 2012 comenzó la batalla judicial, cuando la asamblea suspendió el subsidio y acordó estudiar otra fórmula compensatoria, con los votos a favor del PP -excepto los representantes de Manises, que se opusieron-, y en contra de PSOE -Picassent-, Podemos y Compromís. Alegaban los consistorios afectados que el sistema de tarifa existía antes de que se aprobase el canon y que si la potabilizadora permanecía funcionando en sus localidades, los efectos negativos por los que se percibían la compensaciones desde 2007 también se continuaban produciendo, pese a que ciertamente estas no se habían cuantificado. Además, esgrimían el "grave" perjuicio económico que la retirada del canon provocaría a sus ayuntamientos y proveedores.

Ambos consistorios acudieron a los tribunales, que en primera instancia dieron la razón a la Emshi. Entre otras cosas, el fallo en el caso de Picassent, de 2013, señala que en su día se quería compensar "por razones políticas" al municipio por la potabilizadora, por lo que las razones técnicas eran "vagas, imprecisas y no sujetas a fundamento real cuantificable y comprobable". De hecho, apostillaba que el Ayuntamiento seguía sin probar los efectos negativos por los cuales se le estaba indemnizando y en definitiva, el juez asumía que estaba ante "una apreciación discrecional acerca de los supuestos inconvenientes" de las potabilizadoras, por lo que compensar a un municipio era una decisión "con un fuerte componente de discrecionalidad política".

Los ayuntamientos no quedaron conformes con el fallo y elevaron el litigio al TSJ. Allí, ya en 2016, la justicia dio la vuelta a la tortilla y falló que la Emshi no había seguido el procedimiento adecuado para la anulación de los actos de 2006, además de asumir que sí existen perjuicios de las instalaciones en los municipios. "Ningún municipio gusta que se residencien en su territorio", explica la sentencia, infraestructuras como estas, pero "lo que no se puede hacer es primar al Ayuntamiento que acepta estos servicios y cuando el resto de los municipios han resuelto el problema de la depuradora, quitar la prima". En ese sentido, el magistrado avalaba el canon de un millón de euros anuales "hasta que sea sustituido por otro sistema".

Eso es lo que hizo la Emshi, ya presidida por el socialista Vicent Sarrià: otro sistema de un euro anual al que se sumarían las inversiones que se realizaran enlas potabilizadoras habida cuenta que la compensación, según los informes técnicos, no tenía por qué ser monetaria. Los dos ayuntamientos volvieron a presentar un contencioso y los juzgados volvieron a darles a razón sobre el nuevo esquema de cálculo, y la Emshi recurrió al TSJ, como publicó Valencia Plaza. El alto tribunal rechazó el recurso en el caso de Picassent. Queda por resolver la causa de Manises. Ahora, la Emshi da con una formula legal que le impide legislativamente pagar este canon.