La UCO cree que Corbín usó efectivo de mordidas para la hipoteca y las obras del chalet de Jávea

VALÈNCIA. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha apuntalado, a lo largo de su último informe presentado al juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, encargado del caso Azud, los indicios sobre las presuntas comisiones ilícitas cobradas por el abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de València Rita Barberá. Además, ha concretado el manejo de dinero en efectivo y a qué fueron destinadas las citadas cantidades: desde gastos personales a pagos en enseñanzas, abono de préstamos y las obras de su chalet en Jávea. 

Los agentes sostienen que el abogado cobró mordidas a cambio de su mediación para que algunas empresas se llevaran adjudicaciones públicas en el Ayuntamiento de València debido a su alto grado de influencia en el consistorio. Así, apuntan a que los pagos percibidos por su despacho provenientes de las citadas mercantiles –todas con intereses económicos en el Ayuntamiento– suponen el 80% del total de sus ingresos. 

Pero además, la UCO señala que Corbín cobró importantes sumas en efectivo de algunas de las mismas sociedades con las que facturó el despacho. En estos casos, la dinámica seguida consistiría en haber pactado el importe de la comisión y, tras esto, determinar que una parte de la misma se abonase en efectivo y, la restante, a través de facturación con el despacho.

Aquí cita, al menos, dos operativas. De un lado, la UTE Los Hornillos, que fue adjudicataria del contrato público por parte del EMTRE para la construcción y gestión de la planta de residuos de Quart de Poblet. La UCO concluye que el importe que, como consecuencia de lo anterior, esta UTE debía abonar a Corbín ascendía a 2,25 millones: 1,8 millones a través de contratación (15.000 euros al mes por 12 meses durante 10 años) y 450.000 euros en efectivo.

Circunstancias surgidas posteriormente, prosigue el informe, hicieron que esta forma de pago se viese alterada. El despacho de Corbín facturó únicamente 705.000 euros en lugar de los 1.800.000 acordados. "Esto podría haber tenido como consecuencia la percepción por su parte de una compensación en efectivo del resto del importe en 2005", apunta la Guardia Civil.

La segunda operativa que menciona la Guardia Civil es la vinculada Mediterránea de Actuaciones Integradas (MAI), sociedad que montó el empresario Jaime Febrer junto a Mónica Montoro y Federico Ferrando (todos ellos investigados en esta causa) para, específicamente, la conocida como 'operación colegios', considerado el mayor pelotazo dentro de Azud.  

En ella, el Ayuntamiento de València aprobó una permuta para entregar varias parcelas edificables a la mercantil de Febrer a cambio de que ésta asumiera una deuda millonaria que el consistorio tenía con varias congregaciones religiosas. El intercambio, de acuerdo con la investigación, se hizo adjudicando 'a dedo' los terrenos al empresario por un valor mucho menor del que realmente tenían, de manera opaca y saltándose los procedimientos legales para evitar la concurrencia. 

En el marco de toda esta operativa, aparece el pago de comisiones a diferentes cargos públicos y Corbín habría sido destinatario de 150.000 euros: 75.000 euros a través de facturación con su despacho y los restantes 75.000 en efectivo. Estos últimos en el año 2007.

Sobre el manejo de las cantidades en efectivo, la UCO pone el acento en la vinculación del abogado con dos cajas de seguridad, una abierta en 2006 y otra en 2007. Ambas se encontraban en Bankia y una de ellas estaba a nombre de su madre. También incide en el análisis de los productos bancarios titulados tanto por Corbín como por su despacho. Desde un punto de vista general, la Guardia Civil observa una concentración de imposiciones en efectivo en el periodo de tiempo comprendido entre 2005 y 2008, yendo estas de más a menos y, posteriormente, un periodo de práctica ausencia de imposiciones que se produce entre 2009 y 2015. De este modo, entre 2005 y 2008, ambos inclusive, en las cuentas bancarias del abogado y de su despacho, se llevaron a cabo ingresos en efectivo por valor de 308.272 euros. 

Según el análisis efectuado por la Guardia Civil, los montantes incorporados al patrimonio de Corbín y de su despacho habrían servido para llevar a cabo diferentes operativas económicas. Por ejemplo, en una cuenta del Banco Santander titulada por Corbín se realizaron ingresos por valor de 117.787,50 euros. 

La UCO inciden en que se trata de una cuenta bancaria caracterizada por presentar saldos negativos desde la que se llevan a cabo pagos recurrentes relativos a enseñanza de diversos niveles (secundaria y universitaria), cuotas de productos de financiación o abonos a diversas aseguradoras. Todos sufragados con los ingresos y de los cuales 118.787,50 euros tienen su origen en imposiciones en efectivo (el 78%). Además, parte de los fondos abonados en efectivo en este producto bancario son utilizados para la cancelación de un préstamo hipotecario ligado al chalet propiedad de Corbín en Jávea. 

Con similares características se hallaría otra cuenta bancaria también en el Santander, indica la UCO. Todos los ingresos en efectivo se hallan agrupados entre 2006 y 2008. Ascienden a 70.730 euros, de los cuales 57.000 habrían sido ingresados en efectivo (un 80% del total). Desde la citada cuenta se pagan igualmente diferentes adeudos: pólizas de seguro, gastos relativos a enseñanzas de diversos niveles (secundaria y universitaria), cuotas de productos de financiación o pagos de suministros de diferentes inmuebles.

Desde las cuentas del despacho se replican estos movimientos tras varios ingresos en efectivo. La mayor parte del dinero se destina al pago de impuestos, a pagos a la Seguridad Social o la compra de productos de ahorro e inversión.

Por último, la UCO menciona el pago en efectivo de gran parte de las obras del chalet de lujo que Corbín tenía en Jávea. Aparecen "un conjunto de facturas, albaranes, presupuestos, así corno otra serie de documentos relativos a diversas obras efectuadas sobre esta vivienda entre los años 2005 y 2015. De su análisis conjunto y de forma genérica, se evidencia que gran parte de estos servicios se habrían abonado en efectivo y al margen de la contabilidad formal de la sociedad que las ejecutó, sin ser declarados y sin abonar por ello los correspondientes impuestos", afirma la Guardia Civil.