VALÈNCIA. El empresario Jaime Febrer es, para los investigadores, la clave de bóveda de la supuesta trama urbanística con cobro de mordidas de la segunda fase del caso Azud. El constructor habría creado una red de sobornos a políticos de diversos ayuntamientos de la Comunitat Valenciana, incluyendo el de la capital, como pago por adjudicaciones públicas. Cantidades que, supuestamente, blanqueaba su ingeniero fiscal, también detenido y en prisión preventiva desde el pasado sábado junto a él.
La causa, que dirige el juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil, cuenta con numerosa documentación. Mucha encontrada no sólo en los registros que se llevan a cabo durante estas jornadas, sino en la primera parte de la operación que estalló en abril de 2019.
Ya en ese momento las indagaciones llevaron a Febrer y a su socio Juan Vicente Hermosilla Tro, ambos responsables de la mercantil Construcciones Valencia Constitución (CVC), extinguida en 2013 tras un año en concurso de acreedores. Una firma que participó en importantes operaciones urbanísticas en València y en otros municipios, también de Alicante.
Lo que ha resultado especialmente relevante para los investigadores ha sido una suerte de los 'papeles de Bárcenas'. Entre ellos, la agenda del empresario, en la que anotaba con detalles sus citas, encuentros y contactos con políticos del PP y del PSPV. Nombres y fechas figuraban en sus páginas. También movimientos de dinero, supuestamente dirigidos a esos sobornos a cargos públicos a cambio de que le beneficiaran en adjudicaciones, contratos o con la intención de comprar silencios.
Una documentación en la cual se dibujaría esa presunta trama urbanística y que ha servido para apuntalar las tesis de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el funcionamiento de la estructura montada. Ésta, además, incluiría la salida de dinero al extranjero. De hecho, los investigadores le descubrieron al empresario una cuenta en Luxemburgo, de modo que parte de las indagaciones van dirigidas a averiguar el recorrido del dinero fuera de España.
Las sospechas apuntan a que no se trataría del único destino de esas cantidades, de modo que ya se han tramitado diferentes comisiones rogatorias para comprobar dónde se pudo esconder. Uno de los motivos, precisamente, de que el juzgado decretara la prisión provisional para cinco de los 14 detenidos: Rubio, Grau y tres empresarios. Otro argumento que justificó el ingreso en la cárcel fue la destrucción de pruebas o el riesgo de fuga.
En esta causa, abierta en 2017 y que se encuentra bajo secreto de sumario, se investiga el posible cobro de comisiones ilegales relacionadas con operaciones urbanísticas y adjudicaciones de contratos en el Ayuntamiento de Valencia, otros consistorios de la Comunitat Valenciana y diversas entidades públicas locales y estatales. El grueso de las pesquisas se centra en el periodo comprendido entre los años 2004 y 2011.
Las diligencias judiciales suman ya cerca de medio centenar de investigados por delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y asociación ilícita. La jueza también les considera organización criminal.