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Vox pide datos sobre ayudas a colectivos LGTBI y datos de violencia de género en la Comunitat

Les Corts envían a Fiscalía de Delitos de Odio la petición de Vox sobre ayudas a colectivos LGTBI

Vox responde que solo quieren saber que "se está cumpliendo con la ley" y el certificado de penales "se le está pidiendo a todo el mundo"

2/07/2019 - 

VALÈNCIA (EFE). El presidente de Les Corts Valencianes, Enric Morera, ha decidido no tramitar la petición del grupo parlamentario Vox sobre las ayudas al colectivo LGTBi y trasladarla a la Fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación de València por si pudiera ser constitutiva de un delito.

La diputada de Vox en Les Corts Ángeles Criado presentó este lunes la petición de documentación sobre las subvenciones a los colectivos LGTBi y los antecedentes penales de las personas dedicadas a actividades con menores, y afirmó que les preocupa "en manos de quién dejamos a nuestros pequeños y el adoctrinamiento al que pueden haber sido sometidos". 

Ante esta petición, les Corts han informado que Morera no tramitará el documento por considerar que podría ser constitutivo de un delito de odio "y comenzar una causa general contra un colectivo de personas y entidades por una cuestión de orientación sexual y afectiva, protegida constitucionalmente por la legislación vigente y los tratados internacionales adoptados por el Estado español".

Ante esta situación, el presidente de Les Corts pondrá en conocimiento de la Fiscalía contra Delitos de Odio y Discriminación el escrito "para que se verifique si su contenido podría constituir un ilícito penal".

 

Vox pide documentación sobre ayudas a colectivos LGTBI

El grupo de Vox en Les Corts ha presentado dos solicitudes de documentación sobre las subvenciones a colectivos LGTBI y los datos acumulados de violencia de género en la Comunitat Valenciana, desde la aprobación de la ley integral de 2004.

Los diez diputados quieren conocer las partidas destinadas en los presupuestos de los ejercicios 2018 y 2019 a cursos, asociaciones, conferencias, informes, asesorías o centros culturales que estén relacionados con la actividad de colectivos LGTBI. Y, por otro lado, tener acceso a las estadísticas de los casos de "violencia intrafamiliar, no solo en relación a la violencia ejercida por hombres hacia las mujeres", informa el grupo en un comunicado.

En la primera petición de información sobre ayudas a colectivos LGTBI, Vox pide saber las cantidades asignadas a actividades con menores. "Solicitamos los datos de las personas que han impartido este tipo de actividades porque nos preocupa en manos de quién dejamos a nuestros pequeños y el adoctrinamiento al que pueden haber sido sometidos", ha señalado la diputada por Valencia Ángeles Criado.

En esta línea, el grupo solicita documentación acreditativa del cumplimiento con los requisitos legales en actividades, como el documento de antecedentes penales, la acreditación de la formación o preparación necesaria, los contratos firmados con indicación de fechas, la cantidad asignada y los colegios y la indicación del método de adjudicación y sus criterios. También exige saber los contenidos y materias impartidos en estos cursos y actividades.

En cuanto a la solicitud sobre estadísticas de violencia de género, Vox pide los datos oficiales de violencia "de hombres hacia mujeres y de mujeres hacia hombres", con número de maltratos y fallecimientos por estas causas. También solicita las estadísticas oficiales y porcentajes de ancianos, "tanto hombres como mujeres", que han sido víctimas, con número de maltratos y fallecimientos y, por otro, los datos y porcentajes de niños que han fallecido a manos de sus padres, "indicando si el agresor ha sido el padre o la madre".

"Los organismos públicos y los medios de comunicación obvian a varios grupos de víctimas dentro de la familia, como pueden ser los ancianos, los niños o los propios hombres, a manos de sus familiares o parejas. En todos los casos se solicita el sexo, la edad y la nacionalidad del agresor, con indicación del país de origen en caso de que no sea España. Tenemos indicios para sospechar que, en numerosos casos, la violencia ha sido ejercida por personas cuyo país de origen no es España", ha afirmado la parlamentaria.

El PP hubiera hablado con Vox

El vicepresidente segundo, el 'popular' Jorge Bellver, ha resaltado que el presidente Morera ha hecho uso de su potestad para pedir la opinión de Fiscalía y ellos no se van a oponer. No obstante, ha indicado que "por las buenas relaciones parlamentarias hubiese sido posiblemente más oportuno que antes de tomar esta decisión el presidente hubiera tenido una reunión con el grupo Vox para explicarle que se están pidiendo cosas que no van a ser concedidas por parte de la administración".

Ha explicado, en este sentido, que si esta petición se hubiera tramitado y hubiera llegado a la administración no se hubiera podido proporcionar esta información porque la ley impide que se dé. "Yo, por cortesía parlamentaria, hubiera tenido una reunión antes con Vox", ha insistido, para admitir que ve excesos en el escrito: "Hay una petición de información a título personal de certificados de penales que las propias leyes dicen que esa información no es pública y que no se puede dar".

Unides Podem lo ve anticonstitucional

Cristina Cabedo, secretaria primera y representante de Unides Podem en la Mesa, ha agregado que además de ese posible delito de odio la petición puede ser inconstitucional porque pedir documentación únicamente relativa al colectivo LGTBI sobre antecedentes penales "atenta contra el artículo 10 de la Constitución, que habla sobre la dignidad, y contra el 14, que va sobre el principio de igualdad".

El secretario segundo, Luis Arquillos (Cs), ha apuntado que ve "ciertos excesos" en el escrito de Vox que justifican esa decisión de llevarlo a Fiscalía y por ello han apoyado la decisión de Morera.

Vox responde a Morera

Tras estas declaraciones, la portavoz de Vox en Les Corts, Ana Vega, ha explicado que su objetivo es "comprobar que la finalidad de las subvenciones a asociaciones y colectivos LGTBI se está cumpliendo" porque "el ciudadano tiene derecho a saber el dinero público a qué se está destinando, porque ya está el antecedente de Andalucía, que había ciertos aspectos en que se estaba destinando el dinero a donde no se debía".

Además, ha subrayado que se pide constatar que "se está cumpliendo con la legalidad" y que a cualquier persona que trabaje con menores se le exige el certificado negativo de delitos sexuales: "Lo único que estamos pidiendo es saber que se está cumpliendo con la ley y se le está pidiendo a todo el mundo".

Vega ha señalado que "no se están pidiendo los certificados de penales del colectivo LGTBI, sino de todas las personas que trabajan con menores". "La orientación sexual de cada uno no nos importa, entra en la esfera íntima de cada uno", ha agregado.

Respecto a la decisión de llevar su petición a Fiscalía, ha señalado que si el presidente "lo considera conveniente está en su pleno derecho" y esta decidirá. Vox tomará entonces las medidas que tenga que tomar y responderá como tenga que responder, ha indicado.

Si finalmente se les deniega la información pedida, pedirán la motivación y si no están de acuerdo lo recurrirán, ha concluido.

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