La Generalitat suprime la prueba de ruido para los coches en la ITV

VALÈNCIA. La Generalitat Valenciana suprimirá a partir del 1 de enero la prueba de ruido en la revisión de ITV. Una rebaja que ya había sido avanzada por el conseller de Economía, Rafa Climent, pero que finalmente será una realidad, lo que supondrá un descenso en las tarifas de este servicio en la autonomía, una de las más caras de España y que era, además, la única que la realizaba. 

Así consta en la Ley de Medidas Fiscales para 2023, conocida como ley de Acompañamiento, publicada este viernes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), en la que se incluye la eliminación de esta prueba. En concreto, se modifica el apartado 3 del artículo 2 del Decreto 19/2004, que regula el control del ruido producido por vehículos de motor. 

De esta forma, el nuevo redactado señala que "la comprobación de la emisión sonora en las estaciones de inspección técnica de vehículos en la Comunitat Valenciana será obligatoria para aquellos vehículos que determine la normativa estatal". Y, cabe recordar, que en el resto de España no se aplica esta prueba a los vehículos, únicamente a ciclomotores, motos y quads, por lo que quedaría eliminada en la región valenciana, salvo que así se fijará en un futuro en el resto del país.

Se trata de una medida que ya anunció el propio conseller Climent, en una entrevista en Plaza Podcast, en la que apuntó que la intención de su departamento era eliminar la prueba de ruido para lograr una rebaja de las tarifas del servicio que, además, este 2023 pasará a la gestión pública. De hecho, Economía ya ha creado la nueva empresa pública Sociedad Valenciana de Inspección Técnica de Vehículos (SVITV), que gestionará a partir de febrero el servicio de ITV en la Comunitat Valenciana.

La desaparición de esta medición supondrá una bajada inmediata de 11,25 euros sobre las tarifas vigentes actualmente, que superan los 67 euros para turismos diésel y los 52 euros para los de gasolina. Los vehículos pesados pagan 86,90 euros.

Las tarifas de ITV que se pagan en la Comunitat Valenciana subieron de forma sustancial el pasado mes de marzo al aplicarse la sentencia que anuló las rebajas en el coste de la inspección aprobadas por la el Gobierno valenciano en 2014 y 2019. El cuadro tarifario que se aplica desde el pasado 24 de marzo es por tanto el mismo que estuvo vigente hasta 2014, cuyos precios estaban congelados desde 2009.

Las rebajas anuladas hasta en dos ocasiones por los tribunales consistían precisamente en la eliminación, primero por parte del Consell de Alberto Fabra y posteriormente ya con el Consell del Botànic, de las pruebas ruido y emisiones de gases contaminantes. Es por ello que la adecuación de las tarifas que pretende realizar el Consell para adaptarlas a los costes del servicio comenzará por la eliminación de la prueba de sonometría.

Reversión del servicio

Será este 2023 cuando la Generalitat asumirá directamente el servicio a través de esta nueva mercantil pública. Una reversión anunciada tras más de 25 años de concesión. En un principio estaba fijada para el próximo 1 de enero, pero finalmente Economía concedía una prórroga a las empresas como compensación por las pérdidas en el negocio por el tiempo que permanecieron cerradas durante la pandemia. El plazo de ampliación será de entre 55 y 62 días, según los casos.

Esta diferencia de plazos es debida al hecho de que la desescalada del confinamiento se produjo en diferentes momentos en las áreas de salud de la Comunitat Valenciana. Por tanto, el contrato se prorroga duración 55 días, es decir, hasta el 24 de febrero, para las estaciones de ITV de Alcoy, Benidorm, Gandia, Ondara, Ontinyent, Orihuela-San Bartolomé, Redován, Torrevieja, Utiel, Villena, Vinaròs y Xàtiva.

En cambio, se amplía en 62 días, hasta el 3 de marzo, en las estaciones de ITV de Alicante, Alzira, Castelló, Catarroja, Elche, Llíria, Massalfassar, Riba-roja de Túria, San Antonio de Benagéber, València-Campanar, València-Vara de Quart y Vila-real. A partir de ese momento, la Sociedad Valenciana de Inspección Técnica de Vehículos (SVITV) gestionará el servicio.

Eliminación "unilateral y a escondidas"

Tras la publicación de la Ley de Acompañamiento, Aecova-ITV ha tachado la eliminación de la prueba de ruido de "unilateral y a escondidas" y ha aseverado en un comunicado que la medida "obliga" a las concesionarias a iniciar un "ERE que afectará a 300 personas" y poner en marcha, desde el lunes 2 de enero, "las conversaciones con los sindicatos y los delegados de personal para la extinción de los contratos afectados por la decisión del conseller" de Economía, Rafa Climent.

"Salvo que haya sido un error de previsión, entendemos que la decisión puede significar el colapso y un caos en el servicio público", ha señalado la asociación, que ha reprochado "la improvisación y mala fe del conseller Climent al modificar una ley sin avisar, sin tener la decencia política de comunicárselo a las todavía empresas concesionarias".

Las empresas concesionarias consideran que "esta falta de seriedad y de planificación modifica, en el último momento y sin previo aviso, las premisas sobre las que la Conselleria de Economía concedió a las empresas la prórroga".

Asimismo, la asociación ha denunciado "la incongruencia que significa respecto a lo manifestado por el conseller a las empresas, desdiciéndose de la palabra dada y de las últimas noticias publicadas por los medios de comunicación". Algo que "parece tratarse de una acción premeditada con la que se desafía a la eficiencia de gestión y al principio de proporcionalidad", ha afirmado.

AECOVA calcula que, según una "primera valoración del impacto" que tendrá la medida, "un 20% de la plantilla actual de las ITV en la Comunitat Valenciana se verá afectada (unos 300 trabajadores) y un 90% de las inspecciones técnicas de vehículos".

Por otro lado, ha asegurado que "la eliminación de esta prueba, significa también un nuevo desequilibrio económico y una reducción de ingresos no contemplada en las premisas por las que se les concedía la prórroga a las concesionarias". Además, ha añadido que "los propios presupuestos de la empresa pública quedan desfasados y superados".