Hoy es 15 de agosto
VALÈNCIA. Aumento de las listas de espera, mobbing, despidos y fraccionamiento de contratos que ya investiga la Justicia. La gestión pública del Hospital de La Ribera, situado en Alzira, no está siendo en sus inicios tan de color de rosa como la pintó la adalid de la reversión de esta concesión sanitaria, que no es otra que la ministra de Sanidad, Carmen Montón.
La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias para investigar una denuncia por prevaricación y malversación de caudales públicos contra los nuevos responsables del Hospital de La Ribera tras la reversión de este centro a la gestión pública que tuvo efecto el pasado 1 de abril. Entre los denunciados se encuentra la propia Montón, que hasta principios de junio era consellera de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat valenciana, así como su sucesora y actual consellera, Ana Barceló. La apertura de diligencias, adelantada por el diario Las Provincias, ha sido confirmada por fuentes de la Fiscalía.
Según ha podido saber Valencia Plaza, la denuncia fue interpuesta por un trabajador, responsable de compras en la etapa en que el centro era gestionado por Ribera Salud, después de que los nuevos responsables del departamento decidieran el pasado mes de marzo, según su relato, hacer caso omiso de sus advertencias sobre la necesidad, a partir del 1 de abril, de sacar a licitación las compras superiores a 15.000 euros, como obliga la Ley de Contratos del Sector Público. En lugar de eso, siempre según la denuncia, los responsables habrían decidido y ordenado trocear los contratos para que no superasen esa cifra.
Este trabajador asegura haber advertido en numerosas ocasiones, después del 1 de abril, de la ilegalidad de no convocar un concurso en un centro cuyas compras ascienden a 42 millones de euros al año. Solo en el departamento de Farmacia son más de 9 millones. En la denuncia aporta pruebas de adquisiciones de lotes de productos idénticos en diferentes contratos con muy pocos días de diferencia.
El denunciante sufrió desde que la Conselleria que dirigía Carmen Montón tomó el mando del hospital una situación de mobbing que denunció ante la Inspección de Trabajo. El primer día fue relevado de su cargo de jefe de compras y se le comunicó que iba a ser despedido. Otros once directivos del hospital fueron despedidos el primer día y, según publicó El Mundo el pasado sábado, la primera sentencia de los juzgados de lo Social es de improcedencia y obliga a readmitir a la directiva o a indemnizarle con 143.000 euros.
Sin embargo, este empleado del Departamento de Compras no fue finalmente despedido pero se le prohibió la entrada en el departamento y se le relegó a un sótano del hospital habilitado como archivo documental y, después de quejarse por ello, a la biblioteca del hospital. Durante ese tiempo no se le asignaron funciones, a pesar de que lo pidió por escrito cada día, y al llegarle la nómina de abril se encontró con que se le había rebajado el sueldo un 57% sin ningún aviso ni justificación.
Según refleja el acta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el Hospital de La Ribera cometió entre el 1 de abril y el 21 de mayo -fecha de la inspección- una clara y manifiesta vulneración del derecho a la dignidad del trabajador" al "excluirlo del Departamento de Compras y de sus funciones como jefe, al reubicarlo fuera de su servicio habitual, al no encomendarle tareas o funciones algunas y al reducirle sustancialmente sus retribuciones sin ni tan siquiera emplear para ello la vía legal de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo".
El trabajador fue despedido "por causas objetivas" de reorganización el pasado 13 de julio, tres semanas después de entregar su escrito a la Fiscalía.