El presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi. Foto: EDUARDO MANZANA VALÈNCIA. La comisión de investigación constituida por la EMT de València sigue ahí, aunque ya no se vea. Sus trabajos no han concluido después de más de ocho meses desde que se conformara a finales del pasado mes de octubre. Su finalidad: esclarecer qué falló en la firma municipal que preside el edil Giuseppe Grezzi durante el mes de septiembre y que pudo facilitar la perpetración de un fraude de cuatro millones en la empresa pública.
El robo se produjo al lo largo del mes de septiembre -entre el 3 y el 23-, cuando unos defraudadores anónimos supuestamente engañaron a una de las directivas de la empresa municipal, Celia Zafra, para que hiciera transferencias a una cuenta china con el falso propósito de comprar una empresa en el país asiático. Para ello, falsificaron las firmas de varios directivos, como la del gerente, Josep Enric García, o la de la jefa de Gestión, María Rayón, superior de Zafra.
La cuestión ya está judicializada, pero se constituyó en el seno de la EMT esta comisión de investigación, formada por los consejeros de la EMT, que son a la postre concejales de los diferentes grupos municipales: tres de Compromís -incluido el presidente de la mercantil-, dos del PSPV, dos del PP, uno de Ciudadanos y otro de Vox.
Por el órgano han desfilado trabajadores de la empresa municipal, como el gerente o Rayón. No así la protagonista del fraude, Zafra, que fue despedida con carácter fulminante tras desvelarse la estafa por haber facilitado -consciente o inconscientemente- las firmas originales de sus superiores a los estafadores. También pasaron por la comisión expertos y conocedores de la gestión en organismos públicos.
Sin embargo, las comparecencias finalizaron a primeros de enero, hace medio año, y desde entonces el último paso no se ha dado: redactar las conclusiones de la comisión. Un texto en el que la oposición pretende incluir la exigencia de responsabilidades, especialmente al gerente de la EMT. Consideración que también apoyan a priori en el PSPV, socios de Compromís en el gobierno municipal.
Para la elaboración de ese documento de conclusiones, la presidenta de la comisión de investigación, la socialista Elisa Valía, ordenó entregar a todos los miembros un ordenador 'capado' con las videoactas de las diferentes sesiones con el propósito de que todos puedan revisar las comparecencias para emitir un juicio más certero. Hasta marzo no se consumó la entrega de estas herramientas. El coronavirus, después, lo paralizó todo, si bien los consejeros han gozado de varios meses para tomar sus apuntes.
Ahora, Valía debe elaborar un borrador de documento, para el que consultará al resto de miembros. Un movimiento que, según ha podido constatar este diario, aún no se ha producido pese a que la actividad en todas las instituciones ya hace varias semanas que ha vuelto a una cierta normalidad. De esta manera, las conclusiones sobre el fraude permanecen paralizadas sin motivo aparente, y su resolución podría darse en los meses de verano.
Tanto el presidente, como el gerente de la firma y el resto de directivos insisten en descargar la responsabilidad en la que fuera jefa de Administración del ente, Celia Zafra, quien cursó las ocho transferencias engañada por los estafadores a dos cuentas en Bank of China con motivo de una falsa compraventa. Pero la comisión ha intentado ahondar en posibles vulnerabilidades de la empresa que facilitaron la comisión de la estafa. Con todo, tras acabar las comparecencias, muchas cosas quedaron en el aire.
Pocas pruebas se aportaron para resolver los enigmas y las dudas que existían sobre el funcionamiento interno. Por poner un ejemplo, la empresa inicialmente afirmaba que la conciliación bancaria -la comprobación de los apuntes contables de la empresa con el saldo bancario- se hacía diariamente, si bien más tarde tanto el gerente como Rayón admitirían que esta cadencia podía ser semanal o mensual.
Rayón, de hecho, aportó un documento con fecha del 2 de octubre de 2018 cuyos apuntes se referían al mes anterior, septiembre. Algo que venía a confirmar, a ojos de la oposición y del PSPV que esta práctica se realizaba a mes vencido y no de forma diaria. A la postre, tampoco se pudo dilucidar cómo se realizaba esta operación contable. Huelga resaltar que esta era una tarea propia de una empleada del equipo dirigido por Zafra y que esta trabajadora aseguró en la comisión de investigación que ella lo hacía de manera mensual y no diariamente como defendía la empresa.
Tras conocerse la estafa, la EMT elaboró un documento donde se explicaba cuál era el protocolo interno de tesorería. En él se decía que en ausencia de esta administrativa -como ocurrió en septiembre por vacaciones-, la tarea recaía en su superior directa, Zafra. Máxima que también negó la trabajadora, quien dijo que ella era la única empleada del área que se encargaba de revisar las cuentas y que nadie asumía su función cuando no estaba operativa.
Esto no hizo otra cosa que avivar la sospecha de que no existía un protocolo interno que estableciera claramente las distintas funciones ni quién sustituía a quién en dichas tareas en épocas vacacionales. Tanto es así que incluso el propio gerente, Josep Enric García, admitió en sede judicial que, aunque sí existen procedimientos que fijan las funciones, en efecto, no hay ningún documento donde se detalle quién hace qué.
En definitiva, unas constataciones difusas, sin excesivas pruebas y con muchos interrogantes sin resolver. Herramientas con las que los consejeros deberán emitir su juicio cuando el gobierno municipal tenga a bien convocar de nuevo la comisión de investigación. Por el momento, esta permanece en stand by sin un motivo claro, al menos que se haya hecho público.
Como publicó este diario, el Síndic de Greuges ha censurado recientemente que la empresa no entregara toda la documentación solicitada por el Partido Popular. El defensor del pueblo valenciano recomienda así, al Ayuntamiento de València y a la EMT contestar "a todas las solicitudes de información presentadas" por los representantes populares en la comisión de investigación, "facilitando todos los documentos solicitados, salvo los inexistentes".
En definitiva, el Síndic concluye que "no procede denegar el acceso a la información municipal alegando que contiene datos que afectan a la intimidad o privacidad de las personas", ni tampoco aduciendo "la prohibición de cesión de datos a terceros" porque, a la postre, los concejales no son terceros, sino que forman parte de la propia administracion municipal.
