La Comunitat y otras CCAA del PP recurren a la Justicia para que se convoque la Conferencia de Presidentes

VALÈNCIA (EP/VP). El Gobierno valenciano presentará un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo ante la "negativa" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de convocar la conferencia de presidentes. Además, el resto de autonomías gobernadas por el PP presentarán también recurso.

Así lo ha dado a conocer este martes la portavoz del Consell y consellera de Economía y Hacienda, Ruth Merino, quien ha insistido en que, a finales de 2023, un total de 14 presidentes autonómicos solicitaron la celebración de la reunión y que, según el reglamento, es "obligatorio" que se celebre cuando lo piden "más de diez presidentes".

Además, ha indicado que existe una obligación reglamentaria por la que dos veces al año se tiene que convocar esta conferencia de presidentes.

"Estamos ante una inactividad por parte del presidente del Gobierno, una deslealtad institucional por no tener en cuenta a los presidentes de las comunidades autónomas ante temas tan importantes para sus comunidades --como la reforma de la financiación o el reparto de menores no acompañados--, pero también y ante todo, ante un incumplimiento del reglamento", ha aseverado.

Asimismo, preguntada por las críticas del PSPV-PSOE sobre la rebaja fiscal, que ha tenido un impacto recaudatorio de 495 millones de euros, y que desde el grupo socialista aseguran que "solo ha favorecido a los ricos", Merino ha pedido "más rigor" y que "dejen de dar la espalda a los valencianos" y "defiendan" el fondo de nivelación transitorio para la Comunitat Valenciana.

"Más rigor"

En este sentido, la consellera ha señalado que, tanto el PSPV, como su líder Diana Morant, "deberían tener un poco más de rigor a la hora de hablar de estos temas" y "leerse las cosas bien", pues, según ha apuntado, el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) establece "un impacto recaudatorio de 495 millones de euros por la rebaja fiscal" de los que "270 millones" vienen de la reforma fiscal del 'expresident' de la Generalitat, Ximo Puig.

"Lo que ellos no han visto, no han querido ver o están tratando de ocultar es que de esos 495 millones, 270 vienen de la reforma fiscal que hizo Ximo Puig en el impuesto de la renta", ha manifestado.

Así, la portavoz ha afeado que, "si tanto les preocupa los recursos que deja de tener o que tiene o que podría tener la Comunitat Valenciana, lo que tendrían que hacer es, tanto la ministra (Diana Morant) como el portavoz en las Cortes Valencianas del PSPV (José Muñoz) volver al consenso y seguir defendiendo, como habían hecho hasta ahora, ese fondo de nivelación transitorio para la Comunidad Valenciana".

"Lo último que han hecho ha sido votar en contra en dos ocasiones de ese fondo transitorio de nivelación, en mayo en Las Cortes Valencianas, y la semana pasada, en el Senado", ha censurado.

En esta línea, ha pedido al grupo socialista "más rigor" y que "dejen de dar la espalda a los valencianos en un tema tan importante como son los recursos de los que luego depende la sanidad, la educación y los servicios sociales".

Murcia pide al Gobierno que cumpla "con su obligación"

Por otro lado, el Gobierno regional de Murcia no puede esperar más. Quiere que Pedro Sánchez convoque cuanto antes la primera Conferencia de Presidentes de la legislatura y, para ello, para apremiarle, el presidente murciano, Fernando López Miras, ha anunciado que el Ejecutivo autonómico presentará un recurso contencioso administrativo para que el jefe del Gobierno de España "cumpla con su obligación y convoque urgentemente la Conferencia de Presidentes".

El mandatario regional recuerda que hace cuatro meses que 14 barones autonómicos (entre ellos el propio López Miras) pidieron a Sánchez que reuniese a los presidentes de las comunidades en una mesa para abordar asuntos "importantes" y "cuestiones de Estado" como son la Ley de Extranjería, la cuestión migratoria, la financiación, el modelo financiación autonómica y el pacto de Agua, entre otros temas. Unos asuntos que, afirmó, requieren de "diálogo, negociación y una voluntad de acuerdo que Sánchez no tiene".

Como se cumplen cuatro meses de aquella primera petición y "el Gobierno central está incumpliendo el reglamento de la Conferencia de Presidentes", López Miras explica que se ven obligados a presentar un recurso contencioso-administrativo para que el presidente español "cumpla con su obligación" y convoque la Conferencia de Presidentes. "Si no lo ha hecho por voluntad propia ni ha querido cumplir el reglamento, tendrá que decírselo un juez".

Otras CCAA

A su vez, las comunidades de Aragón, Galicia, Andalucía, Castilla y León, Madrid, Extremadura, Baleares y Cantabria han anunciado que presentarán un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo para que el jefe del Ejecutivo convoque la Conferencia de Presidentes. A su entender, es necesario convocar este órgano para tratar asuntos como la inmigración irregular o la financiación autonómica.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y sus 'barones' territoriales hablaron de la necesidad de convocar esa Conferencia de Presidentes este lunes durante un distendido almuerzo celebrado en un restaurante de Madrid tras la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP --máximo órgano del partido entre congresos-- que se había fijado para hacer balance del curso político, según han indicado a Europa Press fuentes del partido.

Tanto el partido como sus 14 presidentes de CCAA y de las dos ciudades autónomas han pedido reiteradamente a Sánchez que convoque la Conferencia de Presidentes, alegando que es su "obligación legal". De hecho, lo han hecho en dos ocasiones de forma conjunta: el 24 de noviembre de 2023 y el 24 de abril de 2024.

En este último caso, el 24 de abril, las CCAA del PP firmaron una carta dirigida a Pedro Sánchez exigiendo la convocatoria "inmediata y urgente" de ese órgano, que lleva dos años y cuatro meses sin reunirse. En la misiva decían que hay temas clave a tratar como la "no actualización del sistema de financiación autonómica", el "fortalecimiento del Estado de derecho, la igualdad entre los ciudadanos, la separación de poderes o la seguridad jurídica" tras la Ley de Amnistía. En las últimas semanas, los 'populares' han añadido a la agenda la inmigración irregular.