Modesto Crespo, expresidente de Coepa. Foto: EFEALICANTE. La resolución del concurso de acreedores en el que se halla inmerso la patronal alicantina, Coepa, y la denuncia presentada contra la organización empresarial por el Servef (que la acusa de fraude en subvenciones, estafa, apropiación indebida e insolvencia punible en la tramitación de las ayudas para su centro de oficios) avanzarán en paralelo en los próximos meses. Si los acreedores no aceptan el convenio y el plan de viabilidad presentado por la patronal (que, como ha publicado Valencia Plaza, se basa en una quita del 95% para los acreedores ordinarios y la dación en pago del centro de oficios al Instituto Valenciano de Finanzas), todo indica que Coepa se verá abocada a la liquidación.
No obstante, la desaparición de la patronal alicantina como persona jurídica no extinguiría las eventuales responsabilidades penales que pudieran derivarse de la denuncia presentada por la administración autonómica. Según distintos abogados mercantiles consultados por este diario, serían los dirigentes que estaban al frente de la patronal en el periodo investigado (es decir, los integrantes de su comité ejecutivo) los que "heredarían" dichas responsabilidades.
De esta forma, si el juez o la Fiscalía hallasen indicios de delito en la tramitación de las ayudas al centro de oficios, tal como denuncia el Servef, y en ese momento Coepa ya hubiese sido liquidada al no superar el concurso de acreedores, la justicia podría actuar contra los empresarios que dirigían la patronal en esa etapa. Cabe recordar que durante el periodo denunciado Coepa tuvo tres presidentes: Joaquín Rocamora, Modesto Crespo y Rafael Martínez Berna. Cada uno con su respectivo comité ejecutivo, aunque la mayoría de los nombres se repiten de un periodo a otro.
En la Comunitat ya existen precedentes de actuaciones punitivas contra consejeros de una entidad sancionada por su actuación. Concretamente, la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR). El Banco de España sancionó tanto a la entidad como a 37 de sus exconsejeros por el déficit de recursos propios en el que incurrió la SGR antes de su refinanciación en julio de 2013. Pese a las alegaciones de los exconsejeros, el regulador mantuvo las sanciones, aunque redujo su cuantía considerablemente para no penalizar una actividad que, además, no estaba remunerada.
En el caso de la patronal alicantina, las responsabilidades de los dirigentes durante la etapa denunciada por el Servef podría ir más allá de las meramente económicas, dado que la administración valenciana denuncia varios presuntos delitos. Salvando las distancias, se trata de un caso similar al de la patronal castellonense, la CEC, procesada por un presunto fraude de 1,8 millones de euros en cursos de formación. Un caso en el que también se ha imputado a la propia patronal autonómica, Cierval, y que apunta a lo que podría suceder en el caso de Coepa si finalmente de la instrucción judicial se derivasen indicios de delito.
Entre el empresariado alicantino, precisamente, hay voces que proponen una liquidación ordenada de Coepa y fundar una nueva organización, sorteando el supuesto de sucesión de empresa, que nazca sin las hipotecas de la actual. En cualquier caso, las eventuales responsabilidades penales se "heredarían" por los dirigentes que tomaron o avalaron las decisiones denunciadas.
