La Universidad de Alicante acepta al fin la rebaja de sueldos que aprobó Zapatero en 2010

VALENCIA. El personal docente e investigador de la Universidad de Alicante (UA) tendrá que devolver los 685.000 euros percibidos desde 2010 por retribuciones que estaban por encima de la normativa vigente. Lo hará renunciando a los complementos salariales de productividad durante los dos próximos años: el POI de 2016 y el de 2017. 

Todo esto como consecuencia de la irregularidad que fue señalada por la Intervención de la Generalitat en su auditoria de 2015, y que iba camino de ser llevada al Tribunal de Cuentas, de no ser porque la institución educativa y el Gobierno autonómico han llegado a un acuerdo intermedio para resolver la situación.

“Si hay algo que no se ha hecho bien, se rectifica. Nosotros lo defendimos en su día porque creímos que lo estábamos haciendo de manera correcta, dentro de la legalidad. Pero si ahora nos dicen que no se puede, no nos queda otra que devolver las cantidades”, explica José Manuel Mora Chacón, de la sección sindical de CCOO y representante del Personal Docente e Investigador (PDI) de la UA. Matiza, sin embargo, que en todo esto ha tenido mucho que ver “la confusión burocrática”, puesto que nadie les había dado una respuesta contundente y el problema había pasado “de Conselleria en Conselleria sin llegar a resolverse".

“Si hay algo que no se ha hecho bien, se rectifica. Nosotros creíAmos que estábamos ACTUANDO dentro de la legalidad"

Cabe recordar que, cuando el Gobierno Zapatero bajó los sueldos públicos mediante el Real Decreto de 2010 para la reducción del déficit, la UA apostó por mantener las tablas salariales a través de un complemento autonómico. Dos años después fue requerida por la Intervención de la Generalitat para que actualizase las cuantías con un descenso del 5%, además de para la devolución de las cantidades pagadas indebidamente. A partir de este momento se desató el conflicto y comenzó un cruce de cartas continuo entre la Generalitat y la Universidad.

“Se reprodujo una situación que empieza a ser habitual: las distintas consellerias de Hacienda y Educación se pasaban la pelota entre sí, pero ninguna resolvía nada ni se mostraba rotunda”, relata Mora. De hecho, la UA asegura haber realizado un informe de cargas detallado antes del verano de este mismo año, del que nunca obtuvo respuesta.

Por el contrario, la Intervención de la Generalitat y un auditor externo emitieron un informe a finales de julio donde calificaban al centro público de “reincidente”, apuntando que abonaba sueldos por encima de la norma “pese a haber sido advertido varias veces”. Además aseguraba que la UA solicitó a la Dirección General de Universidades de la Generalitat autorización para abonar esas retribuciones, pero nunca recibió el permiso expreso para ello.

Acuerdo 'in extremis'

El punto de inflexión no llegó hasta septiembre, cuando el gerente de la UA se personó en la sede de la Intervención en Valencia. "Fue entonces cuando se le dijo que estaban a punto de trasladar el caso al Tribunal de Cuentas", siguiendo el relato del representante sindical. Conocedores de este hecho, los miembros de la UA comenzaron a trabajar en un plan para que el profesorado afectado devolviera esas cantidades, “pero en lugar de quitarles lo que ya tenían, vimos mejor recortar de los pagos futuros de manera muy meditada”.

Finalmente la solución ha consistido en dejar de cobrar el complemento de productividad propio de la UA (POI) y que se entrega cada Navidad. La deuda acumulada desde que en 2010 se empezara a pagar de este modo ascendía a 685.000 euros. Con el importe del POI de 2016 se saldaba poco más del 50%, alrededor de 350.000 euros. Por este motivo los profesores tampoco percibirán el ingreso de 2017, año en el que por fin quedará todo cubierto.

Las reacciones han sido dispares. “Hay gente que lo comprende más o menos, pero a otros no les ha sentado nada bien la noticia en estas fechas”, admite Mora, quien sin embargo insiste en que ellos no pueden hacer más. “Si la Administración exige que se le devuelva el dinero, nosotros estamos obligados a hacerlo, sea de quien sea el error”, zanja el miembro de CCOO.

Irregularidades en los contratos

El informe de la Intervención de la Generalitat sobre la UA también llamaba la atención sobre la transformación de los contratos del personal docente e investigador (PDI) en personal laboral interino una vez que se agotaba el periodo máximo legal de contratación. Así, señalaba que la contratación de esos trabajadores no se ajustaría “a los principios de igualdad y publicidad de acceso al empleo público”, por lo que instaba a modificarla.

Cabe recordar que en estos momentos las universidades están negociando con la Generalitat un convenio colectivo para su personal que podría solucionar este punto. El objetivo es crear nuevas figuras laborales, dar salida a los contratados doctores interinos, así como regularizar al profesorado asociado y al personal administrativo, tal y como afirmó la propia directora general de Universidades del Consell, Josefina Bueno. Por el contrario, el convenio no debería afectar a temas como el de los complementos salariales, también abiertos a debate.

Tal y como explica Amat Sánchez, representante sindical del PDI en la Universitat de València (UV), "si se replantean los complementos autonómicos, que en nuestra opinión debería hacerse, será en el marco de la reforma del Decreto 174/2002". Esta norma es la que ahora se modifica parcialmente con la Ley de Acompañamiento, porque afecta también a funcionarios que no son objeto de la comunidad universitaria.