El futuro de la Marina, paralizado un año más por falta de acuerdo

VALÈNCIA. La situación de impás administrativo de La Marina de València continuará un año más. Las administraciones valencianas y el Gobierno de España mantendrán vivo el Consorcio Valencia 2007, gestor de La Marina, durante al menos doce meses más en situación de liquidación mientras se busca un acuerdo para aclarar su futuro.

El consorcio está constituido por el Gobierno central, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de València. Pero desde finales de 2021 se encuentra en fase de liquidación después de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez asumiera los más de 400 millones de euros de deuda del ente. Un proceso, el de la liquidación, que sigue en marcha y que se esperaba finalizar este año 2022. Pero no será así: las administraciones se darán más tiempo.

Este martes, el alcalde de València, Joan Ribó, y la secretaria de estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, mantuvieron una reunión telemática en la que la representante del Ministerio de Transportes comunicó que la situación del consorcio actual "se mantendrá como está ahora mismo" durante un año más, según explicaron fuentes conocedoras de las conversaciones.

El 31 de diciembre de 2022 expiraba la cesión del uso de los terrenos y espacios de La Marina otorgada por el Puerto de València al Consorcio. Por ello, la Autoridad Portuaria ya se preparaba para asumir la gestión de los terrenos de su propiedad -la Marina sur- y las concesiones asociadas a los mismos. De hecho, ya lo había comunicado a las empresas instaladas allí.

Por su parte, el Ayuntamiento de València también había previsto hacerse cargo de los terrenos que pertenecen a la ciudad -la Marina norte- hasta el punto que había incluido las partidas presupuestarias pertinentes en las cuentas municipales del año que viene, donde se recogían los ingresos por las concesiones de estos espacios y los gastos de personal, funcionamiento y mantenimiento. Todo ello en previsión de que el consorcio acabara por liquidarse y la Marina pudiera quedar disgregada.

Sin embargo, no será así. La falta de acuerdo sobre la propiedad de los terrenos y la fórmula de gestión ha obligado a postergar la fecha límite marcada en el calendario. Una prórroga anunciada por el Ministerio de Transportes que deberá materializarse en el consejo rector del mismo Consorcio Valencia 2007 para solicitar, desde allí, una nueva cesión de uso a la APV para un año más.

Por esta vía, el consorcio seguirá gestionando el día a día de La Marina. Ahora bien, uno de los grandes problemas es la parálisis en cuanto a inversiones y grandes contratos que deberían licitarse. En esta situación de interinidad ya duradera, la contratación de obras y servicios importantes es más "complicada" a nivel jurídico.

Los puntos conflictivos de la negociación

De esta manera, las administraciones salvan de la inseguridad jurídica a La Marina y ganan tiempo para alcanzar un acuerdo sobre el futuro de su gestión, para la que Ribó exige una "unidad de acción" de alguna manera. Esto es, que las diferentes administraciones involucradas -Gobierno, Generalitat y Ayuntamiento- tomen parte en esa solución, que en principio pasaría por crear un nuevo organismo -una empresa o fundación- que suceda al consorcio.

Otra cosa diferente es la propiedad de los suelos, algo que también ha constituido motivo de debate en los últimos meses. La Marina norte pertenece al Ayuntamiento; la Marina sur y la lámina de agua, al Puerto. Y en ese sentido, Ribó exige la entrega de los terrenos del sur a la ciudad, mientras que el president de la Generalitat, Ximo Puig, exige lo propio sobre la lámina de agua para la administración autonómica -que tiene las competencias de puertos deportivos-.

Por el momento, el Ministerio de Transportes, que dirige Raquel Sánchez, de quien depende en última instancia el Puerto de València, ya ha dejado claro que no va a dar los terrenos que pide el alcalde. Sobre la lámina de agua, falta concreción, pero según fuentes consultadas por este diario, también habría reservas porque el movimiento podría provocar exigencias similares en otras ciudades costeras.

Hay un punto de la negociación en el que Ribó sí ha conseguido un compromiso del Ministerio, y se refiere al concurso público que prepara el Puerto para adjudicar la gestión de los 200 amarres de La Marina. Ya se han interesado empresas gestoras de marinas de lujo, de hecho, y el alcalde pidió que los pliegos que regirán la licitación estuvieran consensuados con el Ayuntamiento, y así será finalmente. Sobre el resto, sin embargo, sigue sin haber acuerdo.