BRUSELAS. El Parlamento Europeo ha cerrado hoy la petición de un ciudadano contra la ampliación del puerto de València, tras escuchar a todas las partes y con el informe de la Comisión Europea que ha remitido a los tribunales españoles en caso de que se conculque alguna normativa medioambiental. La obligación de una nueva declaración de impacto ambiental sobre un proyecto modificado, que podría afectar a la Albufera y su parque natural, ha centrado una discusión jurídica en el seno de la Comisión de Peticiones.
La petición se ha cerrado con los votos del PP europeo y del S&D, el grupo socialdemócrata, que tienen mayoría, en contra de Los Verdes y otros grupos de la izquierda europea. Durante la sesión, han intervenido el peticionario, Javier Silveira: el presidente del Puerto de València, Aurelio Martínez, y la Consellera de Transición Ecológica y Emergencia Climática, Mireia Mollà. Entre otros eurodiputados, que han participado en el debate, destaca la eurodiputada socialista valenciana Inmaculada Rodríguez-Piñero, que ha defendido el proyecto de la Autoridad Portuaria y de cuyo Consejo de Administración forma parte.
Esta petición, presentada el pasado mes de agosto de 2020 por Javier Silveira, afirmaba que existen graves deficiencias medioambientales en el proyecto de ampliación norte del puerto. La Autoridad Portuaria de València ha modificado el proyecto original, que contaba con una declaración de impacto ambiental, formulada en el año 2007. En consecuencia, “el nuevo proyecto, que ahora se pretende desarrollar, requiere de una nueva evaluación ambiental, además de la necesidad de someter el mismo al preceptivo trámite de información pública para conocimiento y alegaciones de los interesados”, explicaba. Su petición iba dirigida a la Comisión Europea como garante de la aplicación del derecho europeo. Silveira, respaldado por otros ciudadanos, ha adelantado a Valencia Plaza que presentarán una nueva petición cuando se licite el proyecto.
Bajo el lema Somos el puerto de Madrid, el presidente de la Autoridad Portuaria ha defendido vía online que la ampliación del puerto de València “no incurre en ninguna infracción de la Ley de Evaluación Ambiental”, y que el nuevo proyecto está de acuerdo con el “marco legislativo nacional y europeo en materia medioambiental”. Por su parte, la consellera Mollà ha exigido que se cumpla con la Directiva europea que requiere de una evaluación de impacto ambiental para cada nuevo proyecto, considerando que el actual es diferente al originario de 2007 y caducado desde 2019.
El primer interviniente a través de la web del Parlamento fue el firmante de la petición, Javier Silveira, quien destacó la proximidad del puerto al lago de la Albufera, un humedal protegido por la Red Natura 2000 de la Unión Europea (UE), lindante a una playa “en claro retroceso”. Insistió en que el proyecto está parado nueve años al no haberse desarrollado la terminal norte del puerto y que, cuando se reinició, "se supo por el concurso público que es un proyecto distinto a la alternativa evaluada tanto en su construcción como en el diseño final, que contempla la destrucción total del contradique norte, pagado en su momento con fondos europeos”.
En su exposición, destacó que el proyecto parece que está pendiente de un nuevo informe medioambiental, pero cuya decisión no está sustentada por el Consejo de Administración. Además, presentó la incongruencia de que el Gobierno español haya designado a la APV como nuevo órgano de control del proyecto, también en su evaluación medioambiental, "convirtiéndola en juez y parte, ya que es quien lo realiza”. Silveira manifestó, por último, que está “apoyado por el Alcalde de Valencia, la consellera Mireia Mollà, asociaciones vecinales y ecologistas”, al destacar que “el proyecto va en contra del espíritu de la norma europea”.
Por su parte, el Presidente del Puerto, Aurelio Martínez, defendió el proyecto como estratégico y señaló la situación geoestratégica de València como “el puerto de Madrid”, como una importante terminal de contenedores, básica para la importación y la exportación. Comenzó analizado la evolución del proyecto desde que se inició en 2006 y las implicaciones que la modificación de éste – siempre en aguas interiores del puerto - pudo tener en materia medioambiental. “Los técnicos de la Autoridad Portuaria han estudiado si la modificación del proyecto original, planteada para adaptarse a los cambios ocurridos en el sector marítimo, podría suponer alguna infracción en los apartados del artículo 7 de la Ley de Evaluación Ambiental (LEA) que requiriese nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA), llegando a la conclusión de que la DIA de 2007 se encuentra vigente y no es necesaria una nueva evaluación, tal y como ratificó posteriormente Puertos del Estado”, explicó el presidente de Valenciaport.
