ALICANTE. Los reveses judiciales sobre el suelo en el que se asienta el complejo cinematográfico de Ciudad de la Luz, en Alicante, parece no tener fin. De acuerdo con la cuenta general de la Sociedad para la Transformación Digital (la sucesora de la STPCV), de 2023 la Generalitat Valenciana podría tener que hacer frente a otro pago de 9,3 millones de euros (más los intereses) ante la posibilidad de no poder retornar dos parcelas que expropió para construir los platós de cine allá por 1997. Una sentencia del TSJ de septiembre de 2020 obligó en su día a la administración autonómica a pagar 20 millones de euros a un grupo de propietarios y a devolver algunas parcelas.
Según recoge la memoria anual de SPTD, una de las empresas expropiadas exige el pago de 9,3 millones (más los intereses de demora), ya que una sentencia considera que la Generalitat no puede devolver las parcelas A3A y A3B en su estado original, como ha establecido el juzgado de primera instancia número 5 de Alicante, en un fallo de noviembre de 2023.
Ahora bien, la decisión no es definitiva. La Generalitat discrepa de esa decisión y ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Alicante. Además de defender que sí puede devolver esas parcelas al estado original, la administración autonómica considera que debe ser la sala de lo contencioso-administrativo del TSJ quien fije la indemnización en caso de que se ratificara la imposibilidad de no poder devolver las dos parcelas en su estado original. Además, la Generalitat considera que ese condicionante de ejecución por parte de la expropiada ya estaría prescrito. Y sobre todo, a juicio de la SPTD, debe ser el TSJ, y no un juzgado de instrucción, quién fije las condiciones de la indemnización, en caso de haberla.
Y es que hay que recordar que fue el TSJ quien declaró nulo el plan especial de reserva de suelo aprobado por la Generalitat en la Sierra de Colmenares, que es donde se ubica el complejo. Y ese fallo, como publicara Alicante Plaza, vino a decir que había que indemnizar por las expropiaciones de suelo y en caso de que ese terreno no se hubiera modificado, devolver a su propietario. Y lo que hay es una discrepancia sobre dos parcelas, que un juzgado de Alicante ha declarado que no se pueden devolver en su estado original y que, en ese caso, se debe indeminizar. La expropiada exige 9,3 millones de euros.
Por el momento, no ha trascendido quienes son los demandantes y, por tanto, propietarios de ese suelo por el que se reclama una indemnización de 9,3 millones. En su día sí que se supo que entre los propietarios estaba la urbanizadora Santo Domingo (de los hermanos Fernández Gómez), a la que la Generalitat debe pagar 15 millones y restituir varias parcelas, algunas de ellas, calificadas como hoteleras. Así, se le devolverá la parcela BZ4-1, de 153.330 m2, valorada en 7,7 millones, cantidad que la empresa debería devolver a la administración; finca BZ4-8. Se trata de una parcela de 37.826 m2, de la cual 36.274 m2 destinados a uso hotelero, de la que debería devolver 1,8 millones de euros… De esta manera, la sociedad debería devolver a la administración un total de 9.672.656 €.
A su vez, la Generalitat debe indemnizar a la urbanizadora por otra serie de suelos que no son restituibles, como la parcela A-4, de 871.465 m2, valorada en 24 millones de euros, y otras dos más pequeñas, valoradas en casi 500.000 euros. De esta manera, el total de los pagos, derivados de la no restitución, que por este concepto debe hacer administración es el de 24.956.247 euros. Compensando unas cantidades con otras, el resultado final de pagos que la administración deuda a la sociedad es el de 15.283.591 euros, según detalla el fallo. Hay que recordar que Urbanizadora Santo Domingo llegó a estar participada por la antigua CAM, a través de Tenedora de Propiedades e Inversiones (TI), con un 20%.
Los otros dos propietarios que con más cantidad deben ser indemnizados son las familias Sansano Iborra por las fincas A-7; A-7b y c; A-21, que deben percibir la suma de 2.178.197 €. 13. Y la familia Chorro Juan, que debe recibir 1,6 millones por la parcela A-20.
