Foto: RAFA MOLINAContratos dignos, presencia femenina y que las grandes promotoras rindan más cuentas a las administraciones... Estas son algunas de las exigencias del equipo promotor del Sindicat de la Música Valenciana
VALÈNCIA. Desde hace un par de semanas, se puede decir que ya ha empezado la temporada de festivales de música. Por delante quedan cuatro meses de grandes escenarios, algunos nombres inéditos y otros repetidos. La novedad, desde hace unos años es el traslado del modelo de negocio desde las grandes explanadas periféricas al espacio urbano. Esta opción de ocio ha calado en mucha gente y se está convirtiendo en uno de los eventos más populares de la ciudad (ay, el Coachella y las redes sociales).
Un aspecto que, sin embargo, suele pasar desapercibido y no ha evolucionado es el marco laboral de los y las artistas, que desde 2017 han creado una red a nivel estatal para ganas poder mediático y poder impulsar con más fuerza sus reivindicaciones. Desde el Sindicat de la Música Valenciana (SIMUV) atienden al teléfono a Culturplaza para recoger cuáles son sus exigencias para tomar conciencia de aquello que no se ve en el escenario.
Desde 1985 existe una ley que regula la relación entre la promotora y el grupo musical, aunque ahora resulta "ambigua" y "desfasada", según explican desde el SIMUV. La manera más habitual de que una empresa contrate los servicios de una bandas es que esta emita una factura a través de una mercantil -cooperativa habitualmente-, o como autónomos, por lo que son estos los que han de asumir los costes fiscales y de gestión de ese contrato. El Tribunal Supremo ha dictado jurisprudencia con el elenco de los musicales, a los que considera trabajadores por cuenta ajena de la producción, y por tanto, con derecho de a formar parte del organigrama de la empresa promotora. Pero la frontera se difumina porque las casuísticas son líquidas: por ejemplo, si depende de que los instrumentos sean propios o de la empresa, ¿los cantantes cómo encajan en esa dinámica?.
Con todo esto, en los últimos meses existe el debate sobre legalizar las cooperativas de músicos, que se encargarían de la facturación de cada banda y que fomentaría una manera más uniforme de contratación. Sin embargo, esta medida ha sido rotundamente rechazada por el colectivo de activistas musicales, ya que, según ellos, "los contratantes estarían eludiendo sus obligaciones laborales y económicas": "es momento de planificar y diseñar cómo se va a actualizar una ley sin duda mejorable, pero que si se cumpliera, ayudaría a salir de la precariedad a muchas músicas", reza un documento del pasado 3 de abril.
Por otra parte, desde la SIMUV también ponen el acento en que son las promotoras las que se hagan cargo de los gastos de gestión del contrato, y que no se descuenten del caché del artista, que además el convenio colectivo cifra como salario mínimo en 110 euros y que muchas veces se ignora. "Son reivindicaciones muy básicas y asumibles por todas las promotoras con cierto peso. Lo único que pedimos son remuneraciones justas a partir de cachés y contratos dignos", explican desde el sindicato.
El grupo que ves toca esa canción, y entonces una masa de móviles se levanta en el aire. Vuelan las fotos y los vídeos, que se desperdigan a través de las redes sociales. En este fenómeno participan, además del público y sus smartphones, tres elementos: el grupos, el festival y las marcas que patrocinan el evento y que colocan inserciones publicitarias en el escenario. Los anunciantes y las promotoras han llegado a un acuerdo, pero, ¿y si el grupo no quiere que la presencia de la marca tenga tanto protagonismo?
"No estamos en ningún momento en contra de que las marcas patrocinen a los festivales; todo lo contrario, son una de las fuentes de financiación que los hacen posible. Pero su presencia acaba siendo abusiva, incluso sobre en el interior de los escenarios. Es casi imposible que no te hagan una foto o un vídeo en el que no se vea una inserción publicitaria. Los festivales deberían informar e modular por contrato la relación entre las bandas y las marcas, que sobre papel es inexistente pero que en la práctica es muy directa", comentan desde el SIMUV.
El pasado mes de febrero, el Col·lectiu de Dones Treballadores de la Música Valenciana emitía un comunicado en el que denunciaba que ayuntamientos, instituciones, locales, espacios culturales y salas les reclaman únicamente en fechas señaladas como el 8 de marzo o el 25 de noviembre, además de "querer hacerlo de manera precaria, a menudo sin pagar nada o con el pago de un caché mínimo y unas condiciones nefastas". Más allá de los lemas, la música es una de las disciplinas en la que la brecha de género es más evidente.
Esto tampoco quiere ser ajeno a vista del Sindicat de la Música Valenciana, que exigen una "mayor presencia femenina", ya que "el talento no distingue de género". Las cuotas son una herramienta, aunque "sería mejor que los propios festivales asumieran ese cambio". Así lo ha hecho el Primavera Sound, que en esta edición ha programado más mujeres que hombres.
Desde la creación del sindicato (que aún no está al 100% oficializado aunque sí van definiendo sus líneas de trabajo), el Institut Valencià de Cultura ha ido apoyando e impulsando la creación del colectivo. Desde la SIMUV recalcan que su lucha está -principalmente- en las grandes promotoras y los festivales: "no podemos ni queremos exigir lo mismo a una empresa que vende miles de entradas que al bar que organiza pequeños conciertos todas las semanas y al que le cuesta sacar adelante una programación regular", explican.
Por otra parte, la fuerza que tienen como colectivo se 'limita' a la relación de poder y persuasión de las diferentes partes. Y ahí, la Administación puede tomar partido: "la mayoría de los grandes festivales recibe dinero público y desde los ayuntamientos y los gobiernos se les exige poco o nada. Estaría bien que desde lo público se buscara proteger el tejido cultural", explican desde el sindicato.
