Parque público de vivienda. GVAVALÈNCIA. La okupación sigue siendo uno de los grandes problemas que arrastra el parque público de viviendas que gestiona la Generalitat Valenciana. Desde la Conselleria de Vivienda se han hecho muchos esfuerzos por evitar esta situación a través de diferentes medidas de disuasión e incluso con la regulación de aquellos casos de familias vulnerables. Pero los recursos son insuficientes y la pandemia ha agudizado una problemática que va al alza y cuya resolución se antoja complicada.
Así, mientras al inicio de la legislatura se contabilizaban cerca de 1.300 viviendas con inquilinos de forma irregular de las 15.000 que conforman el parque público, ahora son unas 1.600, es decir, casi el 11% del total, según los datos de la Entidad Valenciana de Suelo y Vivienda (EVha), encargada de su gestión. Solo en 2021 se detectaron 142 nuevas ocupaciones ilegales, un 25,65% menos que en 2020, lo que llevó a iniciar los correspondientes expedientes administrativos para su desalojo, siempre con el conocimiento y la participación de los servicios sociales del municipio, según consta en la memoria de gestión de la entidad del pasado ejercicio.
La gran dificultad que se encuentra la Administración en la mayoría de los casos es la situación de exclusión social y emergencia de muchas familias, con menores a su cargo, y a los que no puede dejar abandonados. En esas circunstancias, se activó un programa de legalización de ocupantes sin título para la adjudicación excepcional de los inmuebles analizando caso por caso. Eso sí, en base a una serie de criterios objetivos como acreditar la situación de vulnerabilidad y tiempo de ocupación; si son familias numerosas; hijos menores, o víctimas de violencia de género.
Y, según detallan fuentes de la empresa pública, dependiente de la Conselleria de Vivienda, cerca de 1.200 inmuebles okupados cumplen con esos requisitos y son susceptibles de ser regularizados, mientras que los 400 restantes deberán ser desalojados. De hecho, en 2021 se adjudicaron 137 viviendas regularizadas: 1 en Castellón, 37 en Valencia y 99 en Alicante. Además, desde 2015 se ha regularizado la situación de 364 familias, expone la EVha en su informe.
No obstante, esta problemática está afectando también a las arcas públicas. Según consta en el informe de auditoría de la entidad, a cierre de diciembre de 2021 la Generalitat contaba con viviendas en trámite de desalojo por valor de 11,1 millones de euros. Una situación que, sin embargo, no se refleja en las cuentas de la EVha y que ha llevado a los auditores a reprender a la entidad por no haber deteriorado el valor de esos activos "ante la falta de una expectativa clara del momento en que van a recuperarse y volver a generar flujos de efectivo futuros".
También reprochan que no haya "una estimación de las reparaciones necesarias para poner de nuevo las viviendas en condiciones de uso". "El reconocimiento del correspondiente deterioro supondría la minoración del activo del balance y de los resultados del ejercicio por el importe que se estimara no recuperable", remarcan los auditores en su informe.
"La ocupación ilegal es uno de los graves problemas del parque público y, por ello, se ha continuado con la política iniciada en 2015 de no tolerar nuevas ocupaciones ilegales en viviendas sociales ya que vulneran los derechos de las personas que están registradas en la lista de demandantes de viviendas", admiten desde la entidad en su informe de gestión. Por tanto para detectar estas situaciones se realizan inspecciones anuales, que también sirven para comprobar su uso como vivienda habitual.
En este sentido, el pasado año se aumentó un 33% más el número de comprobaciones gracias a la puesta en marcha, del nuevo Servicio de Mediación y Administración en comunidades vecinales. Una unidad que, además, se encarga de hacer dinámicas de participación y concienciación con los vecinos para ayudar a las familias y mejorar la convivencia. Así, se inspeccionaron 10.206 unidades de las 15.000 del parque público valenciano, de las que 3.851 fueron registros en la provincia de Valencia; 5.711 en Alicante y 644 en Castellón.
Además, para prevenir e intentar minimizar este tipo de ocupaciones ilegales, el pasado ejercicio se intensificó la colaboración con los servicios sociales municipales para "buscar la mejor alternativa habitacional para el caso de personas o familias en riesgo extremo de exclusión social, poniendo en marcha el mecanismo de adjudicación de vivienda por vía de urgencia", señalan desde la empresa pública.
Sin embargo, en muchas ocasiones hay que recurrir a medidas disuasorias para intentar evitar el problema. Hasta ahora, se instalaban puertas blindadas, pero la medida ha resultado ser "ineficaz", reconocen, por lo que se decidió recurrir a alarma con conexión con la central de la Policía. En octubre 2021, se suscribió el contrato para la instalación de 250 sistemas de seguridad durante cuatro años en inmuebles del parque público. A finales de ese año se había instalado 52 alarmas.
Además, el pasado año se repararon 69 viviendas pendientes de regularizar: 22 en Alicante; 7 en Castellón y 40 en Valencia. No obstante, de 2019 a 2021 ya se han adecuado un total de 990 unidades del parque público, 783 vacías para nuevo arrendamiento y 207 pendientes para legalizar. En la anterior legislatura, es decir, de 2015 a 2019, se repararon 850, de las que 823 estaban vacías y 27 para legalizar, destacan desde la entidad.
