¿Mala suerte?

Leo el titular y sé que me meto en un charco porque el asunto forma parte de los temas de odio que calientan las redes fecales, pero no puedo evitarlo: la fiscalía pide seis años de cárcel y 21 de inhabilitación para Laura Borràs por fraccionar 18 contratos para dárselos a un amigo. Laura Borràs es la presidenta del Parlament de Cataluña y hace mes y medio sucedió a Carles Puigdemont como presidenta de Junts per Catalunya. Por lo tanto, es una señora a la que mucha gente tiene ganas, gente que se alegrará de que el fiscal pida para ella seis años de cárcel por hacer lo que hacen otros muchos dirigentes políticos en España con total impunidad. Busco una explicación de por qué ella sí y otros no.

Puede que le haya tocado ser cabeza de turco en un juicio ejemplarizante para el resto de gestores públicos y que la inquina que le tienen otros poderes que no son el judicial sea mera coincidencia, como ya les ocurriera, por poner dos ejemplos cercanos, a Gabriel Echávarri y Jorge Rodríguez, condenado a inhabilitación el primero y procesado el segundo por prácticas irregulares más que habituales en la administración que se suelen despachar, cuando se descubren en los controles aleatorios de los órganos de control, con un tirón de orejas que no sirve para nada.

Hablamos de pequeñas corruptelas, no de grandes robos de los de antes; de chanchullos y enchufes de amiguetes, socialmente aceptados, que parecen peccata minuta pero que sumados en el conjunto de España deben suponer muchos millones de euros, además del perjuicio que causan a las empresas que compiten en buena lid por los contratos de las administraciones públicas.

Del caso Borràs conozco lo que cuenta la prensa a partir de los escritos de la Fiscalía y el juez instructor. Que cuando era presidenta de la Institució de les Lletres Catalanes (organismo de la Generalitat de Catalunya) entre 2013 y 2018 troceó lo que debía haber sido un contrato de 260.000 euros, para la elaboración y mantenimiento de la página web de la institución, en 18 contratos menores con el fin de adjudicarlos a un amigo, simulando que pedía ofertas a otras dos empresas que eran ofertas falsas porque en realidad las elaboraba el propio Isaías Herrero, que así se llama el amigo. Todo ello, presuntamente.

Presuntamente huele muy mal y, si se demuestra en el juicio, seis años de cárcel más 21 de inhabilitación sería una condena ejemplarizante, un aviso a navegantes. Sin embargo, no hacen mejor olor los informes de la Sindicatura de Comptes y de la Agencia Valenciana Antifraude que describen casos similares que ni siquiera llegan al juzgado o, cuando llegan, se archivan. La pregunta, por tanto, no es por qué la justicia empapela a Borràs, sino por qué a ella sí y a otros no.

Pones en el buscador de Valencia Plaza "antifraude fraccionamiento contratos" y aparecen dos páginas de noticias sobre contratos irregulares, la más reciente del pasado 16 de julio -Antifraude detecta fraccionamiento de contratos en el Ayuntamiento de València por 61.000 euros- donde resulta que, según el organismo que dirige Joan Llinares, la Concejalía de Emergencia Climática troceó un contrato en cuatro partes y pidió ofertas a dos empresas que, mira por dónde, "tenían entre ellas una clara vinculación", de manera que "no se promovió concurrencia alguna real".

Si esto no se parece a lo de Borràs, prueben con esto otro del Ayuntamiento de Cofrentes, que fraccionó el mantenimiento de las redes sociales en cuatro contratos, de los que concedió a dedo tres a una empresa y el cuarto a otra vinculada a la anterior.

Los casos sospechosos del Ayuntamiento de València puestos negro sobre blanco por la Agencia Antifraude los recopiló recientemente mi compañero Pablo Plaza en dos piezas (I y II), que quedan para la hemeroteca y poco más, porque, como se explicita en los titulares de ambas informaciones, estos tirones de oreja se los pasa Ribó por el arco del triunfo. Y la Fiscalía tampoco quiere saber nada porque todo lo que los juzgados han 'comprado' desde que Salom los inundó de denuncias se ha archivado.

Mención especial merece el caso de los contratos de mediación hipotecaria con El Rogle, lleno de infracciones "muy graves", como las calificó Antifraude. Una sucesión de favoritismos con el presupuesto cada vez más alto que terminaron, ante el peligro de acabar en el banquillo, en un concurso convocado un 31 de julio que fue todavía más irregular porque los técnicos de la mesa de contratación propusieron otorgárselo a otra empresa con mucha mejor puntuación que fue descalificada a posteriori por los políticos que gobiernan el Ayuntamiento. Y, claro, cuando pasados los años se volvió a convocar el concurso con un nuevo aumento sustancial del presupuesto, nadie quiso perder el tiempo y ya solo se presentaron los amigos de El Rogle, que ganaron con una valoración técnica de 0 puntos por parte de la mesa de contratación.

Por no aburrir, aquí van unos cuantos casos más, esta vez descubiertos por la Sindicatura de Comptes, con contratos troceados y adjudicados el mismo día a una misma empresa para hacer el mismo o parecido trabajo. Por un caso así de fraccionamiento fue condenado el exalcalde de Alicante Gabriel Echávarri.

Mientras, el expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez se sentará en el banquillo en septiembre por nombrar de forma presuntamente ilegal a siete altos cargos en una empresa pública, la tristemente famosa Divalterra. Un caso bastante insólito, no por los nombramientos irregulares en la administración, que no son tan raros, sino porque alguien sea detenido y juzgado por ello.

Con todo, la desigualdad más grande en cuanto al tratamiento de la corrupción en los juzgados, sin contar lo del emérito, continúa siendo lo de Milagrosa Martínez, la pagana de aquella fiesta. Desigual amén de incomprensible porque 'la Perla' enemigos no tenía. Será que no escogió buenos abogados. O que no tuvo suerte.