La alcaldesa de Puçol, Paz Carceller. Foto: VPEl PP espera que su Comité de Garantías expulse de militancia a dos concejales de Cullera para revertir el grupo municipal mientras busca alcaldable
VALÈNCIA. En plena expansión de la marca y con un incremento en la afiliación en municipios como Gandia, Torrent o Llíria, el PP se ha topado con tres frentes locales imprevistos. Por si no hubiera bastado la sorprendente y reciente moción de censura en Loriguilla, donde tres concejales populares y dos socialistas renunciaron a su respectiva militancia, unieron fuerzas en el grupo de no adscritos y desbancaron al alcalde de Ciudadanos, la formación que preside Vicent Mompó en la provincia de Valencia se ha topado con tres nuevas situaciones complejas que afrontar.
En dos de estas localidades: Puçol y Vilallonga, podrían llevar aparejada la pérdida incluso de la alcaldía. En la tercera, Cullera, no llega a tanto porque el PP está en la oposición; no obstante, sí que lo deja tocado de cara a presentar candidatura en un municipio clave por su nombre, censo e influencia en la elección del diputado provincial de la Ribera Baixa.
En Puçol la sombra de la moción de censura ha empezado a marcar el desarrollo de los plenos, sobre todo después de que en el celebrado esta semana la oposición mayoritaria haya tumbado los presupuestos presentados por el minoritario equipo de gobierno, que dirige la alcaldesa del PP Paz Carceller.
La máxima munícipe alcanzó el cargo con el refrendo de los seis votos de su formación, más el de Ciudadanos, Vox y el del Partido de las Urbanizaciones de Puçol (PURP). No obstante, ha visto cómo primero el edil voxista y luego el del partido que en la actualidad preside Inés Arrimadas abandonaban su equipo de gobierno. Ahora Carceller mantiene una minoría de siete ediles. En la oposición, PSPV y Compromís suman ocho. La mayoría absoluta se halla en nueve. Por tanto, les falta uno para lograrla. Con Alberto de Jesús, edil de Vox que fue delegado de Asuntos Taurino, parece del todo incompatible que lleguen a acuerdo alguno. En cambio, con Rubén Vaquero, de Ciudadanos, quizás no lo sea tanto.
Desde la estructura provincial del partido señalan que no les "consta" movimiento alguno de ese edil en este sentido; no obstante, en una formación en ebullición, donde cada vez más concejales van por libre y cuestionan a la cúpula, todo está abierto. Es más, en grupos de ediles el propio Vaquero se ha mostrado proclive a una variación de alcaldía.
Desde la dirección autonómica del PSPV, que sigue con interés la evolución de los acontecimientos, ven "complicado" que cuaje la moción; desde el PP confían en que no se lleve a cabo, ya que "no se han producido nuevos problemas que agraven la situación. Se trata más de una cuestión de fricciones que se agravan de cara a elecciones". En cualquier caso, muestran su apoyo total a la alcaldesa, de quien ya anticipan que volverá a ser candidata al cargo en 2023.
Y de la creciente población de Puçol, en l´Horta Nord, saltamos a la saforeña de Vilallonga, donde la situación se complica pese a que partía ya de un punto de inicio difícil. En esta localidad se produjo un inédito pacto entre PP, Compromís y Fer Poble (con ex socialistas) para sumar sus seis votos, alternarse en la alcaldía y, sobre todo, evitar que Enric Llorca, candidato socialista y antiguo primer edil, mandara de nuevo.
Este acuerdo con condimentos tan heterogéneos, sustentado en compartir un enemigo común, se ha mantenido durante tres años. Ha sucedido así hasta que Compromís se ha salido del gobierno local, maniobra que aprovechó el PSPV para presentar una moción de censura contra el actual alcalde del PP, Román Garrigós.
Llegaron tan lejos los cinco ediles socialistas, que proponían a Carmen Seguí como alcaldesa, que hasta se plantaron hace una semana en la puerta del Ayuntamiento con el escrito firmado, a la espera de una aparición, la de los dos ediles de Compromís, que nunca llevó a producirse. Se quedaron plantados, con el rechazo del secretario a registrar un documento que no contenía las seis firmas necesarias. La coalición compromisaria ha dejado claro que no quiere saber nada de Llorca y que cualquier pacto pasa por su marcha también de concejal. El PSPV, por su parte, refrenda a nivel comarcal la decisión adoptada por su grupo municipal. Mientras, Garrigós gobierna con un exiguo grupo de cuatro ediles sobre un pleno compuesto por nueve.
Si lo de Puçol se repite con cierta frecuencia en la vida política local y lo de Vilallonga resulta más inusual, lo ocurrido en Cullera podría alcanzar el calificativo de surrealista. O sobrerrealista, para utilizar una mejor traducción de este término que bautizó una corriente de origen francés, algo que le gustaba matizar al ya fallecido periodista y profesor de literatura Ricardo Bellvesser.
En esta turística población de la Ribera Baixa gobierna el PSPV con una holgada mayoría de 14 concejales sobre 21. Su alcalde, Jordi Mayor, no necesita pacto alguno ni dividir o debilitar a la oposición. No obstante, el todavía grupo municipal popular ha decidido, por mayoría y voluntad propia, resquebrajarse.
La situación resulta casi tan complicada de explicar como de comprender. El PP logró tres ediles en los comicios de 2019. Su grupo lo conforman Juan José Grau, Fernando Sapiña y Christian Cuenca. Los dos primeros hace tiempo que caminan por cuenta propia e incluso han abierto sede local con las siglas de su formación. Han llegado hasta el extremo de que el Comité de Derechos y Garantías de la dirección regional está evaluando su expulsión. Sin embargo, aunque el expediente se ha iniciado aún no se ha concluido.
En el último pleno local Grau y Sapiña adelantaron a los acontecimientos y aprobaron la expulsión de Cuenca -el único edil cuya pertenencia al PP no está puesta en duda- del grupo popular. Y al ser dos contra uno, la secretaría tuvo que admitirla, tramitarla y dar cuenta. Por tanto, Cuenca ha sido desplazado al grupo de no adscritos, mientras que los otros dos concejales han pasado a monopolizar el popular pese a tener un expediente de expulsión como espada de Damocles que se cierne sobre ellos.
"Si el Comité de Derechos y Garantías dictamina su expulsión por indisciplina, lo comunicaremos de inmediato al Ayuntamiento para que los dé de baja. Mientras tanto, solamente podemos esperar", apuntan desde la dirección provincial del Partido Popular.
En el trasfondo de la disputa sobrevuela el nombre de Ernesto Sanjuán, ex alcalde y ex diputado provincial (también de Turismo, como el actual primer edil cullerense). Sanjuán todavía ejerce la presidencia de un PP local dividido, que no ha celebrado, al contrario que en la mayoría de municipios, su congreso para reelección o cambio de cargos. El otrora plenipotenciario ex diputado con Alfonso Rus de presidente de la corporación provincial apoya a Cuenca.
Toda esta controversia se produce a once meses de las próximas elecciones locales en una población de la relevancia de Cullera y con la perspectiva de quién encabezará la candidatura popular en 2023. Desde la dirección provincial, que está trabajando codo a codo en este sentido con la secretaría de Organización autonómica que dirige Juan Francisco Pérez Llorca, ya anticipan que "el comité electoral local será quien tutele este proceso, y no tiene por qué estar controlado por el presidente local ni tampoco tiene por qué ser este último el candidato".