Martínez expuso que el plan estratégico se diseñó en dos fases y la DIA se hizo en 2007. Este proyecto, explicó "se ha hecho para evitar el impacto en la costa sur y minimizarlo”. Hay que recordar que el dique construido hace 50 años ha impactado en el anillo dunar de las playas paralelas a la Albufera, perdiendo extensión hacia la línea de costa de forma considerable. “La crisis, que afectó sobre todo a España, obligó a retrasar el concurso definitivo y se encargo a una empresa holandesa cuando se recuperó la economía. Pero, con los diques de 2008, ya estaba terminada la ampliación y ahora sólo se habla de aguas abrigadas”, explicó el presidente del Puerto. Puertos del Estado dijo que la ampliación era razonable y que cumplía la normativa, porque no hay incremento de emisiones en la atmósfera, toda la terminal estará electrificada y no hay generación de residuos”, añadió. E insistió en que “no afecta a espacios protegidos de la Red Natura 2000. Y, ahora, al ampliar hacia la zona norte, nos alejamos medio kilómetro de la Albufera”. Además, recordó el informe de la Comisión presentado en mayo, “que ya dijo que no había indicios de impacto ambiental y que se fuera a la vía jurídica”.
A continuación habló la Consellera de Emergencia Climática, Mireia Mollà, que quiso defender ante el Parlamento “los intereses medioambientales frente a la amenaza que plantea la ampliación y denunciar públicamente que la Autoridad Portuaria pretende hacer un proyecto modificado sustancialmente”. La consellera defiende que el informe del Estado decía que “la modificación implica una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Pero en marzo de 2021 resolvió otorgar al promotor -el Puerto- la condición de órgano sustantivo y responsable de DIA, pasando a ser juez y parte de su propio proyecto”.
Mollà denunció que este proyecto tendrá unas “repercusiones que se niega a evaluar”, mientras que la directiva de hábitats europea establece su obligatoriedad para disipar “cualquier duda científica sobre sus impactos”. La consellera recuerda que es lo mismo que solicitó con el proyecto de 2007, “porque no se tuvo en cuenta la zona marina ni el impacto sobre las payas del sur. Y ahora hay obras que no fueron consideradas en aquel momento, por lo que existe un riesgo de mayor afección a la Albufera de València”. Y añadió que parece que lo que se quiere es “evitar una declaración de impacto ambiental a toda costa y ésa es la razón por la que estamos hoy aquí”, afirmó al defender el impacto ambiental que supondría este proyecto para “el lago de agua dulce más grande de España y uno de los humedales más importantes de Europa”.
La más esperada fue la respuesta de la Comisión Europea que, en boca de su técnico Daniel Fernández Gómez, de la DG ENVI, expresó que “no había indicios que permitieran una infracción a la legislación en relación a este proyecto". Y añadió que “la Comisión carece de base jurídica en este momento de la tramitación” sobre si se requiere “nueva Declaración de Impacto Ambiental”. La Comisión ha tenido en cuenta las informaciones adicionales y, “sin embargo, sigue sin apreciar ningún elemento que permita modificar su posición inicial, manifestó señalando que es la autoridad competente la que debe determinar la necesidad de una DIA.
En este sentido, destacó que “el proyecto constructivo no ha sido presentado ni autorizado, por lo que no existen indicios de infracción sobre la Directiva de impacto ambiental”. En última instancia, refirió que la Comisión señala las prioridades de control de aplicación del derecho de la UE, cuando de forma sistemática se impida su correcta aplicación por un Estado miembro. Pero “en casos individuales, como esta petición, deberían ser tratados a través de las vías de recursos de los Estados, puesto que es lo más satisfactorio si se ven conculcados los derechos”, remitiendo así a un órgano administrativo o judicial. Finalizando en que “carece de base jurídica para poder intervenir en este asunto”.
El eurodiputado del PP, Pablo Arias, defendió la ampliación del Puerto de València ante la Comisión de Peticiones que preside la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat. Arias recordó que la Unión Europea tiene unos estándares medioambientales que están “entre los más elevados del mundo y calificó de “grave” que se quiera utilizar la normativa europea para perjudicar proyectos como el del Puerto de Valencia por cuestiones ideológicas. El eurodiputado también ha expresado su “perplejidad” ante la postura manifestada durante la sesión por la Generalitat Valenciana, ya que su consellera en esta materia, Mireia Mollà del partido Compromís, se ha sumado a las críticas al proyecto de ampliación de este puerto pese a que comparte gobierno en la Generalitat con el partido socialista, “unas discrepancias que demuestran la debilidad de este gobierno”.
También ha puesto de manifiesto estas discrepancias tras la intervención de la eurodiputada socialista en la sesión, Inmaculada Rodríguez-Piñero, defendiendo la ampliación. Por último, Arias ha recordado que “tenemos puertos al Sur del Mediterráneo como el Tanger Med que están mermando la competitividad de nuestros puertos como consecuencia de este tipo de actuaciones”.
