Mata lanza en 'Alquería' una crítica global: "Hay una causa general contra la política valenciana"

VALÈNCIA (R.C./EP). El exportavoz del PSPV en Les Corts Valencianes Manolo Mata ha tenido este martes su primera gran intervención desde que regresó a la abogacía después de dimitir de sus cargos. Ha sido en el juicio del conocido como caso Alquería, en el que defiende a uno de los contratados de manera presuntamente irregular en la empresa pública Divalterra –dependiente de la Diputación de Valencia–.

Mata, en un discurso que ha recordado a sus argumentaciones políticas desde la tribuna del Parlamento autonómico, ha aprovechado para hacer a través de Alquería una crítica sobre la mayoría de investigaciones de corrupción que están en marcha. "Es una pieza separada de una causa general contra la política democrática valenciana. A través de esa causa general se está consiguiendo cambiar instituciones públicas y detener a personas sin que sepamos muy bien por qué", ha afirmado.

Unas palabras que suponen un ataque directo a la manera de actuar de la Fiscalía en este y en otros procedimientos y que ahondan en el enfrentamiento que mantiene con Anticorrupción. Actitud ya demostrada en el caso Azud, donde figura como abogado del considerado cabecilla de la supuesta trama. Hoy, ha llegado a acusar al fiscal de buscar para Alquería un juzgado acorde a sus propios intereses, puesto que firmó la denuncia pero no la presentó hasta que el instructor de la causa estuvo de guardia. 

Mata ha hablado de "inquisición general" y ha cuestionado el propio origen de la causa. "No sabemos si estamos aquí por algo que descubrió la Fiscalía en el caso Taula, no sabemos ni cómo se inicia este procedimiento", ha señalado. 

En este sentido, ha llegado incluso a referirse a otra investigación, Erial, para compararla con las anteriormente mencionadas. Así, ha pedido que se destruya todo lo decomisado a los acusados "para que dentro de ocho años no aparezca un papelito de un sirio y se vaya a abrir una causa nueva". Una referencia al origen del procedimiento en el que se encuentra imputado el exministro Eduardo Zaplana y cuyo origen fue un documento que teóricamente dibujaba su presunta trama de corrupción y que fue encontrado por un sirio. 

El caso Alquería es, en su opinión, una investigación "meramente prospectiva" en la cual no se indaga en hechos concretos, sino que se produce una "constante búsqueda de supuestos delitos". Como ejemplo, ha mencionado que se solicitaron "todas las titularidades de los investigados" por si "pudiesen haber cometido otros delitos con los sueldos que percibieron de Divalterra".

Mata ha apoyado igualmente varias de las cuestiones previas planteadas por el resto de las defensas: la expulsión de las acusaciones populares, la falta de motivación del secreto del sumario, las vulneraciones cometidas con la intervención de los correos y conversaciones de los acusados o el criterio de selección de material por parte de la Policía.

El letrado ha reclamado que se absuelva los acusados después de que este lunes se anticipara la absolución de uno de ellos: "La perplejidad de las defensas es tremenda. Las acusaciones retiraron la acusación a una persona que está en las mismas condiciones que el resto que se halla en el banquillo. ¿Qué hacemos aquí entonces?", se ha preguntado, al tiempo que ha alegado vulneración del derecho de defensa y de la presunción de la inocencia. Si no ocurre, ha solicitado que la causa regrese a instrucción.

La Audiencia resolverá el lunes las peticiones 

Asimismo, la sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia resolverá el lunes las peticiones de los abogados de los acusados del caso Alquería. Así lo ha dado a conocer el tribunal que juzga desde ayer a 14 personas por el caso Alquería, relativo a contrataciones presuntamente irregulares de altos directivos en la empresa pública Divalterra -que se cerró el pasado mes de junio- para favorecer a personas afines del PSPV y Compromís.

Este lunes arrancó la vista por este procedimiento y todas las defensas pidieron la absolución de sus representados o retrotraer las actuaciones a la fase de instrucción al ver mermados sus derechos de defensa.

En caso de seguir adelante, pidieron al tribunal que los acusados -inicialmente eran 15 pero se ha decidido absolver a uno de ellos tras reclamarlo las acusaciones populares, únicas que acusaban- declarasen al final del juicio, algo a lo que el fiscal Anticorrupción se ha opuesto.

El tribunal, tras escuchar a todas las partes, ha decidido resolver el lunes las cuestiones previas y, en caso de no haber cambios, ese mismo día comenzarán a declarar los acusados en este procedimiento.

El caso y las penas

Rodríguez se enfrenta a una pena, tal y como reclama la Fiscalía Anticorrupción, de ocho años de prisión y 20 de inhabilitación. La misma petición de cárcel la extiende al que fuera su jefe de gabinete en la corporación provincial, Ricard Gallego, y para el asesor Manuel Reguart (ambos por cooperación necesaria) y para los dos exgerentes de la empresa pública Divalterra, Agustina Brines (por Compromís) y José Ramón Tiller (por el PSPV). El PP, que ejerce la acusación, reclama 18 años de cárcel para Rodríguez.

El caso Alquería se centra en las contrataciones presuntamente irregulares de altos directivos en la empresa pública Divalterra -que se cerró el pasado mes de junio- para favorecer a personas afines del PSPV y Compromís.

Rodríguez llegó a ser detenido el 27 de junio de 2018, cuando ocupaba el cargo de presidente de la Diputación, institución de la que dimitió en julio, si bien se mantuvo como alcalde de Ontinyent, cargo que revalidó en las municipales de junio de 2019 con La Vall Ens Uneix, tras dejar en abril de ese mismo año el PSPV.

A Rodríguez, Reguart, los dos exgerentes y Gallego, el fiscal Anticorrupción les atribuye los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial.

Además, el fiscal pide para las siete personas contratadas como cargos de alta dirección seis años de prisión: uno por falsedad documental y cinco más por malversación de caudales por cooperación necesaria; y otros seis para el letrado-asesor de Divalterra, Jorge Cuerda, y otro gerente, Xavier Simón, por falsedad, malversación y prevaricación. También pide el sobreseimiento de la causa para otro de los investigados.