Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. El encarecimiento de las materias primas está poniendo en serios apuros al sector industrial ante la presión inflacionista existente, provocada por el rápido repunte de las economías ante las macroinyecciones de liquidez de los bancos centrales para combatir a la covid-19. Esa fuerte recuperación económica y los problemas para ajustar la oferta al mismo ritmo que el crecimiento está detrás de que los precios de las materias primas se hayan disparado. Y más teniendo en cuenta que China es el mayor productor de buena parte de las mismas. A todo ello, se suma el encarecimiento de la principal vía de salida de las ‘commodites’ como es el transporte marítimo donde el precio de los contenedores se encuentra en máximos históricos.
Una tormenta explosiva que lastra los visos de recuperación económica y pone en peligro la competitividad de las compañías. Los contratistas valencianos alzan la voz ante los problemas de desabastecimiento y la "subasta de precios" que se encuentran en el mercado. Un terremoto que sacude con virulencia a la industria en general, con enormes consecuencias para la obras. Ya hace unas semanas, los constructores advertían de una posible paralización de los proyectos y un encarecimientos en futuros proyectos, a la vista de la evolución de los precios de los materiales.
De hecho, de acuerdo con el VII Observatorio Industrial del Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana (COIICV), esta situación es uno los principales retos a los que se enfrenta el sector, que teme por la disminución de los márgenes de las empresas en el corto plazo, lo que implica una menor capacidad de inversión, limita la producción y disminuye el nivel de competitividad en el mercado internacional.
Así, según los datos de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras (Seopan), el acero corrugado ha subido un 78%; el cobre, un 102%; el aluminio, un 56% y el petróleo, un 106%, desde los mínimos de 2020 y viviendo su mejor semestre desde 2009. Y es que del llamado 'oro negro' dependen varios productos, que lógicamente se están viendo afectados al encarecerse más. Todos estos incrementos repercuten, en consecuencia, en el margen de las empresas. Pero también obligan a distribuidores y proveedores a encarecer trabajos para asumir los incrementos.
"Esto es una debacle. Tanto en obra privada como en pública hay un desabastecimiento. Y nadie, ni suministradores ni proveedores, ni oficios como fontaneros, electricistas o carpintería de aluminio te da un precio cierto y seguro. Te cotizan de semana a semana y según el precio de la materia prima. Esto es una subasta de precios", alerta el director gerente de la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana, Manuel Miñés.
Tanto es así que ya están sintiendo las consecuencias. Según explica Miñés, ya hay compañías que están subiendo los precios de los suministros ante el encarecimiento de las materias primas. Así, empresas asociadas a la Cámara de Contratistas recibieron esta semana una misiva de una gran compañía cementera avisando a las empresas de que iba a encarecer sus productos a granel, ensacados de cemento y mortero, así como la facturación y entrega de palets para minimizar el impacto en la firma y mantener la competitividad.
"En estos momentos, además de un falta de suministro regular de cemento ensacado, así como de hormigón preparado y prefabricado, estamos asistiendo a una verdadera subasta en la que el que más paga tiene suministro, mientras que el que no se aviene al precio fluctuante y ascendente no tiene suministro", advierte Miñés. Una coyuntura que pone en riesgo muchos contratos ya pactados, porque con esta subida es imposible acometer las obras si no es a pérdidas. "¡No hay contrato que valga! Dicen que son causas de fuerza mayor y las cementeras no respetan los precios pactados", critica.
Ante esta situación, desde la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana urgen al Gobierno a derogar la Ley de desindexación en relación con los contratos públicos para garantizar así la viabilidad de los proyectos que tiene en marcha el sector tras la inflación de los materiales. Pero, a su vez, reclaman una nueva Ley de contratos de las Administraciones Públicas que revise los precios según los índices del Instituto Nacional de Estadística (INE) para "restablecer el equilibrio económico del contrato, ante las variaciones desorbitadas de los valores, que son ajenas al contratista".
"Se nos está yendo la economía de las manos" porque, según explica, llegarán los fondos europeos sin IVA, que se acabará repercutiendo en las empresas, sumando más costes a las compañías. "Los fondos que nos da Europa son sin IVA. Y eso quiere decir que sobre lo que llegue a las empresas, comunidades autónomas y ayuntamientos, el Estado exigirá una factura con IVA al 21% y será un costo para el ejecutor de la obra o servicio", señala. "Al final, tanto las subvenciones como los préstamos hay que minorarlos en un 21%, ya que Europa no te lo paga", lamenta.
