José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia (Foto: EVA MÁÑEZ)MADRID (EP). El proceso de privatización de Bankia podría verse retrasado con la llegada del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, partidario de "no malvender" la participación pública de la entidad, cuya valoración en el mercado está todavía muy por debajo del coste al que fue rescatada en 2012, según han explicado diferentes analistas del mercado a Europa Press. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) todavía posee el 60,63% del capital social de Bankia, que está repartido en 3.084 millones de acciones. A precio de mercado (3,274 euros por título al cierre del lunes), la participación del Frob está valorada en más de 6.123 millones de euros.
El Estado debe vender esta participación a inversores privados dentro de un plazo que finaliza el 31 de diciembre de 2019, si bien podría ampliarse por la vía del Real Decreto si el Gobierno así lo decidiese y contase con los apoyos para ello. La postura de los socialistas es la de no vender la entidad a un precio que no permita recuperar la totalidad de las ayudas públicas concedidas, que ascendieron a 22.424 millones de euros, según reiteró el portavoz de Presupuestos del PSOE, Javier Lasarte, durante el debate celebrado en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad de la Cámara Baja el pasado 10 de mayo.
De estas ayudas, Bankia ya ha devuelto 2.122 millones de euros con la venta de dos paquetes de acciones en 2014 y 2017, representativos del 14,5% del capital, y 742 millones de euros procedentes de los dividendos obtenidos año tras año. En total, la devolución asciende a 2.864 millones de euros, por lo que quedaría pendiente un total de 19.560 millones de euros. Si el Frob vendiese hoy su participación al precio actual del mercado, el importe no recuperado de las ayudas públicas ascendería a más de 13.400 millones de euros, una carga que los socialistas no desean soportar. Para que el Estado recuperase el importe pendiente del rescate de Bankia con la desinversión en el plazo fijado, sería necesario que se deshiciese de los títulos a un precio de 10,45 euros antes de un año y medio. Es decir, un 214% por encima del valor actual de la acción en el mercado.
Aunque una posible prórroga del plazo vendría de la mano de un Real Decreto, la decisión última de vender corresponde a la comisión rectora del Frob, integrada por su presidente, Jaime Ponce, cuyo mandato no finalizará hasta julio de 2020, el subgobernador del Banco de España, tres miembros del Banco de España, la vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), tres representantes del Ministerio de Economía y dos representantes del Ministerio de Hacienda. Son los representantes de ambos Ministerios los que sí cambiarán con la renovación del Gobierno.
Para tomar la decisión de vender, el Frob cuenta con el asesoramiento de Nomura International y se rige por un marco metodológico en el que un panel de bancos colocadores potenciales realizan análisis periódicos de actualizaciones del mercado y detectan oportunidades estratégicas de venta. Según han explicado fuentes del mercado a Europa Press, la propuesta para vender -o no- un nuevo bloque de acciones se votaría en el consejo rector, que suele acatar las recomendaciones de los técnicos del Frob.
El pasado mes de febrero, Ponce se mostró partidario de ampliar el plazo para la privatización más allá del fijado -como ya sucedió en 2017, cuando el plazo se prorrogó dos años- con el objetivo de maximizar la recuperación de las ayudas concedidas a la entidad, aunque el Frob trabaja, por el momento, con la fecha límite de diciembre de 2019. Según la analista de Renta4 Ana Gómez Fernández, el actual entorno de mercado, tras las caídas de la cotización (el banco se ha dejado casi un 17% en lo que va de año) "invita a ser prudentes" en la venta de la participación y hace más probable que se vuelva a ampliar la fecha límite para la privatización.
En este sentido, la analista de SelfBank Victoria Torre apunta que ya el Gobierno de Rajoy "no descartaba" optar por una nueva prórroga, debido a que las circunstancias "no son propicias" para desinvertir. "Aunque a Bruselas no le guste, no sería lógico vender a los precios actuales", ha indicado a Europa Press. Cabe apuntar que el apoyo con el que los socialistas se han hecho con el control del Ejecutivo procede de grupos más radicales que apuestan por frenar la privatización y convertir a Bankia en entidad pública. En opinión del analista de XTB Francisco Javier Arco, estos partidos harán "ruido", pero por el momento no parece que la aritmética esté a su favor para bloquear la privatización.
Por su parte, la analista de Renta4 no descarta que la entidad pueda convertirse en un banco público con la llegada del nuevo Gobierno, aunque no percibe actuaciones específicas que así lo indiquen. De su lado, la experta de SelfBank ve "muy complicado" que esto suceda por la falta de apoyo político, si bien advierte que esta opción no puede ser descartada.