Precisamente fue la diputada por Valencia, Rodríguez-Piñero, quien ha defendido un “puerto más competitivo y sostenible como motor de crecimiento para València, la Comunitat Valenciana y España, que pretende adaptarse a los nuevos retos y es compatible con los nuevos fondos europeos, el pacto verde y todas la normativa europea”. La eurodiputada destacó que las inversión ya realizada ha contado con 74 millones de euros europeos y ningún euro se da sin que cumpla con la norma europea. De hecho, las obras van orientadas a terminar en 2030 con las emisiones de efecto invernadero y con la generación de residuos, además de ayudar a revertir las afecciones a la playa sur de València que se produjeron cuando se construyó el dique Este en 1974”. Y añadió que coincidía con el diputado del PP, al manifestar que “no hay indicios de incumplimiento de las Directivas”, como señala el informe de la Comisión, que “es contundente”. Por lo que pidió expresamente “que se cierre esta petición”.
La eurodiputada Margrete Auken, del Partido Socialista Popular danés, fue la más contundente contra el proyecto y expresó su contrariedad cuando la presidenta de la Comisión de Peticiones dio por cerrada la petición al finalizar la sesión. “Me sorprende mucho que no haya evaluación ambiental cuando este puerto es cuatro veces mayor que el que se aprobó en 2007 y el informe de impacto ambiental debe ser respetado”. La eurodiputada explicó que seguía el tema desde el 2008, cuando les aseguraron que cumplía la norma y ahora, dijo, “me choca la respuesta de la Comisión respecto a la DIA. Da la impresión de que están haciendo juegos malabares”. En concreto se refería a la falta de asunción de responsabilidad para establecer si había base jurídica o no. “Que me diga la Comisión si de verdad cree que son las autoridades nacionales las que deciden sobre la aplicación de la Directiva europea”, comentó.
Por Izquierda Unida, Manu Pineda también expresó su oposición ante un proyecto que “pretende doblar el tráfico de mercancías chocando con la adaptación de las normas al cambio climático. Es una obra innecesaria y peligrosa, y puede poner en peligro el ecosistema marino y las playas del sur”, manifestó. Pineda explicó que la ampliación del puerto “pretende llevarse a cabo con un DIA de 2007 y con una ley de 1986, aplicados a un proyecto que perdió su vigencia al no ejecutarse a tiempo”, añadiendo que “la Directiva 2014 sobre la evaluación medioambiental de proyectos púbicos requiere una actualización de la DIA. Además, la obra triplica la cantidad de camiones y el acceso al puerto, pero no hay ningún estudio sobre la repercusión económica ni sobre los puestos de trabajo”. Además, finalizó, “todo ello, precisa de una gran inversión publica para el interés de una naviera privada, MSC”.
En la misma línea, el eurodiputado de Los Verdes Ernest Urtasun apeló a la protección de la biodiversidad y al cambio climático. “No podemos mirar hacia otro lado con grandes proyectos de infraestructuras. Hay una DIA de 15 años en base a un proyecto mucho menor que el actual y que puede afectar a un espacio protegido como es la Albufera. La Comisión debe seguir vigilando este proyecto”.
Otro eurodiputado, Mario Furore, del Movimiento 5 Estrellas, manifestó que “la Comisión elude su responsabilidad medioambiental e invita a ir a los tribunales españoles”. Mientras que Rosa D’Amato, de Los Verdes, insistía en que el proyecto no era conforme al derecho europeo y ponía de manifiesto que ”no queda clara la imparcialidad de la autoridad portuaria, que es la promotora del proyecto, y hay un conflicto de intereses” si también debe evaluar el impacto ambiental.
En este sentido, con el último turno de palabra, Silveira recordó que la diputada socialista por València “es miembro del Consejo de Administración de la UPV y que el puerto no es competente para decir si se exige o no una nueva DIA, porque no es un órgano de evaluación medioambiental.
Pese a que la mayoría de los eurodiputados presentes en la Comisión de Peticiones se manifestó a favor de mantener abierta la petición ciudadana, no sumaban los escaños del Parlamento necesarios para tener la mayoría. Por ello, la presidenta de la Comisión, Dolors Montserrat optó por archivar la petición, entendiendo que los diputados del Partido Popular y del Partido Socialista suman más que el resto de diputados, pero sin someter la decisión a votación.
El peticionario informa que el cierre de la petición por parte de la comisión de Peticiones no presupone una posición por parte de la Comisión Europea, que dijo no poder manifestarse hasta que la APV no presente y licite el proyecto. Y advierte, además, que en cuanto la APV presente su proyecto constructivo, probablemente, vuelvan a presentar una nueva petición ciudadana para que el Europarlamento vigile el cumplimiento de la legislación medioambiental europea en la ampliación del Puerto de València.
