Monferrer niega cualquier trato de favor a los promotores de las tres operaciones inmobiliarias

VALÈNCIA. (EP). El exdirector de Sociedades Participadas Inmobiliarias de Banco de Valencia (BdV) Alfonso Monferrer ha achacado este martes a la llegada de la crisis los impagos producidos en macrooperaciones inmobiliarias acometidas por la entidad, tres de las cuales llevaron al banco a tener un perjuicio económico de 160,5 millones de euros.

"Podría no haber ocurrido si no hubiera llegado la crisis", ha manifestado Monferrer durante el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional cuando ha sido preguntado por una de esas operaciones inmobiliarias que el banco acometió la pasada década en la Comunidad Valenciana.

Además ha negado cualquier "trato de favor" a los promotores de las tres macrooperaciones inmobiliarias y a los que vio "cabrearse", muestra de que "se les trataba como a cualquier otro cliente". Ante la sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el exdirectivo ha defendido la línea de crédito concedida a Nou Litoral, sociedad de gestión del suelo constituida en 2003 junto a los empresarios Salvador Vila y Juan Soler, también acusados, pues siguió la línea fijada para el resto de participadas.

"La forma de financiar a Nou Litoral era la misma, por lo que si era un trato de favor lo era para las otras catorce sociedades que controlé", ha expuesto Monferrer, para quien la Fiscalía solicita idéntica pena que para el ex consejero delegado del banco Domingo Parra, cuatro años de prisión por presunta administración desleal.

Los tres proyectos investigados en esta pieza las denominadas Nou Litoral, Valencia Viviendas y Faverche Desarrollos, las cuales, según el escrito de la Fiscalía Anticorrupción, "fueron autorizadas sin garantías suficientes que cubriesen la deuda en caso de impago, lo que se produjo como consecuencia de la crisis inmobiliaria que paralizó la actividad en el sector inmobiliario".

Fue en ese momento, añade el Ministerio Público, cuando los acusados "optaron por llevar a cabo acciones de refinanciación y novación para cubrir los impagos del principal y los intereses vencidos en perjuicio de la entidad bancaria, la cual no ejecutó los préstamos impagados".

A este respecto, y en la línea con lo declarado ayer por el ex consejero delegado Domingo Parra, Monferrer, para quien el fiscal pide cuatro años de prisión por administración desleal, ha explicado que las operaciones se propusieron como proyectos beneficiosos para el banco, por lo que no preveían los problemas que llegaron después. "Intentamos salvar los proyectos", ha argumentado.

Fue una crisis general

Así, ha señalado que, aunque todas las macrooperaciones que se observan en el juicio contaron con informes de viabilidad favorables, las circunstancias con las que se encontró Banco de Valencia fueron generales "en la banca española", ya que "fue una crisis general".

Anticorrupción acusa a los investigados de obtener con estos proyectos "un beneficio propio y para sus empresas en perjuicio de Banco de Valencia, que el 21 de noviembre de 2011 fue intervenido por el FROB debido, principalmente, a la falta de solvencia de la entidad, que por estas operaciones financieras soportó un impacto económico negativo por importe de más de 266 millones de euros y un perjuicio patrimonial por importe de 160,5 millones".

La intervención de Banco de Valencia por el FROB conllevó una inyección de capital de 4.500 millones de euros de dinero público y, posteriormente, la entidad valenciana fue adjudicada a Caixabank por un euro.

Las macrooperaciones investigadas han sentado en el banquillo de los acusados, además de a Parra y Monferrer, a los empresarios Salvador Vila, Juan Bautista Soler --también expresidente del Valencia C.F.-- y Fernando Polanco; el notario Carlos Pascual de Miguel; y Teresa Villalba, esposa de Polanco

El FROB calcula que Nou Litoral provocó a la entidad un quebranto de 83,2 millones de euros; Valenciana de Viviendas, de 47,4 millones; y Faverch, de 29,8 millones. El fondo de rescate indicaba en su querella que se trató de "operaciones de financiación verdaderamente ruinosas para la entidad, con la intención de obtener un lucro para los diversos 'socios' del banco y generando un perjuicio evidente para Banco de Valencia".