La encrucijada de los bloques portuarios divide al Ayuntamiento de València y atrapa a 360 vecinos

VALÈNCIA. Más que un edificio, se trata de una metáfora. Los bloques portuarios son ahora un inmueble solitario, sin destino concreto, en el que están atrapadas más de 360 personas entre inquilinos y propietarios, según las estimaciones de Diego Linares, portavoz de los propietarios. Es uno de los mejores ejemplos del fracaso del plan del Cabanyal que emprendió Rita Barberá. Antes de que se iniciara la infructuosa y fallida ampliación de la avenida Blasco Ibáñez era un bloque al uso; ahora es objeto de toda clase de anatemas, tras más de dos décadas de abandono institucional y casi 30 años fuera de ordenación urbanística. Con familias ocupas en riesgo de exclusión, los bloques viven con el sambenito de ser un punto desde el que supuestamente se distribuye parte de la droga que se vende en el barrio, un prejuicio que rechaza de pleno el entorno del alcalde de València. “Que quede claro: los bloques portuarios no son un foco de delincuencia”, advierten miembros del equipo de Joan Ribó.

El año que viene se cumplirán 65 años de su construcción. El futuro del edificio está repleto de incógnitas. Sus vecinos, propietarios e inquilinos, saben que sobre todo está en manos de los técnicos del Ayuntamiento de València. Ellos analizarán y después dictarán sentencia. En el consistorio la premisa al respecto está clara. Ribó ha sido explícito: el derribo es la última opción. “Pero no queremos que se le caiga el techo encima a los vecinos”, advierten desde Alcaldía. 

Y es que un informe de AUMSA sobre el edificio, de 350 páginas aproximadamente, incluye entre las patologías que afectan a los bloques la existencia de problemas estructurales. Este martes el concejal de Desarrollo Urbano, Vicent Sarrià, tiene previsto reunirse con los propietarios, explica Linares. Si bien no ha trascendido el contenido de la reunión, sobre la mesa se prevé que se halle este informe que advierte sobre la necesidad de una rehabilitación integral que tendría un coste por encima de los 14 millones de euros. 

Frente a este informe de AUMSA, prácticamente al mismo tiempo la Concejalía de Vivienda de María Oliver ha redactado otro cuya tasación de la rehabilitación es considerablemente menor: 2,3 millones. Es más, desde su partido, València En Comú, se aboga por que si fuera necesario el Ayuntamiento abonara parte de la rehabilitación. En esta Concejalía están convencidos de que el edificio no se encuentra en tan mal estado. El informe de Vivienda recalca en su último párrafo que la impresión negativa y pesimista generalizada sobre el estado del edificio es más debido a una visión superficial del mismo y al “estigma negativo, contaminado y de rechazo social hacia parte de sus actuales vecinos, algunos habitualmente ociosos en los alrededores del edificio”, que a la realidad técnica y objetiva. Salvo que aparezcan patologías sobrevenidas inesperadas, el edificio, dicen, puede seguir en pie.

Es miércoles por la mañana. Amenaza lluvia. Linares está recorriendo el edificio cuando sale a su paso un vecino, José Luis Giménez. Llega con su furgoneta cargada y aparca al lado del inmueble con las ventanillas abiertas. Se acerca a Linares.

—¿Viste el programa anoche? —pregunta.

—Sí, claro —le replica Linares.

—No me gustó nada. Me entrevistaron durante media hora para luego no sacar nada. Yo que tengo la casa impecable —cabecea molesto.

—Lo entiendo —asiente Linares— pero recuerda que estuvieron tres días y el espacio no duraba mucho.

El programa del que hablan es ‘En el punto de mira’ de Cuatro, que dedicó un segmento a la vivienda pública y que empleó el caso de los bloques portuarios como paradigmático. La situación fue divulgada también dentro de una sección del programa de Ana Rosa Quintana en las mañanas de Tele 5.

 “Yo sabía que no les iba a gustar” confiesa después Linares. Aunque percibió en la periodista y en su equipo “sensibilidad social”, él mismo es consciente de que se trataba de “televisión”. Iban a optar por las situaciones más extremas. El drama. El conflicto. Pese a ello quiere ver el lado positivo y es que esta atención mediática a nivel nacional ha servido para rescatarles del silencio al que parecían condenados. “Para ser televisión no estuvo mal”, sonríe. 

Mientras camina alrededor del edificio Linares observa a Basilia, una anciana gitana en silla de ruedas que es parte de la postal de los bloques desde hace unos años. “Conforme va moviéndose el sol la van moviendo en torno al edificio”, explica. Basilia parece saludarle con la mirada. Linares le responde levantando su mano derecha.

—Buenos días —le dice.

