La Sareb opta por vender los edificios que iba a desalojar para seguir con su plan de desinversión  

VALÈNCIA. Vecinos de Torrent, Alfafar y Riba-roja recibían estas semanas notificaciones de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) para abandonar sus viviendas. No obstante, finalmente la entidad decidía frenar los desalojos y buscar una solución con ayuntamientos y Generalitat a largo plazo. Eso sí, en los tres casos la opción más factible para la compañía es vender los inmuebles ya que se encuentra en pleno proceso de desinversión de su cartera, especialmente de activos en el mercado del alquiler.

La entidad, participada al 55% por capital privado y en un 45% por capital público a través del FROB, fue creada en 2012 con la misión de gestionar y desinvertir la cartera de activos financieros e inmobiliarios de las nueve entidades financieras que recibieron apoyos públicos: BFA-Bankia, Catalunya Banc, Novagalicia, Banco Gallego, Banco de Valencia, BMN, Liberbank, Caja 3 y CEISS. Su vigencia se fijó en 15 años, por lo que en 2027 expirará su mandato. 

Como consecuencia, hace años que se encuentra en un proceso de venta de activos para ir rebajando su cartera de inmuebles, especialmente en el mercado del alquiler. Y es que, la actual Ley de Arrendamientos Urbanos indica que los contratos de alquiler se amplían por 7 años si el arrendador es una persona jurídica, como es el caso de la Sareb. De este modo, extender ahora los contratos de las viviendas que iban a ser desalojadas supondría sobrepasar el umbral de 2027, momento en el que la entidad está abocada a extinguirse. Por ejemplo, en Riba-roja los primeros alquileres comenzarían a vencer en 2023, por lo que la prórroga se alargaría hasta 2029. Una situación inviable porque la Sareb ya estará extinguida.  

"La Sareb tiene un mandato por ley y le quedan unos años. Por eso, estamos en una estrategia de desinversión muy clara que pasa por ir reduciendo nuestra cartera de alquileres para venderlos", explican desde la compañía. Por ello, la entidad que preside Jaime Echegoyen opta por desprende de todos los inmuebles afectados en Alfafar, Torrent y Riba-roja. De hecho, su intención es la de venderlos, aunque buscará una solución consensuada con las administraciones valencianas. 

En este sentido, ya ha habido otros casos en los que ha firmado acuerdos de cesión temporal de viviendas en régimen de arrendamiento con consistorios valencianos como Gandia, Sagunt y Torrent. También con la Generalitat ha sellado importantes acuerdos como la reciente venta de 75 viviendas por cinco millones para ampliar el parque público. Y es que la compañía posee 9.950 viviendas en la Comunitat Valenciana y tiene previsto construir otras 2.000 en los próximos años, con una inversión de 200 millones de euros.

Por el momento, tal y como publicó este diario, en los casos de Alfafar y Torrent ha decidido renovar los contratos como medida a corto plazo, mientras que en Riba-roja ha paralizado las acciones judiciales que había puesto en marcha. Eso sí, su intención es resolver el conflicto a futuro, por lo que ha emplazado a la Generalitat Valenciana y a los consistorios a una reunión que tendrá lugar previsiblemente el próximo lunes. 

Actuación a futuro

Según ha explicado el secretario autonómico de Vivienda, César Jiménez, en esta reunión no solo se busca despachar con la Sareb las tres problemáticas de Alfafar, Torrent y Riba-roja, sino también abordar una actuación de futuro ante todos los casos similares que puedan surgir. 

En el caso de Alfafar y Torrent, el problema se centra en 245 viviendas: 125 en Torrent y 120 en Alfafar. En ambos casos, las viviendas fueron distribuidas en tres edificios en régimen de VPO y construidas por la promotora Urbimetro. S.L., filial del grupo Crein Inmobiliaria, que acumulaba una importante deuda con la Sareb. Tras varios impagos y por decisión judicial, la compañía se quedó con las tres fincas, acogidas al régimen general del Plan Estatal 2005-2008 de Protección a 30 años y en régimen de alquiler a 25 años.

Sareb les notificó que en un plazo de un mes debían abandonar los inmuebles, pero finalmente renovó los contratos y permitió a los inquilinos seguir viviendo en sus casa, ante la vulnerabilidad que presentaban algunos de ellos. Por su parte, también hay otros casos de vecinos que se han adelantado a las intenciones de la Sareb de vender las viviendas. Así, en lugar de esperar a que sea la Generalitat o los ayuntamientos quienes tengan que intervenir, han propuesto la compra a título personal bajo un precio justo.

"Algunos de ellos accedieron a estas viviendas porque estaban destinadas a menores de 35 años, un colectivo que ya de por sí tiene muchas dificultades para acceder a un hogar. Sin embargo, muchos de ellos ya han crecido en el ámbito profesional y se pueden permitir la compra del inmueble, por lo que estarían dispuestos a hacerlo", explicó en su momento el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara.

El caso de Riba-roja, sin embargo, es diferente a los dos anteriores. Este inmueble no era VPO, pero fue igualmente absorbido por la Sareb después de que la promotora inicial dejase una serie de pagos a deber. Así, en el mes de enero los efectivos de la entidad acudieron a su recién adquirido edificio para pedir a los vecinos sus contratos de alquiler. Una situación que según la versión de la Sareb se tensó porque algunos de ellos decidieron no entregarlos. Así, presentaron una reclamación al juzgado en la que no solo pedían que se mostrasen los contratos, sino que también se dudaba de la legalidad de los mismos.

A principios de esta semana, sin embargo, el tribunal falló a favor de los inquilinos, determinando que los contratos sí que eran legales y que no había motivo por el que tuvieran que ser desalojados del inmueble. Ante esta situación, la Sareb ha decidido retirar la demanda con el ánimo de 'desjudicializar' el caso, y se ha emplazado a negociar con la Generalitat y con el ayuntamiento. Ante esta situación, también han sido varios los vecinos que han propuesto a la entidad la posibilidad de comprar la vivienda en la que actualmente viven, a cambio de un precio razonable dadas las circunstancias.

"Nuestra prioridad es que los vecinos que viven ahora mismo en el edificio se puedan quedar en sus casas", han explicado desde el consistorio. "Para eso hay varias vías: podrían comprar ellos mismos o podría comprar la Conselleria de Vivienda para ampliar el parque público del municipio. Por el momento, creemos que lo ideal sería que los vecinos comprasen, y que todas aquellas las viviendas que se queden libres porque el inquilino no tiene interés se las quede la Generalitat. Ahí podrían suceder varias cosas: o bien la Conselleria se las vuelve a ofrecer en régimen de alquiler o, si estos deciden marcharse, se las cede al ayuntamiento para futuros planes de vivienda", exponen. "Pero por el momento todo esto son especulaciones, al menos hasta que se produzca la reunión", matizan. 

Por tanto, será en la reunión de la próxima cuendo se pongan encima de la mesa posibles soluciones para esta problemática. "Queremos analizar los tres casos de forma conjunta porque muchas familias estarían interesadas en comprar las viviendas y Sareb está expulsando a posible compradores", asegura Jiménez. "La Sareb tiene la sartén por el mango y si quieren considerar un plan de venta a la administración que lo planteen y se analizará, pero la responsabilidad de proponer una solución es de ellos", subraya.