Los bloques están compuestos por personas de muy diferente condición. Hay 168 viviendas. 91 son de particulares. La Generalitat es la propietaria de 36, la sociedad Plan Cabanyal 34 y el propio Ayuntamiento de València es el dueño de siete. Según una estimación que manejan los propietarios, poco menos de 50 están ocupadas; suponen más de la cuarta parte. De los 12 portales, cuatro tienen las zonas comunes en perfecto estado y tres aún cuentan con ascensor en uso. Hay tres portales sin viviendas ocupadas. En el otro extremo se encuentra la escalera 25, donde hay 10 viviendas ocupadas; es la que más ocupas tiene de los 12 portales.

En las viviendas ocupadas hay de todo; desde las que se encuentran degradadas y son insalubres hasta las que se hallan en perfecto estado y en las que los ocupas, familias gitanas la mayoría, no sólo han cuidado la casa sino que han arreglado desperfectos y han hecho obras de mantenimiento. También hay casos de ocupas que se hallan con permiso de los propietarios, que prefieren que esté en la casa alguien conocido “que no la va a destrozar”. En ocasiones han sido estos ocupas los que han avisado a otros propietarios de que alguien había entrado en su casa. 

Algunos propietarios abandonaron sus viviendas por cuestiones personales y agobiados por los problemas de convivencia que provocan determinados ocupas. Ése es el caso de una jubilada que dejó el edificio cuando le diagnosticaron una afección que le imposibilitaba vivir en un piso sin ascensor. Su hija aún se quedó en el piso unos años hasta que, cansada por el entorno, decidió mudarse. 

La casa está ahora destrozada, llena de chinches, pulgas. Todos los días, relata Linares, la mujer pasa por el edificio para comprobar que no le han reventado la puerta. “Pese a sus problemas de salud, cada mañana se sube los seis pisos a pie”, detalla. Con una pensión exigua, la mujer no podría pagar la rehabilitación integral. 

Una de las personas que más tiempo lleva luchando contra los prejuicios que sufren los vecinos de los bloques es Tomás Correas, de Millorem Cabanyal. Alquilado en un apartamento del Ministerio de la Vivienda, Correas se encuentra estas semanas muy atareado porque está en el equipo de la película El silencio del pantano, que dirige Marc Vigil y que está basada en la novela del escritor valenciano Juanjo Braulio. Correas relata como esa misma mañana han tenido que encontrar a 30 figurantes para una de las secuencias. La producción está siendo una pequeña conmoción en el barrio.

Correas departe con Linares sobre el programa del miércoles. A él tampoco le ha gustado.

—Yo no les llamé, Tomás; vinieron ellos. Preguntaron por nosotros. Y eso está bien. Es que se preocupan por nosotros.

Mientras hablan una de las vecinas, gitana, se asoma por la ventana y se dirige a Linares.

—¿Tú eres el de la plataforma de propietarios?

—Sí, ¿por qué? —le pregunta él.

—Quiero hablar luego contigo. Soy propietaria; la del segundo —dice ella señalando al portal.

Linares asiente. En los últimos días, tras la llegada de las cámaras de televisión y la grabación del programa, muchos propietarios gitanos se habían mostrado más cercanos y se estaban aproximando a la plataforma, compuesta mayoritariamente por payos. Los problemas comunes y la indefinición que rodea al edificio, así como el miedo al derribo, han hecho que se empiecen a vencer recelos, aunque sea tímidamente.

Porque esa amenaza, la del derribo, pende sobre ellos. El concejal de Desarrollo Urbano no ha ocultado nunca que es partidario de esta opción, si bien con el objetivo a posteriori de volver a edificar un inmueble de vivienda pública; el eufemismo es reedificación. Así lo admitió en una entrevista concedida a Valencia Plaza en la que dejó de manifiesto que para él sería mejor “sustituirlo”, después de haberlo negociado con la Generalitat. Entre los argumentos que esgrime para ello se halla el alto coste de la rehabilitación, según el informe de AUMSA. En ningún momento de la entrevista aludió a los problemas estructurales antes mencionados. El hecho de que dichas patologías no les hayan sido comunicadas de manera inmediata a los propietarios es interpretado por éstos y por los vecinos como una señal clara de que “tan graves no deben ser”. 

Aún así los propietarios insisten en que buscan vivir en “las mejores condiciones”. Por eso, ante la disyuntiva rehabilitación o reedificación dice Linares que no pueden elegir “hasta no saber qué condiciones nos ofrecen para cada una de las opciones”. De hecho muchos propietarios piensan que el derribo es la forma más radical de forzar a la Administración a resolver los problemas sociales que han conducido a este callejón sin salida. Piensan que si se rehabilita desde las administraciones intentarán “hacer la vista gorda” con los problemas de ocupación y convivencia. 

Los propietarios son gente trabajadora mayoritariamente; también hay muchos jubilados y cuatro pisos son de bancos. Desde la plataforma están en constante contacto con arquitectos como David Estal, quien, de modo altruista, lleva años colaborando para salvar los bloques portuarios. Estal trabaja en el Cabanyal, en la restauración y rehabilitación de varios inmuebles, y conoce perfectamente las patologías que sufren los edificios de la zona. Su visión es muy apreciada en Alcaldía y los principales asesores del alcalde, entre ellos Sandro Pons, tienen muy en cuenta sus opiniones. Si existe una posibilidad de salvar el edificio, aseguran, se encontrará. A ello se afanan.

La propuesta de Desarrollo Urbano se sitúa por encima de los 80.000 euros por vivienda; la de Vivienda, en 8.125 euros para las casas en planta baja y 14.674 para las en escalera. La impresión de algunos de los propietarios es que la intención del Ayuntamiento es emplear estos problemas estructurales como herramienta para forzar la reedificación; o sea, el derribo y nueva construcción. Si es la mejor opción la apoyarán, pero para eso precisan de información veraz. 

En general, la crítica principal es que se tiene la impresión de que en el Ayuntamiento, y especialmente en Urbanismo, se les está ocultando información. “Están jugando en la sombra”, se queja Correas. Por eso él es partidario de que se ponga en marcha el censo que solicitó València En Comú. Con él en la mano se podrá negociar con las cartas sobre la mesa. Como apunta María Oliver, lo lógico es que fueran los vecinos los que decidieran qué tipo de rehabilitación quieren para el inmueble. 

Entre las críticas que se vierten al informe de AUMSA es que en él se demandan actuaciones que no se han realizado en ningún otro inmueble del barrio. Entre estas exigencias se hallan obras para mejorar la eficiencia energética del edificio o el aislamiento integral. “No podemos dejarlo sólo en una mano de pintura”, apuntan desde la Concejalía de Desarrollo Urbano. “A nadie más se lo han pedido”, responden los vecinos. 

Otro ejemplo de esta doble vara de medir que se cita es que todos los vecinos de los bloques, incluidos ocupas, han recibido una carta de Disciplina Urbanística en la que se les exige un pago por los desperfectos de las zonas comunes, una reclamación que no comprenden. Si todavía no está claro cuál es el destino del edificio, ¿por qué les han enviado esa carta? ¿Para amenazarles con que si no se van tendrán que pagar se haga o no rehabilitación? 

Correas insiste en que él lo que solicita es una salida lógica a la cuestión, que no se deje a “familias enteras en la calle”, que se les ofrezca alternativas y que éstas sean factibles y posibles de cumplir. La gente está esperando a que se les diga que deben hacer. Quieren tener obligaciones. Linares, por su parte, lamenta la escasa actuación que ha habido por parte de Servicios Sociales en estos años. 

Este noviembre está previsto que Brúfol abra el bajo cedido por la Concejalía de Inserción Socio-Laboral. Su regidora, Isabel Lozano, visitó hace medio año este espacio propiedad del Ayuntamiento que se hallaba sin uso. La pregunta que algunos se hacen es por qué esto no estuvo en marcha hace tres años, por qué se ha tardado tanto. El propio Linares comenta cómo le sorprendió en una ocasión que cuándo fue a Servicios Sociales y les explicó los problemas que sufrían, la respuesta que recibió es que denunciaran a los ocupas. “Queremos que les ayuden a encontrar viviendas de realojo, no recurrir a las denuncias y a la Policía”, comenta.

Correas se despide. Linares saluda a su pareja, Deng Qiulan, a la que todo el mundo llama Moli. De origen chino, le está sonriendo desde la ventana. Linares le dice de bajar. Ella así lo hace. Mientras, un vecino llega del supermercado con la compra. El día se está empezando a aclarar. Parece que no va a haber finalmente tormenta. 

Mientras espera a su pareja, Linares expresa su preocupación por el futuro del edificio, tanto a nivel humano como técnico. Sobre este último asunto ha consultado con su padre, arquitecto, y con amigos aparejadores y arquitectos. La mayoría se muestran convencidos de que se podría mantener, pero su padre le ha advertido de que “los técnicos nunca se pillan los dedos”; entre dos opciones, siempre escogerán la más tremendista. “Pues a mí me gusta el edificio”, comenta Kike Taberner. “Tiene personalidad”, asiente Linares. Una definición que se usa habitualmente en los informes técnicos para describirle es “robusto”. 

Pero más allá de la solidez de los bloques, a Linares lo que le inquieta es la solidez de la sociedad. “Se habla mucho de los informes pero no del tema social”, señala. Para él hay un problema más grave que los fallos de la estructura del edificio, el que afecta a los pilares de la València del siglo XXI, el que ha provocado que haya familias en exclusión social que han encontrado su techo pegándole a una patada a una puerta. Y de eso no se habla. Los problemas de convivencia, la insalubridad, la seguridad física, lo ocupan todo e impiden preguntarse lo que quizás sea más relevante: ¿Cómo puede haber sucedido esto? ¿Por qué?